Los gobiernos de islas del Caribe acusan a la Unión Europea (UE) de intentar impedirles que firmen convenios comerciales con otros países en desarrollo bajo sus propios términos. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, tiene la intención de sellar una serie de Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por su sigla en inglés) con […]
Los gobiernos de islas del Caribe acusan a la Unión Europea (UE) de intentar impedirles que firmen convenios comerciales con otros países en desarrollo bajo sus propios términos.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, tiene la intención de sellar una serie de Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por su sigla en inglés) con 76 ex colonias de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a fines de este año.
Aunque los países caribeños están dispuestos a aceptar la fecha tope del 31 de diciembre, su negociador ante la UE, el jamaiquino Junior Lodge, señaló que quedan varios temas de importancia por resolver.
La Comisión pretende que cualquier beneficio comercial acordado por los países del Caribe a una nación cuyas exportaciones de bienes superen el uno por ciento del total mundial sea automáticamente otorgado a la UE.
Lodge señaló que esto impediría liberalizar el comercio de ron con Brasil e India sin aplicar una idéntica medida respecto de la UE, que también es un proveedor de esa bebida.
Esta demanda, agregó, está basada en la política denominada Europa Global. Fue adoptada el año pasado y compromete al bloque europeo a remover cualquier obstáculo que encuentren las compañías que deseen hacer negocios en el exterior, incluso los que buscan proteger a las empresas locales en los países pobres.
«Nos oponemos completamente a esto», dijo Lodge a IPS.
Otro punto de desacuerdo es la demanda de la EU sobre no utilizar exenciones impositivas para atraer inversores extranjeros.
Lodge indicó que la UE está utilizando una «doble moral», ya que varios de sus miembros, como Estonia y la República Checa, han hecho un extendido uso de esa clase de incentivos fiscales.
Asimismo, expresó su inquietud ante el pedido de la UE de que se le entreguen detalles de las cuentas off shore (extraterritoriales) que cualquier ciudadano de los países del bloque tenga en bancos del Caribe. Bahamas, conocida como un paraíso fiscal, teme que los europeos estén tratando de eliminar sus servicios financieros de este tipo.
«Esto es inaceptable para nosotros», enfatizó Lodge. «Creemos que la UE tendrá la autoridad moral para realizar este planteo cuando regule sus propios servicios de banca off shore», agregó.
Parlamentarios europeos y de los países ACP se reunieron el 12 y 13 de este mes en Bruselas para una nueva ronda de negociaciones sobre los EPA.
Hans-Joachim Keil, ministro de Comercio de Samoa y jefe del equipo negociador del área del Pacífico, manifestó que las reglas sobre país de origen que aplica la UE a las importaciones deben ser modificadas.
En teoría, los bienes de las naciones ACP pueden ingresar en el mercado europeo sin pagar derechos aduaneros.
Sin embargo, los productos que contengan componentes o materias primas de otras regiones no reciben ese beneficio. Una camisa hecha en Fiji con algodón de India es clasificada por la UE como una exportación de esa nación asiática.
«Las reglas de origen son un tema complicado», dijo Keil a IPS. «Si no se resuelve no habrá acuerdo», advirtió.
Los EPA ofrecen «muy poco» para promover el crecimiento de los países en desarrollo, sostuvo Marc Maes, un activista de la no gubernamental belga 11.11.11, que hace campaña para superar la pobreza.
Maes se preguntó si la promesa de la UE acerca de «ayuda a cambio de comercio» será suficiente para compensar a los países pobres por sus pérdidas de ingresos aduaneros, que serán eliminados o reducidos como parte de las medidas de liberalización contempladas en los acuerdos.
En mayo, los gobiernos de la UE y la Comisión se comprometieron a otorgar 2.750 millones de dólares en concepto de ayuda para fomentar el comercio para 2010.
Sin embargo, Maes destacó que sólo 970 millones de ese total son adicionales a fondos ya destinados para asistencia al desarrollo y que además serán repartidos entre las naciones ACP y otros países pobres.
Boyce Sebetela, legislador de Botswana, dijo que «se está volviendo claro que el proceso de los EPA debe ser revisado. Las demandas comerciales de la UE son enormes y nuestras necesidades de desarrollo no están siendo contempladas».
«Podemos haber ganado nuestra independencia y nuestras luchas de liberación política, pero necesitamos lanzar una nueva revolución económica y comercial para que la gente obtenga algún beneficio de estos EPA», agregó.
Un representante de la Comisión Europea negó que se haya dejado de lado la cuestión del desarrollo de los países pobres en favor de los intereses comerciales del bloque. También defendió la demanda de la UE de recibir automáticamente cualquier beneficio comercial que los países ACP otorguen a otras naciones.
«Si vamos a darles acceso al mercado europeo sin la imposición de cuotas, esperamos que cualquier tratamiento preferencial que le concedan a otros también lo extiendan a nosotros», señaló.
Sin embargo, el eurodiputado socialista belga Alain Hutchinson dijo que sólo podía «deplorar la ausencia de un enfoque orientado hacia el desarrollo» en el texto de los EPA.
Hutchinson afirmó que existen «demasiadas incertidumbres» como para considerar razonable la fecha tope del 31 de diciembre. «No hubo mucho espíritu de asociación en el debate entre la Comisión y los negociadores de los países pobres», concluyó.