El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la ONG Tierra de Derechos enviaron una denuncia sobre el caso de violaciones de derechos humanos ocurridas, el último día 08 de marzo, durante el desalojo de un campamento del MST en la Hacienda Faquinha, ubicada en el municipio […]
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la ONG Tierra de Derechos enviaron una denuncia sobre el caso de violaciones de derechos humanos ocurridas, el último día 08 de marzo, durante el desalojo de un campamento del MST en la Hacienda Faquinha, ubicada en el municipio de Cabrobó, semiárido del Estado de Pernambuco.
El documento denuncia los abusos practicados por la Policía Militar (PM) de Pernambuco, responsable de la acción, y por un médico de la región que atentó física y psicológicamente contra un acampado herido en el desalojo. Florisvaldo de Araújo Neves, miembro del MST, además de ser golpeado por la PM y ser enviado, en estado grave al hospital de Cabrobó, alegó haber sido agredido durante la atención de salud por el médico Manoel Nilson Pires de Carvalho, que se identificó como propietario de la hacienda ocupada.
La PM es acusada de golpear, humillar y detener arbitrariamente a decenas de trabajadores sin tierra que acampaban en la Hacienda Faquinha. Mujeres, niños y ancianos fueron víctimas de torturas físicas y morales aplicadas por los policías. Durante la acción, las 200 personas del campamento fueron enviadas a la Delegación del municipio y expuestas a situaciones vejatorias.
Varios policías militares involucrados en la acción tienen antecedentes de abusos de poder. Según el informe enviado a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por entidades de Derechos Humanos, el teniente Hans Willians y el soldado Jaelson fueron identificados como autores de las ejecuciones de dos indígenas en julio de 2005. El capitán Bione, señalado como uno de los comandantes de la acción, fue denunciado por el SEMPRI (Servicio Ecuménico de Militancia en las Prisiones) y por el Juzgado Especial de la Secretaría Ejecutiva de Resocialización por cometer violencia contra detenidos de la penitenciaria Prof. Barreto Campelo, en Recife. Para que el caso tuviese menores proporciones, el capitán fue transferido desde la capital hacia Cabrobó.
El documento además relata que los policías militares continúan amenazando a los sin tierra de la región, principalmente en el sentido de inhibir las denuncias de violencia y abuso de autoridad cometidas por parte de los policías que participaron del desalojo.
La denuncia fue enviada al Juzgado Especial Agrario Nacional, al Ministerio de Desarrollo Agrario, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Especial de Derechos Humanos, a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, a la Promotora de Defensa de la Función Social de la Tierra, a la Procuraduría General de Justicia de Pernambuco, a la Secretaria Estatal de Justicia y Derechos Humanos, a la Comisión de Defensa y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Pernambuco, a la Comisión de Derechos Humanos de la OAB/PE y al Concejo Regional de Medicina de Pernambuco.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]