El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió el martes 27 de junio firmar el acuerdo de libre comercio negociado con Nueva Zelanda. El Comisario Valdis Dombrovskis, ha dicho que se trata de un pacto “moderno y dinámico”.
Pero de moderno no tiene mucho. Tiene las carencias de los tradicionales. Incluso regresivo frente a otros.
La agencia EFE recoge el comunicado oficial de la institución europea, que desarrolla interesadamente sólo una parte del acuerdo y omite otras cosas: «la UE es el tercer socio comercial de Nueva Zelanda y el comercio bilateral de mercancías entre ambos socios ha aumentado constantemente en los últimos años, hasta alcanzar casi 9.100 millones de euros en 2022.
Una vez que el acuerdo entre en vigor, se espera que el comercio bilateral crezca hasta un 30 %, con un aumento potencial de las exportaciones anuales de la UE de hasta 4.500 millones de euros, explicó el Consejo en un comunicado.
Además, las inversiones de la UE en Nueva Zelanda pueden aumentar hasta un 80 % y el acuerdo puede suponer para las empresas de la UE un recorte de unos 140 millones de euros anuales en derechos a partir del primer año de aplicación.
Una vez en vigor, el acuerdo eliminará todos los aranceles sobre exportaciones clave de la UE a Nueva Zelanda, como carne de porcino, vino y vino espumoso, chocolate, confitería y galletas, y abrirá el mercado de servicios de Nueva Zelanda en sectores clave como los financieros, las telecomunicaciones, el transporte marítimo y los servicios de reparto.»
Pero oculta incumplimientos con los sindicatos y la sociedad civil.
Así, una demanda tradicional de los sindicatos, refrendada en el último Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado en mayo de este año en Berlín, y en principio asumida por la Comisión Europea, es que los países candidatos a tener un Acuerdo Comercial de libre comercio tendrían ratificados los Convenios Fundamentales de la OIT, incluidos el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (nº 155) y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (nº 187), antes de la firma y entrada en vigor del Acuerdos de Libre Comercio; también mecanismos de sanción y participación sindical y de la sociedad civil de vigilancia sobre su cumplimiento y efectos. Además, de otras cláusulas ambientales o sociales.
No tenemos conocimiento de que todos estos elementos hayan sido respetados por la Comisión Europea.
Decimos regresivo porque cuando se negociaba el Acuerdo UE Canadá, CETA (2017), cuando todavía se escuchaban protestas por el contenido de un posible Acuerdo UE- Estados Unidos que abogaba por la desregulación y la asimetría normativa, el famoso TTIP, Canadá aceptó suscribir todas las Convenciones Fundamentales de la OIT, aspecto que sí tenían los países europeos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau se reunió con el sindicato DGB alemán (que había adelantado a la Confederación Europea de Sindicatos su marco de exigencias) y se comprometió a la ratificación de esos Convenios, cosa que hizo.
Mirando la lista de convenios de la OIT suscritos por Nueva Zelanda observamos que no ha ratificado, de los fundamentales, dos: El 138 que hace referencia a la edad mínima para trabajar y el 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006.
La ratificación de los Convenios de la OIT tiene mucha importancia y denota el compromiso por el trabajo digno de los países. También, la búsqueda de una competencia comercial no basada en un deterioro de las prestaciones económicas, sociales y de protección a los trabajadores. A efectos informativos diremos que Nueva Zelanda tiene firmados 61 Convenios de todo tipo frente a los 137 que tiene España.
Si el plano laboral de este Acuerdo Comercial queda como actualmente lo conocemos, y no creemos que existan cláusulas ejecutivas de participación sindical, ni sociales y ambientales propiamente dichas el acuerdo comercial es de una antigua generación, obsoleto, nada moderno y con un mensaje de la Comisión Europea de querer una globalización sin normas.
Santiago González Vallejo, economista
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