Si eres una de las 70.000 personas cuya edad se encuentra entre los 30 y los 45 años, has agotado tu prestación de desempleo, tus ingresos no superan el 75% del salario mínimo interprofesional y no tienes cargas familiares vete encomendando a quien puedas, porque ni siquiera tendrás derecho a la ayuda de 426 euros […]
Si eres una de las 70.000 personas cuya edad se encuentra entre los 30 y los 45 años, has agotado tu prestación de desempleo, tus ingresos no superan el 75% del salario mínimo interprofesional y no tienes cargas familiares vete encomendando a quien puedas, porque ni siquiera tendrás derecho a la ayuda de 426 euros que acaba de prorrogar el gobierno por otros seis meses.
En efecto, en absoluta consonancia con su retórica fervientemente socialista y defensora a ultranza de los derechos sociales y de la clase trabajadora, el ministro de Trabajo ha anunciado, sin que nadie sepa por qué, que esas 70.000 personas, simplemente por el hecho de tener entre 30 y 45 años, no tendrán derecho a la misérrima ayuda de 436 euros mensuales durante 6 meses.
La cuestión tiene sus bemoles. ¿Podría el ministro explicar qué diferencia la situación de una persona en la que confluyen todos esos requisitos pero que sólo tiene 28 años de una que tenga 32 o de una que tenga 43 años con respecto a una con 47? ¿Qué razón objetiva puede justificar una medida así? ¿Qué maravillosa capacidad se le reconoce a los hombres y mujeres de ese abanico de edad, de los 30 a los 45 años, para que se les excluya de esa ayuda? ¿Tal vez la de haber aprendido a vivir del aire? ¿O es que se supone que sus padres aún deben seguir vivos y, por tanto, pueden volver al hogar para pasar a vivir de las pensiones, por otro lado tan generosas, con las que malviven sus progenitores? ¿Es que porque no tienen cargas familiares por lo que ya no necesitan alimentarse, vestirse, pagar el alquiler o tomarse una cerveza?
Quieras que no, aunque sólo fuera para aparentar que vivimos en una sociedad democrática y las decisiones del gobierno obedecen a alguna causa razonable que, a su vez, debiera ser justificada ante la ciudadanía, el ministro tendría que dar alguna explicación de por qué se ha excluido de la ayuda a esa cohorte etaria. Es lo menos que se puede despachar en una democracia. Tenía que haberse sentado ante los medios de comunicación y explicarles que no se les va a conceder la ayuda a esas personas porque no le da la gana a él; o porque tiene pruebas de que todas esas personas trabajan en el mercado negro y no necesitan la ayuda; o porque sabe de buena tinta que se la van a gastar en vino o en ansiolíticos… Por lo que sea, pero que lo explique y justifique.
Porque, en caso contrario, bien podría parecer que o se ha adoptado por mero capricho o, lo que podría ser aún peor para la imagen de este gobierno «socialista», que la decisión se toma para ahorrarse los 100 millones de euros que la misma le supondría a las arcas públicas.
Espero que ninguno de vosotros esté pensando tan mal de un gobierno que no cesa de repetir su compromiso con las políticas sociales. Alguna razón profunda tiene que haber para que este gobierno deje desamparado a un colectivo tan vulnerable como es, precisamente, el de personas que no se encuentran trabajando y han agotado su prestación por desempleo, candidatos perfectos a una situación de excluidos sociales en donde es fácil entrar pero de donde resulta muy complicado salir. Sería excesivamente cruel pensar que se pone en riesgo de exclusión social a 70.000 personas simplemente por ahorrarse 100 millones de euros en estos seis meses, ¿verdad?
Máxime sabiendo que, por ejemplo, el rescate de Caja Castilla La Mancha le está costando a las arcas públicas más de 2.000 millones de euros, es decir, el equivalente a prorrogarles la ayuda a estas personas durante 10 años o, lo que es lo mismo, a duplicarles el importe reduciendo la duración de la prestación a 5 años (eso siempre que ninguno llegue a incorporarse al mercado de trabajo, claro está).
Sí, dejad de pensar mal y no tengáis en cuenta las declaraciones del Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, cuando hace unos días afirmaba que el objetivo de reducir el déficit público al 6% en 2011 es «incondicional» y «no depende de la evolución del cuadro macroeconómico» (por cierto, este pasado fin de semana Sarkozy ha hecho unas declaraciones idénticas a las de Campa así que, una de dos, o Campa se ha vuelto conservador o Sarkozy se ha hecho «rojillo», pero ambas cosas a la vez no pueden ser). Eso significa que nuestro gobierno está decidido a rebajar el déficit cueste lo que cueste y si ello implica sacrificar a 70.000 desempleados sin prestación a los que se les niega esta mísera ayuda bien empleado estará (disculpad el macabro juego de palabras).
Cuesta seguir con la ironía ante esta muestra de violencia social instrumentada desde el gobierno.
No es ya que un ministro diga una cosa y salga otro al día siguiente y diga la contraria; no es ya que se llamen socialistas y practiquen las mismas políticas con los conservadores; no es que dancen al compás del capricho de los mercados financieros olvidando cuál es la fuente de legitimidad de su poder. No, no es sólo eso; que también. Es la violencia que implica dejar desatendido a quien carece de cualquier atención sabiendo que, en su gran mayoría, acabarán integrando la masa de excluidos sociales de este país. Es la insensibilidad social ante los más desfavorecidos, la prepotencia chulesca ante la parte de la ciudadanía más débil y frente a la que se adoptan medidas que les perjudican más que gravemente sin explicarlas siquiera mientras que se deshacen en explicaciones, excusas y evasivas para evitar un aumento de los impuestos a las personas con más renta de este país y ahí sí que con la mera alusión a la justicia social sobrarían ya todas las explicaciones.
Pero es que, además, con esta medida este gobierno está olvidando dos cosas esenciales.
La primera es que el déficit público no debe ser nunca un objetivo de política económica en sí mismo, sino que es el resultado contable de la utilización de las dos vertientes de la política fiscal: los gastos y los ingresos públicos. Por lo tanto, dejar de gastar 100 millones de euros en una ayuda social que no da siquiera para sobrevivir dignamente a un ciudadano porque hay que recortar el déficit público es olvidar que detrás de esos 100 millones de euros hay 70.000 personas que carecen de cualquier otra fuente de ingresos propia. Ellos y la mejora de su situación deben ser el objetivo a tener en cuenta y no sólo el déficit público.
Y la segunda es que el Estado de bienestar surgió para superar las situaciones de caridad y para convertir la solidaridad en el fundamento que permitiera dar cuerpo a un conjunto creciente de derechos sociales. Sin embargo, con esta medida fuerzan a miles de personas a depender de sus familias cuando debieran estar sosteniéndolas y, en el peor de los casos, a retornar a la caridad y a la humillación de suplicar por la subsistencia.
Si el Estado de bienestar trataba de desmercantilizar la supervivencia del ser humano dotándolo de bienes sociales básicos y de una red de protección contra los riesgos sociales, con esta decisión se obliga a estas personas a lanzarse desesperadas a aceptar cualquier trabajo, ya sea formal o informal, para poder percibir algún ingreso; las arroja a la ley de la selva que, en nuestras sociedades, es la ley del mercado para que en él busquen cómo hacer frente al desamparo en el que los ha abandonado el Estado.
Bonita tarea para un ministerio que se dice de Trabajo de un gobierno que se dice socialista.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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