Acción directa de clase versus Política electoral populista

A lo largo de los últimos veinte años, políticas neoliberales han sido aplicadas por «socialistas» (Chile), «populistas» (Argentina), socialcristianos(Venezuela) y conservadores (México). Las decisivas fuerzas de clase internas que han apoyado las retrógradas políticas de privatización, austeridad selectiva, desnacionalización y ataques masivos a la legislación laboral y social, han sido las de la burguesía en todas sus grandes variantes -la banca, la industria, la agro-exportación, el comercio y el negocio inmobiliario. La burguesía no se opuso, en ningún país, a las absorciones imperialistas -fue la burguesía nacional, en Argentina, quien vendió las empresas públicas a Estados Unidos y a multinacionales europeas. Todos los regímenes electorales, sea cual sea su supuesta etiqueta, basaron sus estrategias de desarrollo en asegurar el apoyo del capital local. Esto condicionó su cooperación en la puesta en práctica de políticas neoliberales, puesto que todos los sectores de la burguesía latinoamericana son parte esencial de los circuitos internacionales financieros, comerciales y tecnológicos dominados por el imperialismo estadounidense y europeo. Como resultado, los «capitalistas trasnacionales» de Latinoamérica no respaldaron ninguna campaña que se opusiera a los programas del FMI -al contrario, los apoyaron. En consecuencia, las únicas fuerzas sociales que actuaron para bloquear, resistir e incluso derrocar los regímenes neoliberales fueron las de los movimientos de clase -incluyendo aquí a los campesinos indios, los comités urbanos vecinales de parados, trabajadores rurales sin tierra, trabajadores en condiciones precarias, campesinos, funcionarios (del petróleo, de la electricidad, de la sanidad, profesores, etc.) y los autónomos pobres. Sólo en contados casos excepcionales se sumaron a la guerra de clases los trabajadores industriales organizados en sindicatos privados. Lo que es crucial es que estas luchas no fueron protagonizadas ni dirigidas por la burguesía, ni nacional ni internacional. La exitosa oposición a la privatización del agua en Cocachamba (Bolivia) y de la electricidad en Arequipa (Perú), fue llevada a cabo y apoyada por movimientos de masa populares ante la impotencia política o complicidad de los partidos electorales nominalmente «populistas» o «socialistas». En diciembre de 2001, movimientos populares masivos de la clase media baja, en Argentina, se aliaron con los desempleados para expulsar a varios posibles presidentes en cuestión de días. En Ecuador, movimientos similares de indios y funcionarios organizaron el derrocamiento del titular del cargo de presidente Mahuad, en enero de 2000 -y amenazan ahora con hacer lo mismo con Lucio Guitiérrez, que abandonó a sus partidarios campesinos indios para acoger a la «burguesía nacional» de Guayaquil. En octubre de 2003, los cultivadores de coca de Yungas, los mineros de Guanín, los desempleados urbanos y los subempleados de El Alto, junto con los manufactureros y autónomos de La Paz y Cocachamba, hicieron caer al régimen neoliberal de Sánchez de Losada -un destacado cliente capitalista de Washington, respaldado por la «burguesía nacional» de Santa Cruz.

Conviene señalar varias observaciones: la evidencia empírica e histórica demuestra que los movimientos sociopolíticos de acción directa de clase han sido las únicas fuerzas políticas capaces de resistir, cambiar e incluso derrocar los regímenes y políticos neoliberales. No hay ninguna prueba de ningún régimen electoral en el que la burguesía nacional jugara un papel esencial, que haya desafiado al neoliberalismo o al acuerdo neocolonial patrocinado por los Estados Unidos, el ALCA.

Las tácticas del régimen de Da Silva

En noviembre de 2003, una encuesta realizada a la elite empresarial latinoamericana concluyó que el presidente brasileño Da Silva era el «mejor Presidente» de Latinoamérica, por encima de la segunda opción, el presidente chileno Ricardo Lagos, con un amplio margen (39% y 20%). Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica (aunque en mucha menor medida), izquierdistas, periodistas y académicos progresistas todavía se refieren a él como un líder popular de «centro- izquierda». Para analizar las opuestas percepciones y expectativas de capitalistas e izquierdistas, es necesario seguir una serie de procedimientos metodológicos:

1. Transformación histórica del PT -cómo ha evolucionado en los últimos 25 años.

2. Las relaciones entre el PT y los gobiernos nacionales, estatales y municipales en los que ha ostentado poder o sobre los que ha tenido influencia legislativa.

3. La naturaleza mutante del programa del PT.

4. La campaña electoral, las alianzas políticas y los pactos económicos durante las elecciones presidenciales de 2002.

5. La «imagen» y la realidad de un candidato.

6. La identidad, el trasfondo y las prácticas de los funcionarios ministeriales y económicos clave del régimen de Da Silva.

7. Las decisiones político-económicas y las prioridades estratégicas de los primeros 14 meses del régimen.

A principios de los años 80, el PT estaba estrechamente vinculado a los movimientos Sociales. En su interior había un variado debate y distintas tendencias políticas -de marxistas a socialdemócratas y había un liderazgo colectivo. A principios de los 90, el PT se convirtió en un instrumento electoral cada vez más dedicado exclusivamente a las elecciones y con una creciente tendencia a la «verticalidad» en su estructura decisoria. El margen de debate se limitó y los dirigentes elegidos oscilaban entre las políticas social-democráticas y social-liberales. Para las elecciones de 2002, el partido ya estaba fuertemente centralizado y dirigido por Da Silva y su camarilla personal. Más del 75% de los delegados en el congreso del partido eran funcionarios, profesionales, dirigentes y el resto eran, en su mayoría, burócratas sindicales a tiempo completo. El programa adoptó políticas de ajuste estructural, flexibilidad laboral, pagos totales de la deuda exterior y privatizaciones. El partido ya no era el «partido de los trabajadores» en lo que se refiere a su programa, estructura y liderazgo (Da Silva lleva fuera de las fábricas como funcionario a tiempo completo un cuarto de siglo).

Desde principios de los años 80 y hasta 2002, el PT mantuvo varios cargos de gobernador y gobernó en muchos municipios -incluido Sao Paulo. El balance fue una mezcla de políticas social-liberales y social-democráticas con poco apoyo activo a la lucha por la reforma agraria de los Sin Tierra y ningún esfuerzo por municipalizar los servicios públicos. El tan cacareado «presupuesto participatorio» de Porto Alegre, según el cual los grupos vecinales dentro de un municipio se unirían para tomar decisiones sobre las prioridades de gasto, afectó sólo a una pequeña porción del presupuesto de la ciudad -que fue acordado pro el consejo municipal. A finales de los años 90, los dirigentes del PT elegidos privatizaron empresas públicas locales, aplicando impuestos regresivos sobre los pensionistas e imponiendo una austeridad presupuestaria. La campaña electoral presidencial de 2002 puso de manifiesto el autoritario giro del PT hacia la derecha. No se consultó ningún asunto al partido, ni mucho menos a los movimientos sociales, por no hablar ya de la población urbana, o los pobres del campo. Da Silva y su camarilla personal eligieron a un millonario de la industria textil del derechista Partido Liberal como candidato a la vicepresidencia, acordaron un pacto con el FMI para reducir las pensiones, los salarios y los programas sociales y destinaron un excedente de 4,5% del PIB para pagar la deuda externa. Da Silva se negó a permitir que el PT participara en un referéndum sobre el ALCA organizado por los movimientos sociales y la iglesia progresista. La campaña de Da Silva fue financiada, en su mayor parte, por grandes contratistas, mafiosos y capitalistas industriales -mostrado en parte en un vídeo hecho público en febrero de 2004, en el que se veía uno de los mayores mafiosos de Río realizando un pago a uno de los recaudadores de fondos para la campaña de Da Silva de 2002.

Da Silva y su camarilla liderada por Jose Dirceu (conocido como el «comisario» dentro del PT por su estilo autoritario) eligió a los que debían tomar decisiones económicas dentro del régimen -muchos de ellos firmes neoliberalistas millonarios, de los cuales la mayoría nunca habían votado por el PT. Henrique Meirelles, ex presidente del Fleet Boston Global Bank, fue nombrado director del Banco Central. Antonio Palocci, ex trotskista convertido al neoliberalismo fundamentalista, fue nombrado ministro de Economía. Luiz Fernando Furlon, director del gigante de la alimentación Sadia, fue nombrado ministro de Desarrollo y Comercio. Roberto Rodríguez, presidente de la Brazilian Agribusiness Association, fuertemente vinculada a Monsanto, fue nombrado ministro de Agricultura. Estos ministros y asesores de Da Silva establecieron los parámetros socioeconómicos y la estrategia del régimen, que después aprobó el 72% del partido. A la «izquierda» del PT se le concedió varios ministerios con presupuestos y personal reducidos para trabajar en un marco de «libre mercado». El mayor problema dentro del régimen fue el del grado de apoyo a capital financiero exterior y doméstico y los agro-exportadores y el capital industrial. En el mejor de los casos, se ignoraron los intereses de los trabajadores, los Sin Tierra y los funcionarios. En el peor, se les dañó gravemente.

Las políticas del régimen de Da Silva

Dada la evolución del PT, la estructura y composición del régimen y las alineaciones políticas con el FMI y los grandes negocios locales, se puede entender la total aceptación de la agenda neoliberal de Da Silva.

Política macroeconómica

El régimen del PT impuso una política de pago de la deuda que superó a la del acuerdo del ex presidente Cardoso con el FMI. Aumentó el excedente del presupuesto al 4,25% del PIB, destinando 150 billones de reales (aproximadamente $50 billones) a entidades de crédito extranjeras y nacionales en 2003. Para ello, redujo los pagos de pensiones a los funcionarios en más del 30% incluso para los retirados con ingresos medios y bajos. Las políticas estrechamente financiadas, la explosión de inversión especulativa y los pagos de la deuda llevaron a tasas de desempleo en Sao Paulo (donde se concentra el 40% de la industria brasileña) a un histórico 21%. Los salarios se cayeron en un 12% cuando Da Silva promovió la moderación salarial para incentivar la «competitividad». Al mismo tiempo el capital financiero, local y extranjero, con unos tipos de interés de entre el 22% y el 18%, experimentaron una buena fase. Los especuladores del mercado bursátil doblaron sus ingresos mientras la BOVESPA (la bolsa brasileña) subió un 98% durante 2003.

Política y reforma agraria

El agro-negocio compartió esa bonanza. Los agro-exportadores crecieron un 20%, mayoritariamente gracias a la floreciente demanda china de soja, algodón y otros artículos de primera necesidad, así como por la política del régimen de canalizar la mayoría de los créditos y financiar este sector. Mientras se beneficiaba el 10% de la elite agricultora, la masa de trabajadores sin tierra fue ignorada -los beneficiarios de la distribución de tierras disminuyeron muchísimo con Da Silva. Antes de ser elegido, Da Silva prometió beneficiar a 60000 familias, mientras que el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) demandaba 120000. El ex presidente Cardoso (estrecho aliado de Bush) estableció una media de 40000 familias al año durante sus ocho años de mandato. El régimen de Da Silva sólo estableció a 10000 familias -la cifra más baja desde el régimen militar veinte años antes.

El régimen de Da Silva ha puesto sobre la mesa una «reforma» laboral para 2004, además de la privatización de las infraestructuras, una mayor desregulación, la apertura de nuevas regiones del Amazonas para su explotación, la aprobación del ALCA «suavizado» (comercio libre paso a paso y con reciprocidad). En política exterior, Da Silva critica el ALCA porque la administración Bush no aplica consistentemente políticas de libre mercado en relación a la agricultura. Como ha señalado Da Silva repetidamente, «los mercados libres traen prosperidad si se respetan por todas las partes». Brasil ha intervenido en contra del régimen progresista de Chávez, organizando un grupo apodado de «Amigos de Venezuela», compuesto por regímenes derechistas hostiles a Chávez (Chile, México, España, Estados Unidos y Brasil). Cuando Venezuela pidió que se añadiese un país con más simpatías por Venezuela, el ministro de Exteriores brasileño Celso Amorin se negó. Como dijo entonces Fidel Castro: «con amigos así, quién necesita enemigos». El servilismo de Brasil es aún más evidente en el envío de policía militar a Haití en apoyo del golpe, patrocinado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Aristide. Da Silva visitó al presidente Bush cinco veces durante 2002 y 2003, coordinando políticas y buscando el respaldo de Wall Street y de Washington a su modelo de desarrollo basado en el imperio (descrito por sus ideólogos como «la inserción de Brasil en el modelo de la globalización).

Derechos humanos

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) ofrece los informes anuales más fiables y exhaustivos sobre los derechos humanos en Brasil. Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2003, la CPT registró 71 asesinatos de trabajadores rurales, lo que supone un aumento del 78% en relación con el año anterior. Las agresiones graves se duplicaron, mientras que los intentos de asesinato crecieron un 76%. Hubo un aumento del 27% en el número de familias expulsadas de la tierra por orden judicial y un aumento del 88% en los ocupantes de tierra expulsados por la fuerza. Varios factores explican la benigna negligencia de Da Silva en materia de derechos humanos.

En primer lugar y ante todo, hay que mencionar el papel estratégico que juegan los grandes terratenientes vinculados al sector de la agro-exportación en el del mercado de divisas para pagar la deuda. Da Silva se muestra reticente a involucrarse en conflictos que afecten a algún sector de los grandes terratenientes que pueda «desestabilizar» a los agro-exportadores. De ahí el recurso de Da Silva al subterfugio de la «jurisdicción limitada» y la «división de poderes». Su autodefinida limitación de poderes en cuanto a la violación de los derechos humanos no se corresponde, sin embargo, a la privatización por decreto de los bancos estatales -pasando por alto el Congreso.

La violación de territorio indio ha aumentado dramáticamente, tal y como ha registrado la agencia gubernamental de asuntos indígenas FUNAI, que ha visto su presupuesto y personal reducido gracias al recorte del 10% en presupuesto social realizado por Da Silva.

El proyecto favorito de Lula, «Hambre Cero» también ha fracasado en su intento por erradicar la pobreza -Da Silva redujo su presupuesto en un 25% para mantener lo acordado con el FMI. Con su habitual demagogia teatral, Da Silva proclamó a principios de su presidencia que todos los brasileños harían tres comidas al día al final de su mandato. Entonces, viajó a su ciudad natal, Caetes, en el noreste, para lanzar su programa «Hambre Cero». A finales de diciembre de 2003, el obispo Irineu Roque Scherer, cuya jurisdicción incluye Caetes, apuntó que «Da Silva tiene un discurso precioso con encanto que convence a la población pero el PT no lo retoma. En consecuencia, el gobierno promete, pero nada ocurre».

El régimen de Da Silva ha definido clara y directamente un programa de cuatro años de profundización y extensión de políticas neoliberales. El PT se ha aliado con algunos de los partidos más retrógrados del congreso y las elites económicas para sacar adelante políticas neoliberales. Su crítica a la política comercial estadounidense va en la misma dirección -más libertad de comercio, no menos. Para sacar adelante sus políticas, Da Silva ha eliminado y sancionado a más de una docena de congresistas. Miles de militantes que construyeron el PT y se involucraron en las primeras luchas han renunciado a su carnet de socio. El PT los está sustituyendo con nuevos miembros reclutados con relaciones de patrón y cliente. Si se analizan seriamente los lazos estructurales entre el capital financiero y el régimen de Da Silva y la composición clasista y políticas del régimen, lo que es evidente es un régimen de derecha con un profundo y permanente compromiso con el neoliberalismo. Esto supone un gran revés para los trabajadores brasileños, empleados y trabajadores del campo. Sin embargo, han vuelto a las únicamente verdaderas y probadas formas de lucha -la movilización de clase organizada a través de la acción directa, independientemente y, en todo caso, en contra de las políticas de Da Silva.

La ocupación tierras pasó de 176 en 2002 a 328 en 2003. El número de familias que participaron en la ocupación de tierras creció de 26958 en 2002 a 54368 en 2003. En 2004, el régimen de Da Silva promete mayores concesiones de capital financiero, inversores extranjeros y superiores incentivos a los agro-exportadores. En marzo de 2004, la resistencia popular ya ha aumentado y el conflicto de clase se extiende de la industria al campo. Algunos comentadores se están planteando si el régimen de Da Silva, como otros de su misma naturaleza, se verá forzado a dimitir antes de que termine su mandato. Una vez más, la experiencia de Da Silva demuestra que los regímenes «populistas» apoyados por la burguesía son incapaces de resolver los problemas de Latinoamérica: estancamiento, desempleo, trabajadores sin tierra y pillaje imperialista.