Traducido del portugués por Manuel Talens
Brasil empieza a encontrar obstáculos en Paraguay -su socio tradicional en el Mercosur- que pueden poner en peligro la estrategia brasileña de asegurarse la energía necesaria para incrementar los actuales índices de crecimiento del país, situado entre los más bajos de América Latina. Dado que el gobierno brasileño prevé que en breve mejorará su economía, la energía de la central hidroeléctrica de Itaipú será esencial para sustentar esa nueva etapa.
Sin embargo, el ejemplo del diligente gobierno nacionalista de Evo Morales en Bolivia, que forzó la renegociación de los precios del gas natural y puso de rodillas a algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo, entre otras a Petrobras, ha empezado a movilizar también a los paraguayos. Esta vez, el problema no será el enfrentamiento con la joya de la corona del estado brasileño, que «perdió» dos refinerías en territorio boliviano, sino con Eletrobras, que reparte con Paraguay las cuotas de explotación de la central binacional de Itaipú en el río Paraná, la mayor productora de energía eléctrica del mundo.
Hoy, la potencia instalada en Itaipú es de 14.000 megavatios (MW), con 20 unidades generadoras de 700 MW cada una. Esa capacidad corresponde al 24% de toda la demanda del mercado brasileño y al 95% de la escasa energía eléctrica que se consume en Paraguay. La producción récord del complejo, que se alcanzó en el año 2000, es de 93,4 mil millones de kilovatios/hora (kWh). Sin embargo, en las aguas del Paraná estos últimos días han salido a la superficie algunos indicios de los serios problemas que rodearán la gestión de la planta en un futuro cercano, pues parecen indicar una crisis de las relaciones entre ambos países, que será todavía más profunda si el gobierno paraguayo actual (o el nuevo que saldrá elegido en breve) decidiese renegociar las cuotas contratadas, como ocurrió con el gas natural boliviano.
Un editorial del influyente periódico ABC Color [1], en versión digital, refleja la insatisfacción de algunos sectores de la sociedad paraguaya con los beneficios anticipados en «sociedad» con Brasil. En realidad, estos lazos están marcados por la promiscuidad en ambas partes. Tanto un país como el otro toleran por su lado lo peor que puede ocurrir en una relación internacional marcada por un pasado de dictaduras, frágiles democracias, subdesarrollo, complicidad con el crimen organizado y sus ramificaciones: contrabando de armas, tráfico de drogas, piratería industrial, clonación de productos, fraude fiscal y tantos otros asuntos espinosos propios de las regiones fronterizas tropicales de América Latina. Además, todavía están vivos los recuerdos de las acusaciones de soborno de las autoridades paraguayas por parte de las brasileñas en años pasados, que buscaban facilitar las negociaciones de los contratos del suministro de energía con ventajas evidentes para Brasil.
Lula viajó a Paraguay el pasado 20 de mayo, inseguro de su propia política exterior (considerada tolerante y excesivamente comprensiva) y todavía atado por viejos compromisos ideológicos que ya no practica y desearía olvidar. Además de ofrecer biocombustibles a los vecinos, el gobierno brasileño amenazó inicialmente a los paraguayos con la idea (digna de Bush), publicada en la prensa, de construir un muro para separar los dos países. Más tarde el plan fue abandonado por su insensatez (por no decir algo peor) y sustituido por una versión «más amena» de la estulticia antes divulgada: una valla en Ponte da Amizade destinada a reprimir el contrabando fronterizo, según portavoces oficiales.
«No habrá muro. Era una decisión del gobierno. Para muros, basta con el de Berlín, con el de México con USA, con el de Gaza», afirmó Lula a los periodistas unas horas antes de aceptar la dimisión de Silas Rondeau, su propio ministro de Energía, denunciado por la policía federal brasileña por su participación en una red de corrupción empresarial y política en el país.
Sin embargo, la nueva explicación presidencial sobre el «muro» guaraní es también un agravio a la verdad. Lo que se pretende no es sólo impedir el intenso tráfico criminal entre los dos países, sino construir una contención para las probables manifestaciones populares de descontento con los beneficios que se obtienen en Itaipú, que son dolosos para el Paraguay y que apenas alimentan el nunca alcanzado sueño brasileño de un desarrollo justo y equitativo. Dicha visión debería al menos incluir a los países con los que Brasil compartió su destino o incluso a aquellos que tiró al cubo de la basura de la historia, como el Paraguay en la cruenta guerra de la Triple Alianza, en el siglo XIX. Según parece, ha llegado la hora de ajustar viejas cuentas…
* Brasiguayos: nombre con que se designa a los 800.000 brasileños que viven en Paraguay. (N. del T.)
Fuente: http://www.viapolitica.com.br/
[1] He aquí el editorial del ABC Color al que se alude más arriba:
Entre Bolivia y Panamá, cuál ejemplo elegir
ABC Color, Asunción (Paraguay), 22 de mayo de 2007
Panamá recuperó del dominio estadounidense el canal interoceánico que cruza su territorio, luego de reclamos violentos realizados por sus habitantes. Bolivia, por su parte, consiguió el restablecimiento de cierta justicia en el precio del gas que vende a Argentina y Brasil por la vía pacífica, pero gracias al coraje y determinación de su actual presidente Evo Morales. Paraguay tiene Itaipú, donde el Brasil nos somete a un gravísimo despojo, en las mismas condiciones que el Canal de Panamá y el hidrocarburo boliviano al mismo tiempo. ¿Cuál camino se sigue para recuperar como debe ser los derechos de nuestro país en Itaipú? La respuesta la tienen los gobernantes.
Durante los dos siglos anteriores fue política común a todos los estados imperialistas de Oriente y Occidente «arreglar» acuerdos bilaterales con países pequeños, económicamente subdesarrollados, militarmente débiles, políticamente inestables u oprimidos por caudillos omnipotentes. Eran contratos entre leones y corderos.
Uno de esos fue el que los Estados Unidos impuso al naciente Estado de Panamá a principios del siglo XX, en virtud del cual se construyó el canal interoceánico, cuya explotación y dominio -junto a una franja de seguridad de unos diez kilómetros de ancho a ambas márgenes, que sumaban unos 1.400 kilómetros cuadrados- los gobernantes panameños de la época «cedieron» gratuitamente a la potencia del Norte por 99 años.
Las justas reivindicaciones nacionalistas que ante semejante abuso los panameños comenzaron a exigir cuando se convirtieron en una nación adulta y estable alcanzaron momentos de gran crisis, como cuando, en enero del año 1964, una manifestación estudiantil intentó izar una bandera panameña en la zona norteamericana del Canal, lo que generó una reacción violenta y tiroteos en los que murieron una veintena de estudiantes y cuatro marines norteamericanos, además quedaron heridos numerosos manifestantes.
A raíz de lo sucedido, el Gobierno panameño rompió relaciones diplomáticas con EE. UU., condicionando su restablecimiento a la negociación de un nuevo tratado, más justo y equitativo para el pequeño país centroamericano. La tragedia sirvió, asimismo, para fijar una fecha simbólica que después, todos los años, se la conmemoró con manifestaciones similares, con reacciones igualmente violentas, hasta que, por la fuerza de la insistencia, a la vista de la determinación panameña de recuperar lo suyo y de la presión política de los demás estados latinoamericanos, en 1974 el secretario de Estado Henry Kissinger inició los pasos para la renegociación de un nuevo tratado, proceso culminado felizmente por el presidente James Carter, devolviendo a Panamá la soberanía sobre la zona del Canal y el control político sobre la empresa administradora del paso interoceánico.
En la actual Bolivia, el restablecimiento de cierta justicia en el precio del gas que ese país vende a Argentina y Brasil fue pacífico, pero no fácil. Evo Morales realizó su campaña electoral prometiendo -entre otras reivindicaciones- recuperar el control del gas, que había sido vendido por gobernantes corruptos a esos dos grandes países a precio mísero, muy por debajo del fijado por el mercado internacional. Con coraje y determinación, el gobierno de Morales está logrando su cometido, sin generar estados de nerviosismo o violencia popular, pero asimismo sin agachar la cerviz ante los poderosos explotadores interesados en proseguir con la injusticia.
Paraguay tiene a la hidroeléctrica de Itaipú en las mismas condiciones. Itaipú es para nosotros el problema del Canal de Panamá y del hidrocarburo boliviano a un mismo tiempo. En 1973 el león brasileño realizó el negociado de Itaipú con su secuaz el dictador Alfredo Stroessner, al firmar un tratado de por sí infame ya en aquella época, en lo que toca a la manera como convinieron la distribución de los beneficios (95% para Brasil, 5% para Paraguay), al que se agregó después y mantenida hasta ahora la maniobra financiera usuraria destinada a que, por el transcurso del tiempo y el acrecentamiento de la deuda ilícita que los administradores brasileños van cargando sobre Paraguay, nos encontremos hoy en el grave riesgo real de vernos forzados dentro de algunos años a entregar la propiedad íntegra de la entidad binacional al Brasil, en pago de los intereses moratorios que la usuraria estatal brasileña Eletrobrás nos carga ilegalmente y que, obviamente, nunca podremos saldar.
Ante el gravísimo despojo con que el Brasil nos somete en Itaipú, el pueblo paraguayo tiene dos ejemplos a seguir: el panameño o el boliviano. En el primer caso significaría iniciar actos de protesta contra la potencia imperialista brasileña, manifestaciones públicas, boicots, represalias y otras formas de escalada violenta, acciones posibles que la diplomacia y el Ejército brasileños -creemos- ya las tienen previstas como hipótesis, atendiendo al crecimiento de sus fuerzas militares en la zona de la hidroeléctrica y a las veladas advertencias que subyacen en las declaraciones en las que se menciona con énfasis que Itaipú posee un valor estratégico «prioritario» para el Gobierno brasileño.
Es decir, exactamente igual al caso del Canal de Panamá, que, asimismo, había sido declarado zona de primerísima importancia estratégica militar y económica para los Estados Unidos.
Si los sentimientos de rencor e impotencia del pueblo paraguayo frente a los abusos brasileños en Itaipú se generalizaran y se materializaran en enfrentamientos como los citados, las trágicas consecuencias serían impredecibles. Téngase en cuenta que en vastas zonas paraguayas habitan cerca de 400 mil brasiguayos y muchos otros brasileños tienen allí sus inversiones.
Y si manifestantes paraguayos generaran actos violentos de protesta en la zona de la represa de Itaipú, que no quepa la menor duda de que se produciría la misma reacción militar brasileña que la de los norteamericanos en la zona del Canal de Panamá, el 9 de enero de 1964, lo que abriría heridas profundas entre ambos pueblos, heridas que no van a curarse en mucho, mucho tiempo, causando desgracias inevitables.
La otra opción para hacer justicia y reivindicar los derechos del pueblo paraguayo en Itaipú, la vía pacífica «a la boliviana», requiere un factor esencial del que en este momento nuestro país lamentablemente carece por completo: gobernantes patriotas, honestos y valientes. Patriotas para avergonzarse de ver la infame situación de indignidad a la que fue sometido su país, honestos para resistir a los sobornos brasileños, y valientes para enfrentarse con el gigante y obligarle a admitir la injusticia y la inmoralidad que está cometiendo con un país pequeño al que constantemente llama «hermano», pero al que en la realidad trata como esclavo, y a repararlas.
La ciudadanía ya tiene conciencia tanto de la vil e indignante estafa brasileña en Itaipú, como de la ineptitud y cobardía de nuestros actuales gobernantes para resolver ese gravísimo problema nacional.
El Gobierno de Brasil, por su parte, tiene que aceptar que el pueblo paraguayo de hoy, con absoluta libertad de expresión e informado profusamente por sus medios de prensa, NO es el mismo que aquel del año 1973 cuando la dictadura militar de Stroessner oprimía a los paraguayos y a su prensa, la que, sin embargo, ya en aquella época pudo presentar sus críticas y temores sobre las condiciones leoninas del Tratado, temores que se están materializando. Se está dando en Paraguay el mismo proceso que en Bolivia y Panamá.
¿Cuál camino se sigue para recuperar como debe ser los derechos del Paraguay en Itaipú? La respuesta la tienen los gobernantes.
Fuente: http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=331395&ABCDIGITAL=bfdb23f1d9ba8327cae4ec5b7e8498d6
Omar L. de Barros Filho es periodista brasileño, editor de ViaPolítica y miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Se le puede escribir a: [email protected]
Manuel Talens es miembro de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala.