El publicitado escándalo del programa «petróleo por alimentos» de la ONU en Iraq puede parecer pequeño en comparación con el caos financiero reinante en ese país bajo la autoridad directa de Estados Unidos y el posterior gobierno interino. No se sabe el destino de miles de millones de dólares y se han descubierto contratos sospechosos, lo que ayuda a explicar la falta de obras de reconstrucción.
Cuando se habla de corrupción en Iraq, la mayoría de la gente la relaciona con el escándalo del programa «petróleo por alimentos» en que está involucrada la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ese sistema supervisado por la ONU, que permitía a Iraq vender cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos y otros bienes humanitarios, se transformó en objeto de investigaciones debido a acusaciones de mal manejo de fondos, incluso por personal del foro mundial.
Una comisión investigadora determinó que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no tuvo responsabilidad en relación con un contrato concedido a una empresa vinculada con su hijo. Sin embargo, Annan aceptó su responsabilidad por la falta de supervisión adecuada del programa, y solicitó la renuncia a funcionarios de alto nivel hallados culpables de delitos.
El episodio dejó a la ONU, y en especial a Annan, en una posición débil, particularmente ante el gobierno de Estados Unidos, decidido a reformar a la organización mundial a su propio modo.
Recientes informes muestran, sin embargo, que hubo casos mucho más graves de mal manejo de fondos en Iraq bajo la administración estadounidense y el gobierno interino iraquí que lo sucedió.
Esos informes cuentan una historia de caos financiero y corrupción increíbles, y contribuyen a explicar por qué la infraestructura de Iraq, destruida durante la guerra, sigue en ruinas.
Un artículo de Ed Harriman publicado en el diario británico The Guardian el 7 de julio demostró que, al «final» de la guerra de Iraq, la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), encabezada por el administrador civil estadounidense Paul Bremer, recibió enormes sumas de dinero.
Para cuando Bremer dejó el cargo y el país, en junio de 2004, habían desaparecido 8.800 millones de dólares, según el artículo.
Cuando Bremer llegó a Iraq poco después del fin oficial de la guerra, quedaban en Iraq 6.000 millones de dólares del programa petróleo por alimentos y activos congelados, y al menos 10.000 millones de dólares de las reanudadas exportaciones de petróleo. Estos fondos fueron transferidos a la APC, para que lo invirtiera «en beneficio del pueblo iraquí».
El Congreso estadounidense también aprobó un desembolso de 18.400 millones de dólares para reconstruir Iraq. Cuando Bremer regresó a Estados Unidos, la APC había gastado hasta 20.000 millones de dólares del dinero iraquí, y sólo 300 millones de los fondos estadounidenses.
Varios informes de auditores que trabajan para agencias internacionales y el gobierno de Estados Unidos demostraron graves irregularidades financieras.
La APC mantuvo un fondo de 600 millones de dólares en efectivo sin que constara en ningún documento, y 200 millones de esa cantidad estaban en una oficina. El soldado estadounidense a cargo de la custodia dejaba la llave de la oficina en su mochila, que quedaba sobre su escritorio cuando iba a almorzar.
Hasta ahora, los auditores remitieron a la justicia penal más de 100 contratos por miles de millones de dólares pagados a personal y empresas estadounidenses. También determinaron que no se sabe el destino de 8.800 millones de dólares.
Los informes de los auditores concluyeron que la APC no llevaba la contabilidad del efectivo en sus bóvedas, otorgaba contratos por miles de millones de dólares a firmas estadounidenses sin licitación previa, y no tenía idea del destino del dinero procedente del fondo de desarrollo invertido por los ministerios iraquíes interinos.
El director de un hospital iraquí declaró al propio Harriman que, cuando iba a firmar un contrato, un alto militar estadounidense representante de la APC tachó el precio original y lo duplicó. Cuando el director del hospital protestó, el oficial estadounidense le explicó que el incremento (más de un millón de dólares) era su compensación por retiro.
Cuando miembros del Consejo del Gobierno Iraquí preguntaron a Bremer por qué la reparación de una fábrica de cemento costaría 60 millones de dólares en lugar de los 20 millones acordados, el administrador civil les habría respondido que debían estar agradecidos a la coalición invasora por haberlos salvado de Saddam Hussein.
La propia oficina del inspector general de la APC, subordinada al Congreso estadounidense, descubrió que las autoridades no se aseguraban de respaldar sus transacciones con la documentación necesaria, que se pagara un precio justo por los servicios ni que los contratistas recibieran el precio acordado en los contratos.
En las semanas previas a la partida de Bremer de Iraq, la APC otorgó nuevos contratos por más de 3.000 millones de dólares. El inspector general de la APC revisó 225 de esos contratos, por un valor de 327 millones de dólares, y halló que se habían realizado pagos subdeclarados por 108 millones, y que había obligaciones impagas sobredeclaradas por 119 millones.
Otras auditorías determinaron que millones de dólares en efectivo desaparecieron del Banco Central iraquí, que no había noticias de entre 11 y 26 millones de dólares procedentes de propiedades iraquíes confiscadas por la APC, y que se habían pagado millones de dólares a contratistas por «trabajo fantasma». En un avión con destino a Líbano, se encontró dinero iraquí equivalente a 6,5 millones de libras, enviado por el ministro del Interior de Iraq, designado por Estados Unidos.
Una nueva auditoría descubrió que no se había dado debida cuenta de 8.800 millones de dólares, todo el gasto del gobierno interino iraquí de octubre de 2003 a junio de 2004. Un ministerio otorgó 430 millones de dólares en contratos sin que los asesores de la APC vieran documentación alguna.
Otro informe reveló que agentes estadounidenses en Iraq no pudieron explicar el destino de 96 millones de dólares. La declaración financiera de uno de los agentes fue sobrevaluada en 2,8 millones. Otro agente recibió 23 millones de dólares sin la correspondiente documentación, y un tercero sólo presentó comprobantes de 6,3 millones de dólares pagados a contratistas, de los 23 millones que se le habían entregado.
Entonces, ¿adónde fue a parar todo el dinero?, preguntó Harriman. «Las escuelas, los hospitales y las redes de agua y electricidad, que debían beneficiarse de esos fondos, están en ruinas. La conclusión inevitable es que muchos de los agentes pagadores estadounidenses se apoderaron de grandes cantidades de efectivo para sí mismos, mediante dulces acuerdos con sus contactos iraquíes», afirmó.
Un informe publicado el 19 de septiembre en el diario londinense The Independent reveló que los escándalos financieros continuaron tras la disolución de la APC. El ministro de Finanzas de Iraq, Alí Allawi, declaró al periódico que 1.000 millones de dólares habían sido saqueados del Ministerio de Defensa.
Supuestamente, el dinero se gastó en compra de armas a Polonia y Pakistán. Pero Allawi observó que los contratos se otorgaron sin licitación previa, que se firmaron con una empresa con sede en Bagdad y no con los proveedores extranjeros, y que el dinero se pagó por adelantado.
Además, los equipos militares obtenidos estaban en malas condiciones. Ametralladoras adquiridas por 3.500 dólares cada una consistían en realidad en malas copias que valían apenas 200 dólares, y se pagó 16 centavos por balas que valían entre cuatro y seis centavos.
Una auditoría realizada en el Ministerio de Defensa probó que 500 millones de dólares desaparecieron, pero el monto podría ascender al doble de esa cifra, según el Ministerio de Finanzas. El dinero desaparecido de todos los ministerios designados por Estados Unidos en 2004 se aproximaría a los 2.000 millones de dólares.
Según Allawi, entre 500 y 600 millones de dólares desaparecieron de los ministerios de Energía Eléctrica, Transporte, Interior y otros. «Esto ayuda a explicar por qué el suministro eléctrico de Bagdad ha sido tan malo desde la caída de Saddam Hussein, hace 29 meses, aunque las autoridades estadounidenses y posteriores gobiernos iraquíes afirman que están haciendo todo lo posible para mejorar la generación de energía», comentó The Independent en el artículo mencionado.