Ajuste, privatizaciones, reducción de los derechos de los trabajadores, corrupción institucionalizada, aumento de la desocupación, pérdida de soberanía, persecución judicial a los opositores políticos y represión a la protesta social, son algunos de los elementos que componen el primer año de gobierno del golpista Michel Temer.
El 12 de mayo de 2016, el Senado de Brasil decidió apartar a Dilma Rousseff de la presidencia y llevar adelante el proceso de impeachment (juicio político). Ese día comenzó a materializarse el Golpe de Estado.
La Cámara de Diputados, presidida en ese momento por Eduardo Cunha (quien en la actualidad se encuentra preso por corrupción y con seis causas en proceso), había hecho su parte en abril. Rousseff debió esperar hasta el 31 de agosto para que terminara de concretarse la crónica de un golpe anunciado.
Michel Temer, vicepresidente y líder del complot contra Rousseff, asumió el gobierno de facto y dio un giro de 180 a todas las políticas llevadas adelante por el Partido de los Trabajadores (PT). Contra el programa de gobierno votado por 54 millones de brasileños, el golpista Temer comenzó la implementación de una serie de políticas neoliberales, que han destruido muchas de las conquistas alcanzadas por el pueblo de Brasil durante los gobierno de Luiz Inacio «Lula» Da Silva y Dilma Rousseff.
El ajuste llevado adelante por el gobierno de Temer implica, entre otras medidas, el congelamiento del gasto público en salud y educación y el recorte en planes sociales, como el programa Bolsa Familia (similar a la Asignación Universal por Hijo, de Argentina), del cual fueron eliminados más de 1millón de beneficiarios.
En la misma línea, el gobierno de facto intenta aplicar una reforma del sistema de pensiones, elevando la edad jubilatoria a 65 años y la cantidad de años de trabajado para jubilarse a 40.
El proyecto de flexibilización laboral impulsado por el gobierno plantea la posibilidad de extender la jornada laboral a doce horas diarias, realizar contrataciones de forma discontinua, permite mantener trabajando en lugares insalubres a mujeres embarazadas, reducir el tiempo de almuerzo a treinta minutos y realizar recortes en los salarios.
Todas estas medidas se dan el marco de un crecimiento de la desocupación, que ha llegado al 13,7%.
Temer también anunció un programa de privatización, que desarrollará en sectores de energía y de infraestructura en puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras, lo que sin dudas representa una enorme pérdida del patrimonio de los brasileros.
La corrupción, el racismo y la misoginia también han sido algunas de las características de un gobierno en el que todos sus ministros son hombres blancos y ricos, ocho de los cuales están acusados de estar involucrados en el escándalo de sobornos, en torno de la empresa Odebrecht.
La persecución judicial a los opositores políticos ha quedado patente con el acoso constante a Lula Da Silva. El líder del PT encabeza las encuestas para las presidenciales de2018. Ese parece ser el principal motivo por el cual el juez Sergio Moro, un magistrado que responde directamente a las estructuras del poder económico concentrado y a los medios hegemónicos de comunicación, liderados por la Red Globo, busca que Lula termine encarcelado o, por lo menos, proscripto.
Inevitablemente, la represión social suele acompañar la implementación de este tipo de modelos, y el caso de Brasil no es la excepción. Todas esas medidas impulsaron a que los trabajadores realizaran un paro general el 28 de abril. La respuesta del gobierno golpista fue la esperada. La represión más fuerte se dio en Rio de Janeiro, donde la Policía disparó a mansalva para despejar la manifestación, persiguiendo a los trabajadores por las calles de la ciudad y golpeando a todos los que se cruzaran en su camino, incluso personas mayores y discapacitados.
La pérdida de soberanía quedó evidenciada por el alineamiento total a los intereses de Washington. En ese marco, se pude señalar el intento de destrucción de los bloques de integración regional (MERCOSUR, UNASUR, CELAC); el respaldo abierto a la violenta oposición venezolana; el anuncio de que el Ejército brasilero y el de Estados Unidos realizarán ejercicios conjuntos en la zona de la Amazonía; y el permiso que se dio a aviones de guerra británicos, que iban o regresaban de Malvinas, para utilizar aeropuertos brasileros (lo que se encuentra en marcada contraposición con los acuerdos firmados en diversos espacios de integración regional, que han declarado que la soberanía argentina en Malvinas es un reclamo de toda la región).
A solo un año del Golpe parlamentario contra Rousseff, Brasil maca un enorme retroceso en todos los planos. Cada día que el golpe continúa el retroceso se profundiza y aun, como señaló la legítima presidenta de Brasil, existe el peligro de que ocurra un golpe dentro del golpe y ello empeore aún más la situación.
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