El momento actual aparecerá marcado en la historia como una lección inolvidable. Supone el súbito renacer de una versión del poder en estado puro, sin las metáforas que lo habían adornado y oscurecido, incrustadas en nuestras mentes como esencia de la cultura política
El momento actual aparecerá marcado en la historia como una lección inolvidable. Supone el súbito renacer de una versión del poder en estado puro, sin las metáforas que lo habían adornado y oscurecido, incrustadas en nuestras mentes como esencia de la cultura política
La multilateralidad, el Estado de Bienestar, la democracia basada en el imperio de la ley o la propia existencia de la Unión Europea eran concebidas como el resultado de un nivel civilizatorio sin retorno y no de un equilibrio transitorios de fuerzas sociales y de poderes hegemónicos globales. Como si las clases subalternas del Occidente, incluidos las élites y grupos empresariales de Europa, hubieran asumido una ficción de estabilidad global y permanente, basada en unos principios que solo eran la consecuencia de unos equilibrios nacidos hace 80 años y que ahora desaparecen.
Y de ahí surge la pregunta clave: si se cree posible que se restaurará el mundo de antaño, si solo vivimos un episodio pasajero o es el comienzo de un periodo brutal, con idas y venidas, que necesita tocar fondo, en el que los intereses se presentan directamente sin ocultarse en ningún “relato” más o menos sofisticado.
Contestarla significa identificar cual ha sido y es el papel del Estado como centro principal del poder. De un lado, repasar los rasgos claves de su papel durante el neoliberalismo. De otro, atreverse a imaginarle un papel indisolublemente conectado con los bienes públicos y dibuje una salida de progreso que oriente a las nuevas generaciones.
A. LA BATALLA POR LOS RECURSOS DEL ESTADO Y LOS BIENES PUBLICOS
Conviene repasar tres datos claves de la disputa del Estado en el contexto neoliberal
1. El neoliberalismo ha aumentado el tamaño del Estado.
El neoliberalismo no pretendía disminuir el tamaño del Estado, pretendía cambiar su función distributiva. En la trilogía del Consenso de Washington solo figuraba desregular, liberalizar, privatizar. La consecuencia de un Estado Mínimo parecía implícita, pero era falsa.
Su papel salvador en las múltiples crisis financieras habidas, singularmente la del 2008, su actuación como proveedor de último recurso en la Covid19, su rol creciente en los desastres ecológicos, su poder movilizador de recursos para la industria de armamento, la batalla del espacio y el desarrollo tecnológico… muestra que su importancia no ha sido nunca discutida. O se ha mantenido a pesar de las retóricas en sentido contrario.
El gráfico siguiente perteneciente a un estudio de FUNCAS[1] muestra cómo el tamaño del gasto püblico en los países de la OCDE se ha mantenido o incrementado desde 1985, precisamente las décadas de predominio neoliberal, situándose hoy en el 42% sobre PIB.
Utilizando medias móviles quinquenales nos revela también otro dato clave del gasto público neoliberal: su papel estabilizador anticíclico, que ha seguido desempeñando a la perfección mientras desmontaba los elementos sociales del Estado de Bienestar. A su manera, el neoliberalismo ha sido keynesiano en eso.
El neoliberalismo ha tenido éxitos en sus fines, concentrando riqueza, poder y oportunidades en manos de unos pocos. La precarización del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y la vida, la mercantilización de los servicios públicos y la creciente desigualdad han sido los pilares centrales de un sistema en el que la acaparación de rentas ha corrido en paralelo a la concentración de poder en unos pocos oligarcas globales.
Y el Estado ha sido un instrumento eficaz para conseguirlo. Ha sabido dar la vuelta a las políticas redistributivas, compensando la desfiscalización de empresas y rentas altas con endeudamiento siempre que se necesitara, priorizando luego el servicio de la deuda sobre el gasto social.
El tamaño de gasto público no era el principal parámetro de progreso como, a menudo, ha pensado la izquierda sino su destino, que dependía en ultima instancia de quién y cómo se gestionaba. El objetivo neoliberal ha sido arrebatarle funciones y recursos, aprovecharse de ellos para apalancar, sin riesgos, la gestión privada, potenciar el tamaño de las grandes corporaciones y ayudar a ganar competitividad.
2. New Public Management o cómo neutralizar y privatizar las estructuras y funciones de interés general
La importancia del Estado ha ido creciendo en la medida en que se ha ido consolidando el actual capitalismo corporativo, con una dimensión extractiva creciente. Y es que el excedente de los grandes oligopolios de la energía, la banca, las farmacéuticas, la sanidad o las constructoras no depende ya de la plusvalía arrancada a sus trabajadores sino de la apropiación de recursos públicos o de las rentas extraídas a clientes y usuarios con la aquiescencia de las instituciones del Estado que previamente han cooptado y puesto a su servicio.
En ese contexto, la eficacia ideológica y política del neoliberalismo se ha demostrado en la capacidad de neutralizar las funciones de interés general del conjunto de las instituciones públicas y apropiarse de sus recursos, no de limitarlos. No solo del Estado Nación sino también de los entes supranacionales como la UE. Y las infranacionales como las CCAA, que, por su cercanía, son los principales gestores de bienes públicos.
William Davies define el neoliberalismo[2] como un proyecto flexible que no ha dudado en utilizar al Estado como instrumento esencial para reestructurar la sociedad e impulsar y proteger la competencia global bajo una ética de auditoría de mercado. No busca la desaparición del Estado sino introducir el New Public Management, que pretende neutralizar su potencia democratizadora y la autonomía política de las instituciones públicas, es decir la soberanía democrática.
Identificaron pronto que no siempre era necesario cambiar la propiedad, era suficiente con controlar la gestión. Su creciente complejidad ha servido para justificar una nueva orientación y destino de los recursos públicos, una batalla ideológica y sutil en el que los argumentos tecnocráticos y privatizadores calaron pronto en la socialdemocracia y han tardado en ser visibles y encontrar resistencias en los sectores populares más activos. La colaboración publico-privada ha sido la metáfora que ha sancionado la sumisión de los principios públicos.
La pugna por amortizar la capacidad democratizadora del Estado se ha basado en tres pilares determinantes que Mariana Mazzucato[3] ha estudiado en profundidad.
* De un lado, la privatización de la gestión de parcelas esenciales de servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, vivienda) algo visible e identificado en todo el mundo como asociado a eficiencia y buen hacer.
* De otro, algo más escondido, la externalización del conocimiento estratégico en beneficio de las grandes consultorías que vacía las instituciones publicas de las grandes decisiones, infantiliza a los gobiernos, atrofia la capacidad pública y socava la rendición de cuentas. Una lógica que disciplina a los Estados y asegura que las grandes decisiones que definen la autonomía política se someten a la lógica del mercado.
* El tercer pilar consistía en diluir o hacer desaparecer la figura del “servidor publico”, esa capa superior de ciudadanos preparados para la gestión del Estado con una idea no partidista pero sí política de defensa del interés general como única referencia de servicio. Gestores de lo público que asuman riesgos y se muestran proactivos y eficaces a favor de la transformación y mejora de los bienes comunes y que no se limiten a administrar lo que hay. La seducción y cooptación de las elites funcionariales (técnicos, juristas, hacienda, sanidad, industria, urbanismo) para ponerlas al servicio de intereses privados ha sido fundamental para debilitar el Estado democrático.
Esa pugna por los bienes públicos ha ido adoptando tácticas distintas por momentos y sectores y solo, a posteriori, estamos conociendo sus efectos: neutralización del discurso democrático presentado como doctrinario en la enseñanza básica, crecientes cuotas de poder en universidades privadas con un discurso ideológico agresivo contra lo público y lo común ya asentado en las nuevas generaciones; defensa retórica de la sanidad publica mientras se privatiza la gestión de hospitales y se externalizan servicios esenciales; incapacidad funcionarial para asumir directamente grandes campañas de distribución y control de recursos como los derivados del Covid 19 o Next Generation, derivados siempre a las mismas consultoras que asesoraban a los beneficiarios.
Esta batalla silente ha pasado desapercibida desde la izquierda. En España, solo las luchas por la sanidad pública han generado un movimiento consciente sobre la importancia de mantener la gestión desde la lógica democrática del interés general frente a la lógica del interés privado
3. La pervivencia de los bienes públicos cuando las tecnológicas pasan a ser una “razón de Estado”
El apoyo esencial de las tecnológicas al nuevo poder “sin metáforas” representado por Donald Trump nace del convencimiento que su negocio solo podía prosperar si conseguían imbuir en la sociedad norteamericana que sus intereses debían considerarse una “razón de Estado”, un término que pretende poner fin a cualquier intento de regular o limitar su actividad. Y así ha sido reconocido.
A partir de 2015 empiezan a ser conscientes que solo pegados a un poder fuerte podrán competir con la amenaza tecnológica de China y evitar las consecuencias del impulso regulador de la UE y de los contrapoderes democráticos internos en defensa de los derechos ciudadanos.
El cambio está conectado con la interiorización de la esencia de su negocio que, cada vez más, vincula sus lógicas innovadoras a un doble negocio extractivo de dimensión global: de la “minería de datos” en su dimensión cognitiva, base del Big Data, y de la minería de las “tierras raras” como soporte físico de los bancos de datos, imprescindible ambos para la IA.
Esa alianza entre tecnológicas y “poder duro” de EEUU afecta de lleno a la soberanía de los otros estados que mengua hasta convertir sus economías en periféricas. Europa, que siempre fue un actor central, pasa a ser dependiente y periférico en soluciones tecnológicas. El empeño de EEUU para limitar su soberanía estratégica y la de otros aliados en tecnología, defensa y energía se explica en ese contexto.
De forma que la batalla por los recursos del Estado, que en las décadas neoliberales se limitó a una pugna interna de fuerzas nacionales, empieza a ser otra muy distinta en la medida que se intensifica la influencia de las tecnológicas sobre la gestión pública de cualquier otro estado. Su capacidad para deslocalizar parcelas de poder interno se empieza a reconocer como un riesgo añadido para su autonomía política.
Las tecnológicas son ya, pero lo serán más en el futuro, los proveedores de servicios que achicarán las prestaciones públicas gestionadas directamente por fuerzas sociales nacionales. Basta repasar los campos en los que la prestación eficiente de servicios estará asociada a la IA, para darse cuenta del reto pendiente que asocia soberanía política y autonomía tecnológica: administración, (estadísticas, gestión de datos y procesos, asignación de recursos) provisión de servicios básicos (seguridad, sanidad, educación, dependencia) o gestión de infraestructuras (defensa, energía, transporte, telecomunicaciones, logística).
La “gestión autónoma” de servicios públicos que impulsa la IA, cuya antesala fue la “digitalización”, es la metáfora por la que se cuela la nueva ola de mercantilización y privatización que ya está aquí.
B. ¿HACIA UN ESTADO DE LOS CIUDADANOS?
Dibujada la disputa de los recursos del Estado como la batalla esencial conviene descender a sus consecuencias políticas.
1. El Estado de Bienestar no volverá nunca
Si nos liberamos de cualquier “falsa conciencia” y nos atenemos a los hechos de las últimas décadas es fácil deducir que la existencia del Estado de Bienestar fue solo la consecuencia transitoria de un equilibrio externo (el contrapoder de la URSS) e interno de fuerzas que han desaparecido por factores objetivos de naturaleza económica y política, vinculados a cambios en el modo de producción capitalista y al vaciamiento fiscal realizado por el poder neoliberal.
El sustento interno del Estado de Bienestar estaba basado en dos factores que no volverán. De un lado, la fortaleza de los sindicatos, representantes de una clase obrera homogénea y compacta, que limitaba, en el origen, la distribución desigual del excedente. De otra, la capacidad del Estado para implantar una fiscalidad progresiva de la que no escapaba nadie.
Esa realidad ya no existe. De la homogeneidad se ha pasado a una multifragmentación del trabajo (procesos, horarios, contratos, microtareas, trabajo en casa) que ha traído consigo la economía digital y debilitado a los sindicatos. Por otro lado, la globalización ha traído consigo la desfiscalización de las rentas altas y la minoración de los tipos efectivos a las grandes corporaciones y, como consecuencia, ha reducido la capacidad redistributiva del Estado.
De un lado, tenemos un modo de producción que genera una desigualdad primaria creciente en los centros de trabajo, potenciada por la desposesión de rentas que impone la oligopolización del poder y la captura de las instituciones a todos los niveles. De otra, mengua la capacidad redistributiva del Estado porque la progresividad fiscal solo es aplicable a los colectivos de rentas altas fiscalizables procedentes del trabajo, nunca a las elites económicas con múltiples formas de escapar del control fiscal.
Y aún hay más razones para su imposible retorno.
En los años 50 el gasto social del Estado de Bienestar era funcional al capitalismo para recuperar las tasas de ganancia y hoy es concebido como algo disfuncional, una “grasa” de la que hay que desprenderse para dedicarla a otros fines que hagan más eficiente la “musculatura productiva” y aumentar los beneficios.
En ello, tiene mucho que ver la “crisis demográfica” y explica el empeño de las derechas económicas en vincular pensiones con una “batalla intergeneracional.”
Efectivamente, con EEUU y Europa recién salidas de la II Guerra Mundial y en pleno baby boom, delegar en el Estado tareas como las pensiones de los supervivientes de la contienda y la salud y educación de los niños y jóvenes era una inversión rentable para el futuro.
Ahora, ocurre lo contrario. La mejora de la tasa de ganancia requiere aprovecharse al máximo de los dos factores demográficos que caracterizan este momento: de un lado, de la llegada de inmigrantes suficientemente formados en origen para resolver las demandas del mercado de trabajo a los que conviene poner trabas para su regularización para alimentar un ejercito de reserva precarizado. Las empresas se privan de gastar en formación y reclaman trabajadores “just in time”, con un perfil adecuado a sus demandas.
De otro, es necesario desprenderse del sobrecoste que supone las pensiones crecientes de una población envejecida, un “gasto social” innecesario para el sistema productivo. La “justicia social” no entra en la ecuación mientras la rentabilidad de su privatización se convierte en la expresión máxima de la “grasa superflua del Estado”, junto a los sobrecostes de la transición medioambiental que prefieren negar.
2. La defensa (o el retorno) del Estado de Bienestar no es ni puede ser el objetivo para las nuevas generaciones
De lo expuesto, se deduce una conclusión fundamental que afecta a la lógica política. El Estado de Bienestar no solo fue el fruto de un equilibrio de fuerzas, sino que alimentó unos consensos entre capital y trabajo que los desequilibrios de poder actuales hacen imposibles.
Si entendemos que el Estado y sus recursos ha sido el territorio en disputa y lo seguirá siendo aún más en la sociedad tecnológica, podemos concluir que no habrá una idea compartida entre grandes corporaciones y ciudadanos de a pié sobre qué tipo de estado necesitamos.
No habrá en el horizonte inmediato un cambio que permita consensos universales. La “polarización” inducida desde la crispación de la ultraderecha plantea un horizonte de ganadores y perdedores que refleja los desequilibrios de poder que ha traído consigo la desigualdad social.
Si la realidad nos enseña que el Estado de Bienestar es cosa del pasado, habría que preguntarse que sentido tiene referirse a él como algo que hay que defender o anhelarlo como objetivo.
Si se trata de dibujar horizontes para las nuevas generaciones no parece que su retorno, convertido en una especie de Estación Termini que ha colmado las aspiraciones de las generaciones del baby boom, sea hoy un horizonte entendible que concentre sus esperanzas de futuro. Ni mucho menos. Basta con buscar en el diccionario los sinónimos de bienestar, como confort, holgura, abundancia, placer o felicidad. Y rumiarlo con la mirada de los más jóvenes.
Su realidad les dice que el Estado de Bienestar fue la batalla de sus abuelos, pero que no es más que una ficción, una causa perdida, una imagen idealizada y mitificada del pasado que no volverá como tampoco lo hará el Imperio Español o las Cruzadas. La izquierda y la derecha buscan en el pasado el futuro que no ofrecen.
Es fácil deducir que presentárselo como permanente meta, les llene de desconcierto pues hace tiempo que lo sienten como un mito irreal, una ensoñación idealista de “un paraíso perdido” como lo son los equilibrios que llevaron al consenso social y a los pactos de Estado cuando solo perciben crispación y polarización en todo el mundo.
Lo peor es que del desconcierto se pasa fácilmente al rechazo, cuando la defensa de ese pasado mitificado que no volverá se acompaña de una mística forzada que lo convierte en un ideal. Pues mientras la realidad se muestra testaruda, es lógico que las alusiones permanentes a las bondades del Estado de Bienestar se interpreten como un artificio vacío, algo que suena a fraude o engaño que no tiene nada que ver con sus vidas y su futuro, un cuadro falso que repudian.
El alejamiento de la idea de progreso es la consecuencia del desencanto y la falta de horizontes políticos.
3 Del “Estado del Bienestar” al “Estado de los Ciudadanos”
El momento exige alejarse de todo idealismo, superar la “falsa conciencia” y centrarse en la dura realidad y explicarla. Significa reconocer y denunciar que la pugna por el Estado ha sido y es la principal tensión del momento porque, en esta fase del capitalismo, los poderosos necesitan todos los instrumentos a su alcance para fagocitar los bienes públicos para sus negocios privados.
Para que esa esperanza empiece a latir pronto hace falta dibujar un contorno del horizonte apetecido y ponerle nombre. Las luchas por los bienes públicos no deben hacerse en la “defensa del Estado de Bienestar” sino de la construcción de un proyecto de futuro.
La paradoja del momento se sustenta en el hecho de que cualquier reequilibrio que favorezca a las fuerzas democráticas pasa por hacer valer la consigna de “ley y el orden”, que siempre fue la pantalla conservadora para reprimir el “desorden” de las fuerzas populares. Y que, ahora, empieza a simbolizar justo lo contrario, la esperanza de un horizonte de igualdad y progreso, frente al caos provocado por las élites. Ley y orden como símbolo del camino democrático que hay que profundizar para liberarse de los condicionantes que lo vinculan a intereses corporativos amparado en el control del Estado adobado de ardides jurídicos e ideológicos.
Significa recuperar la dimensión impugnatoria de la democracia, justo cuando parece evidente que no les es ya funcional a las élites. Que denuncie y combata sus restricciones que la han descafeinado y alejado de los intereses de las diversas capas populares.
Esa democracia recuperada y ampliada, que es la que merece ser defendida, necesita una idea del Estado que despeje incógnitas no que alimente ficciones. No es la ensoñación de un nuevo consenso sobre el papel del estado lo que puede movilizar sino la reclamación de la defensa del interés general como principio público básico y la exigencia de un estado y unos funcionarios y una política al servicio de los ciudadanos.
No se me ocurre mejor nombre que el de Estado de los Ciudadanos, siguiendo la lógica republicana de Platón, Aristóteles y Rousseau o de Hannah Arendt que le asigna la tarea de facilitador (o represor) del “derecho a tener derechos”, imprescindible en un contexto de gran dinamismo demográfico y tecnológico. Su tarea sería reconectar los derechos de ciudadanía y el poder político, todos los poderes políticos, y confrontarlo con el Estado Corporativo sometido a los intereses que legitiman las lógicas de desposesión.
Un estado que se aproveche de la experiencia del Estado de Bienestar pero que se centre en estar atento al futuro de las generaciones que ya están aquí, buena parte inmigrante, que reclama derechos civiles y sociales desde su desembarco en tierras democráticas y un horizonte claro de ciudadanía. Un estado que otorgue personalidad jurídica sujeta a derechos a los ecosistemas que equilibran el planeta, como ha hecho España con el Mar Menor. Un estado que defiende el derecho a una pensión digna por encima de cualquier sesgo mercantil. Un estado que se centre en todos los derechos que hacen realidad la democracia para las nuevas generaciones, desde la vivienda a atajar la pobreza infantil o reclamar una rentas o herencias básicas que hagan realidad la libertad de elegir. Y que se centre en gravar a las grandes fortunas, símbolo del capitalismo por desposesión, como forma de financiarlo. Y que sea coherente en el cumplimiento de las obligaciones.
El Estado de los Ciudadanos podría ser esa figura que,
al defender lo común, hace viable la libertad individual y anticipa un
horizonte en el que el socialismo es la consecuencia.
Notas:
[1] https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/08/PEE164art12.pdf
[2] William Davies. The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition (2014)
[3] https://www.marcialpons.es/libros/el-gran-engano/9788430626403/
Ignacio Muro Benayas. Economista, experto en transición digital. Es Director de la Fundación Espacio Público y Vicepresidente del colectivo Economistas Frente a la Crisis.