En su discurso inaugural de las sesiones del Congreso nacional 2023 el presidente Alberto Fernández prometió enviar un proyecto de ley para que el financiamiento de la educación pase del 6 al 8% del PBI.
Según el último dato de distintas estimaciones en 2020, se calcula la asignación total en educación en 5% del PBI y con posterioridad, se produjeron ajustes y quitas presupuestarias en la asignación de recursos para la educación. Uno se pregunta entonces cómo hará el gobierno para llegar a ese objetivo.
A veces hay que pellizcarse para saber si estamos escuchando bien o estamos en una pesadilla. El gobierno del FDT, con el aval de Juntos por el Cambio, ajustó (en menos) $50.000 millones el presupuesto votado en 2022. Éstos fueron quitados a la provisión de dispositivos electrónicos, a la construcción de jardines de infantes y a otros rubros. En el presupuesto 2023 el FDT redujo aún más la inversión en educación, disminuyendo la asignación en un 9% con respecto al 2022. Ésta quedo reducida a solo el 5% del presupuesto nacional, contrastando con la asignación destinada a satisfacer la deuda externa que es más del doble: 10,5%. Ese total promete ajustarlo de modo que, inflación mediante, alcance el 1,33% del PBI. Entonces, ¿cómo se llegaría al 8%?
Para que se entienda bien: el estado nacional no es garante de la financiación de la educación sino solo de una cuarta parte, aproximadamente, ya que el resto lo ponen las provincias. Desde que se votaron las leyes de reforma del estado en los 90, la educación en todos sus niveles, salvo universitario, pasó a ser responsabilidad de estas últimas. Esto fue una exigencia de los organismos internacionales a fin de que el estado nacional dispusiera de fondos para pagar la deuda externa. En 2006, ante la crisis de las provincias, el gobierno de los Kirchner promovió la sanción de la actual Ley de Financiamiento que estableció una tablita por la que, al 2010, se debía arribar a una inversión en educación del 6% del PBI. El estado nacional debía aportar el 40% del incremento para llegar a ese compromiso. Según el Observatorio Argentino de la educación se llegó a ese monto en 2009, 2013 y 2015. El Banco Mundial en su página web afirma, en cambio, que a ese porcentaje no se llegó nunca, siendo el más alto el de 2015: 5,8%. Las dos fuentes, sin embargo, coinciden en que, desde entonces, venimos a la baja llegando en 2019 a 4,7% y el último dato que poseemos es del 2020: 5%. Por estas diferencias, el mencionado Observatorio estima que el total adeudado a educación desde 2006 a 2022 ascendería a U$D 26.000 millones.
Señalemos solo algunos indicadores de las consecuencias de este desfinanciamiento. En casi todas las provincias, docencia y familias denuncian falta de vacantes, especialmente en el nivel inicial. Irónicamente, en vísperas del 8 de marzo, organismos oficiales y opositores se desgarran las vestiduras supuestamente sosteniendo los derechos de la mujer pero no dicen nada de las familias que deambulan desesperadas por no tener espacios educativos públicos gratuitos para dejar a sus niños pequeños cuando van a trabajar. También callan ante les estudiantes de las localidades rurales o ciudades pequeñas que no tienen acceso a estudios superiores. Nada dicen de la falta de mantenimiento de las escuelas, sobre todo actualmente en que la ola de calor puso al rojo la necesidad de acondicionadores y/o ventiladores en grados y cursos situación simétrica a la del invierno, con escuelas sin calefacción adecuada a los fríos de la estación. Las becas son insuficientes. Los comedores escolares, por otra parte, son fuente de desnutrición por la mala calidad de los alimentos.
La famosa 5ta hora y/o jornadas extendidas están siendo muy dificultosas de instrumentar debido a que los edificios escolares son compartidos por varias instituciones y a que la docencia, en general, debe recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes con lo que se le produce superposición horaria. El salario de un cargo testigo para el primer cuatrimestre de 2023, firmado por las 5 centrales sindicales (CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP) será de 130.000$ en mayo, lo que equivale a casi la mitad de la canasta básica que estima ATE-INDEC o al alquiler de una vivienda de tres ambientes. El pluriempleo supone escaso tiempo para la preparación de la tarea de aula y para la formación docente continua que la docencia debe realizar en horarios extra jornada laboral, en la mayoría de los casos, pagando a empresas privadas pues el estado solo brinda escasos cursos.
A esta realidad de insuficiencia en el presupuesto debemos agregar la desigualdad que se crea entre las jurisdicciones según la realidad de cada una de ellas y las políticas de sus gobiernos. Así, para un promedio nacional de gasto por alumne de $83.172,08 a diciembre de 2020, tenemos en el extremo superior a Neuquén con $231.338,27 y a Santiago del Estero con $74.021. Una diferencia de 3 a 1. Respecto del salario docente, ocurre algo similar. La provincia de Jujuy terminó en diciembre de 2022 con un salario bruto para el maestro de grado sin antigüedad de 87.074$ en tanto que Tierra del Fuego tuvo un salario de $179.712.
Pasando en limpio, el gobierno nacional hace campaña electoral por una nueva ley de financiamiento, siendo que la existente no la cumplió y que, un futuro aumento, recaería en las provincias. Además, no dice de donde saldrían esos fondos ya que se ha comprometido con el FMI y los bancos a pagar los usurarios intereses de la deuda pública que se come los saldos de nuestra balanza comercial.
Desde el 2011, el FITU viene reclamando en su plataforma política que el financiamiento de la educación debe elevarse al 10% del PBI y renacionalizarse la responsabilidad del mismo en el estado nacional. De este modo, además de suficiente, su distribución debería garantizar igualdad de derecho para cada estudiante de cualquier lugar del país. Para dimensionar de qué hablamos señalemos que solamente con garantizar medio punto más del PBI actual se podrían construir 5.000 jardines de infantes de 3 aulas cada uno y pagar el salario de 50.000 docentes para su funcionamiento durante en un año. Así se podría dar una respuesta real al drama de la escolaridad de la primera infancia en nuestro país.
Pero, también decimos de donde se pueden sacar esos fondos. Sostenemos y lo demostramos una y otra vez, que esto es posible si se deja de pagar la usuraria deuda externa ya que, aunque haya mejora de las exportaciones y de la producción, el pago de intereses de la deuda se come todo el saldo exportador. La deuda sigue creciendo mientras la miseria y la desigualdad para el pueblo trabajador es cada vez mayor. Por eso, más allá de este programa, en cada lugar de trabajo, en cada provincia, venimos sumando nuestro compromiso diario para reclamar por cada uno de los derechos que la política del FDT, de JxC y los anuncios de Milei destruyen.
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