Hay que privatizar las cajas de ahorros, que concentran el 51% del ahorro de los españoles. El Gobierno ha abierto el camino a esa posibilidad con la aprobación del real decreto 11 de 2010. Pero la norma resulta, al parecer, poco coercitiva, y ya se ha puesto en marcha una campaña implacable de presión para […]
Hay que privatizar las cajas de ahorros, que concentran el 51% del ahorro de los españoles. El Gobierno ha abierto el camino a esa posibilidad con la aprobación del real decreto 11 de 2010. Pero la norma resulta, al parecer, poco coercitiva, y ya se ha puesto en marcha una campaña implacable de presión para que la privatización se lleve efectivamente a cabo, sin dilaciones. Los tiburones sin fronteras hacen fila para comprar a precio de saldo. ¿Quiénes están en esa campaña? Merril Lynch, uno de los máximos culpables de la actual crisis financiera con su liderazgo en créditos basura, que tuvo que ser adquirido por el Bank of America y recibir cuantiosas ayudas públicas para salvarse de la quiebra. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ese supervisor supuestamente celoso del sistema financiero español, que aún está en mora de explicar por qué permitió los excesos que hoy tienen en aprietos no sólo a las cajas, sino a los bancos. La legión de analistas que en las últimas semanas cacarean sin descanso la consigna de que los mercados «no entienden» la naturaleza de las cajas. El propio Zapatero, que parece dispuesto a imponer otro decreto ley para precipitar lo que eufemísticamente llaman «la reestructuración del sector».
La operación ha pasado, una vez más, por presentar lo público como sinónimo de ineficacia y corrupción, como si lo ocurrido en la actual crisis internacional demostrara que el sector privado es paradigma de rigor y honestidad. Joan Majó, ministro de Industria en la época de Felipe González, intervino de manera directa o indirecta (desde la Comisión Europea) en importantes procesos de privatización. En un artículo en El País en marzo de 2010, lamentaba que se hubiera privatizado Argentaria. Alegaba que la presencia de un banco público en el sector financiero constituía una herramienta eficaz para ejercer la vigilancia del propio sistema y recalcaba lo útil que habría sido un banco público en la presente crisis.
Quizá las cajas, o parte de ellas, hubiesen servido de base para la reconstrucción de una banca pública, con mejores mecanismos de control de los que hasta ahora se han ejercido sobre esas entidades. Pero esa opción ni siquiera se ha discutido públicamente, como sería exigible en una democracia pretendidamente madura. Ya: los mercados no entenderían ese debate.