Mientras en la década de los setenta el 90 % de la renta petrolera se socializaba, dos tercios de esta terminan ahora en los bolsillos de los accionistas.
Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.
Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.
Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.
Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.
Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.
Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.
A partir de los años ochenta las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX, pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.
En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.
La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.
Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.
El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.
Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.
Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.
Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.
Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.
En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.
Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.
El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.
Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).
Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.
Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.
¿Qué hacer?
En 2022 la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.
No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.
Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.
De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.
El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.
Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.
Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.
Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.
Este artículo se publicó originalmente en francés en el boletín del autor en Substack.
Gabriel Zucman es profesor asistente en Economía en la Universidad de Berkeley y autor del reciente libro La riqueza oculta de las naciones – Investigación de los paraísos fiscales http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/