Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez.
Las chispas que asedian el país amenazan con incendiar el Estado de Derecho y Democrático. Desde que los sectores más extremistas del grupo de la oposición no asumieron la derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2014, la vida política nacional vive, de la mano de un enorme aparato mediático, en un estado de golpe permanente.
Alimentan esa situación excepcional las sucesivas y selectivas filtraciones de la Operación Lava Jato (1), que, dirigidas en contra del gobierno y del Partido de los Trabajadores (PT) y procurando implicar al ex presidente Lula, desprecian las normas del Estado de Derecho y a la Constitución.
La historia de una nación, marcada por su formación, su evolución política, económica, social y cultural, en ocasiones, como consecuencia de determinadas circunstancias estructurales, se manifiesta de formas muy parecidas: mediante el surgimiento de personalidades y líderes que actúan de forma semejante. En este momento, son muchos los personajes del escenario político actual en los que se pueden encontrar perfiles semejantes a los de aquellos que surgieron en las crisis políticas de 1954 y 1964 (2). Ahora bien, cada uno se manifiesta en función de la singularidad de cada período; no obstante, lo insólito de un momento como el actual es que hemos llegado a un estado de golpe de Estado permanente, que es el hecho que caracteriza a esta fase de la historia republicana de Brasil.
Es en este contexto de anormalidad cuando, desde el interior mismo del poder legislativo, irrumpió un nuevo acontecimiento: el presidente de la Cámara de los Diputados, el diputado Eduardo Cunha, instigado por la acusación de un delator de la Operación Lava Jato y por otras denuncias que existen abiertas contra él, proclamó, -de forma violentamente intempestiva y colérica-, que «había roto políticamente» con el gobierno, que ahora él es «oposición» y que va «a reventar al gobierno». Añadiendo además, que la Operación Lava Jato «es un montaje del gobierno» en contra suya, lo que parece ser una justificación desesperada de una decisión ya tomada de antemano, al menos en la medida en que el sentido político que está tomando esa operación está demostrando ser el contrario, lo que hace que esta afirmación esté fuera de lugar. Ante estas declaraciones, el PMDB (3) se apresuró a manifestar que semejantes afirmaciones expresaban exclusivamente la opinión de Eduardo Cunha, nunca del partido, cuyas decisiones corresponden a instancias nacionales.
Este hecho, que surge en un escenario político inestable y excepcional, puede, en el conjunto de la estrategia golpista desarrollada por sectores del grupo opositor -integrado por aquellos que amenazan con llevar al país a la ruina, truncando el destino democrático de este gran país-, provocar una grave crisis institucional, que en estos momentos es el principal peligro que amenaza políticamente a las instituciones.
Movidos por sus intereses de clase, los sectores dominantes y poderosos y la élite conservadora e intolerante, aprovechando el momento de crisis y de transición que atraviesa Brasil y el mundo, no se privan de avanzar en sus propósitos, aunque sea violando la Constitución y haciendo retroceder al país hasta convertirlo en un ‘república bananera’** sin futuro.
Así, aprovechando la confusión creada por la crisis institucional, las voces más reaccionarias de la política pregonan salidas al margen de la legalidad constitucional, lamentando la falta de un salvador de la situación, de una comisión suprapartidaria o, incluso, de una solución fascistoide, del tipo intervención militar. Esa última lamentación, realizada por un líder político, es un llamamiento a la reflexión que nos debería ofrecer una perspectiva más amplia de la amenaza que acecha el futuro de nuestro país.
Así pues, es en este contexto, en el que se vuelve necesario y urgente que los partidos y las voces más comprometidas con el destino soberano, democrático y de progreso social de Brasil, insistan en la defensa del Estado Democrático de Derecho, en la preservación del orden constitucional y en el retorno a la normalidad política.
En consecuencia, es de esperar que esos mismos sectores salgan en defensa del mandato constitucional de la recién elegida presidenta de la República, Dilma Rousseff (4). Siendo precisamente eso lo que acaban de hacer los gobernadores del Noroeste, quienes en el transcurso de su 4º Foro subscribieron la Carta do Piauí (5), en la que defienden que la crisis política en el Congreso no puede interferir en la constitucionalidad del mandato de la presidenta, rechazando su interrupción.
En este contexto, la respuesta tiene que ser el respeto al orden constitucional, en cuyo marco es en el cual los líderes políticos y los representantes de las instituciones del Estado deben cumplir su función, dentro de los límites impuestos por la Constitución. En este sentido, es extraño el procedimiento del procurador de la República en el Distrito Federal, Valtan Furtado, quien se apropió de un caso delicado para abrir un procedimiento judicial contra el ex presidente Lula que, evidenciando un claro interés político, está teniendo una fuerte repercusión nacional e internacional.
Hemos insistido en el hecho de que la presidenta Dilma está iniciando su mandato y merece un poco de crédito, incluso de quienes justifican los acontecimientos actuales como una consecuencia de los errores de la presidenta. Su gobierno tiene que tener la oportunidad de desarrollarse.
Por otra parte, no se puede olvidar que la trayectoria política de la presidenta está marcada por la integridad y el coraje, lo que la hace ser consciente y estar comprometida con el desarrollo de un nuevo ciclo de transición marcado por el crecimiento, la soberanía, la democracia y los avances sociales. De hecho, a pesar de los obstáculos y límites del período actual, persiste en la articulación de un plan de gobierno de acción integral.
Además, no se pueden subestimar importantes iniciativas de su gobierno, destinadas a grandes programas de inversiones ya anunciados, ni sus recientes contactos con líderes de las principales potencias mundiales que dieron lugar a importantes acuerdos, principalmente en el ámbito del BRICS, que tienen el propósito de abrir una nueva etapa de desarrollo para el país en la perspectiva de un nuevo orden mundial.
*Renato Rabelo fue presidente del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) entre 2001 y 2015.
** El autor emplea el término ‘republiqueta’, pero, aunque se podría traducir por ‘republiquita’, prefiero el término ‘república bananera’ que en nuestra tradición cultural está asociado a la idea que quiere transmitir el autor.
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(1) N. del T.: La operación Lava Jato, por el nombre de una red de estaciones de servicios y lavado de autos, es una investigación judicial en curso que puso al descubierto una red de lavado de dinero que pudo haber blanqueado más de 10 mil millones de reales (casi 2.900 millones de euros) desde el año 1997. Pasado más de un año de pesquisas (la operación empezó el 17 de Marzo de 2014), la operación puso al descubierto el pago de comisiones a políticos de diferentes partidos, entre ellos el PT, el PSDB, el PMDB -el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño- y el PP -el conservador Partido Progresista y principal implicado en la trama-, y el concurso de diferentes empresas estatales, entre ellas la petroquímica Petrobras, y privadas, como la constructora OAS.
(2) N. del T.: Los acontecimientos de 1954 y 1964 a los que se refiere el autor son la grave crisis política que atravesaba Brasil en 1954 y que llevo al suicidio del presidente democráticamente elegido en ese momento, Gétulio Vargas (quien en una primera etapa de su carrera política, entre 1937 y 1945, presidiera el dictatorial Estado Novo), y el golpe de Estado que, entre los días 31 de marzo y 1 de abril de 1964, depuso al presidente João Goulart para frenar una supuesta deriva de Brasil hacia el comunismo.
(3) N. del T.: El centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el diputado Eduardo Cunha, es, en la actualidad, la segunda fuerza política con representación parlamentaria en la Cámara de los Diputados, donde cuenta con 79 escaños (15,3%), y la primera en el Senado, donde ocupa 19 escaños (24,6%). Manteniendo la presidencia de ambas cámaras y la vicepresidencia de la República, por lo que es el principal aliado del gobierno de Dilma Roussef.
(4) N. del T.: Dilma Rousseff fue elegida presidenta de Brasil, para un segundo mandato, el 26 de Octubre de 2014. La fecha de inicio de este segundo mandato tuvo lugar el 1 de Enero de 2015.
(5) N. del T.: También conocido como Carta de Teresina, por el nombre de la localidad en que se firmó el día 17 de Julio de 2015, se puede consultar en este sitio: http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/id/20784 .
El original se encuentra en: http://www.vermelho.org.br/noticia/267706-1 (20 de Julio de 2015).