La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un informe la «disolución» del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la «declaración de su ilegalidad» no tiene consistencia jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es […]
La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un informe la «disolución» del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la «declaración de su ilegalidad» no tiene consistencia jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es política y no judicial.
Según el jurista Dalmo Dallari, profesor de derecho de la Universidad de São Paulo (USP), «es sorprendente que el Consejo Superior del MP haya aprobado una propuesta de esas. El aspecto jurídico fue completamente olvidado», señala. . En el documento del MPE, el funcionario Gilberto Thums afirma: «Voto también en el sentido de que se tomen las siguientes medidas admisibles: 1 – Con vista a la suspensión de las marchas, columnas u otros desplazamientos masivos de los sin-tierra….».
Derecho constitucional
Para Dalmo Dallari, la afirmación de Thums no tiene sustento jurídico, «porque los integrantes del MST tienen el derecho de locomoción garantizado por la Constitución». Según él, el Movimiento es «la agrupación de personas en el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación de opinión».
El informe del Ministerio Público sirvió de base para ocho acciones judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas, autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos.
Romper la espina
Uno de los párrafos del informe que más llama la atención es el que afirma: «Cabe al MP-RS actuar ahora: romper la espina dorsal del MST. EL momento es histórico en el país y se constituye en el mayor desafío presentado a la institución en el periodo post 1988: la defensa de la democracia».
Para el profesor de derecho de la USP, tales palabras demuestran el tenor de un manifiesto político, no de un documento jurídico. «Esa terminología de ‘romper la espina’ no tiene nada de jurídico, es lamentable. Esas palabras representan la negación de la democracia, son una demostración de intolerancia política», expresa Dallari.
Violencia policial
Para el senador Paulo Paim (PT-RS), presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH), «el caso es muy grave y requiere ser investigado». Paim presidió la audiencia pública realizada el 24 en Porto Alegre para denunciar la violencia policial contra los movimientos sociales en Rio Grande do Sul.
«Después de la dictadura militar, no se había visto escenas tan indignantes. La policía no puede seguir tratando al pueblo así», dijo Paulo Paim refiriéndose a la escenas de una película que se proyectó en la audiencia en la que se observan agresiones promovidas por la Brigada Militar en la manifestación contra el gobierno de Yeda Crucius el día 13 de junio.
Desalojos violentos
Sólo en el mes de junio, se reprimió con violencia dos movilizaciones de la Vía Campesina y se desalojó dos campamentos, en áreas cedidas al MST, en la región norte. El día 17, cientos de familias pertenecientes al MST fueron desalojadas de dos campamentos en el municipio de Coqueiros do Sul, destruyendo viviendas, plantaciones, criadores de animales, el puesto de salud y la escuela construida por los sin-tierra.
En la acción civil pública presentada por los funcionarios Luís Felipe de Aguiar Tesheiner y Benhur Biancon Junior, del MP gaucho, en la que se pide la desocupación, consta que los campamentos Jandir y Serraría son «verdaderas bases operacionales destinadas a la práctica de crímenes e ilícitos civiles causantes de enormes perjuicios no sólo a los propietarios de la hacienda Coqueiros, sino a toda sociedad».
Anti-capitalista
Jacques Távora Alfonsín, fiscal del Estado retirado y miembro de la ONG Acceso, Ciudadanía y Derechos Humanos dijo que con esta acción del Ministerio Público «se ha vuelto a la época de la dictadura para fundamentar el ataque».
Alfonsin apunta que en la petición inicial, los promotores se basan en el hecho de que el MST es un movimiento anti-capitalista e izquierdista. «Esto significa, todo aquello que las universidades estudian en sociología con la mayor libertad. ¿Cuál es el crimen de ser anti-capitalista e izquierdista?», interroga. . Para fundamentar la denuncia, explica el ex fiscal, los funcionarios usan como soporte el Estatuto de la Tierra, decretado durante la dictadura militar, que acabó con las Ligas Campesinas (movimiento campesino exterminado tras el golpe de 1964) «para mostrar que el MST, entonces, se equipararía a las ligas».
Inconsistencia jurídica
De acuerdo con Alfonsin, la defensa del MST está preparando recursos judiciales para contestar «esas lamentables acciones», y «no se descarta la hipótesis de hacer una petición urgente a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)».
Sin embargo, para el jurista Dalmo Dallari, pese al recurso de invocar el periodo de la dictadura, «cuando los grupos que desagradaban eran etiquetados como subversivos y como una amenaza a la soberanía nacional», éste es «tan inconsistente, sorprendente, totalmente inútil jurídicamente, que no puede tener ninguna consecuencia».
Fin de la criminalización
Para protestar contra la criminalización del MST por parte del gobierno de Rio Grande do Sul, el Movimiento elaboró un manifiesto en el dice que hay «una verdadera ofensiva de fuerzas conservadoras del Estado, que no sólo quieren impedir la repartición de la tierra, como determina la Constitución, sino que también pretenden criminalizar a quienes luchan por la reforma agraria e impedir la continuidad del Movimiento». En un comunicado firmado por el MST, éste pide a la sociedad civil que envíe cartas de protesta a la gobernadora Yeda Crusius y al fiscal general de Justicia, Mauro Renner, que es nombrado por la gobernadora y coordina el Ministerio Público Estatal.
En el documento, el MST afirma que informe del MPE «merece el rechazo de toda la sociedad (…). Como si no bastase la tentativa de declarar ilegal al MST, el Ministerio Público decidió (…) la intervención en las escuelas del MST con el fin de tomar todas las medidas que sean necesarias para la reinstauración de la legalidad, en lo que se refiere al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST».
«El MST se ha vuelto uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de Brasil, precisamente porque su opción de lucha es la no-violencia. Por lo anteriormente expresado, reciba nuestro más vehemente repudio por la decisión tomada en el Consejo Superior del Ministerio Público, por su Estado Mayor de la Brigada Militar y por la decisión del Ministerio Público Federal. Expresamos nuestro total apoyo a la lucha del MST», señala el comunicado. (Traducción: ALAI)
Articulo original publicado en portugués por Brasil de Fato http://www.brasildefato.com.br