Frente Brasil Popular apuesta por un presupuesto de US$ 600 millones para que el gobierno garantice productos sin veneno
A la hora del recreo, cerca de 40 mil alumnos de escuelas públicas del estado de Pernambuco [costa norte de Brasil] comen diariamente pastel de yuca, de zanahoria, de chocolate – producidos sin manteca ni leche – o pan de calabaza, de remolacha o de sésamo. Los alimentos son hechos con la producción libre de agrotóxicos del Asentamiento Normandía, en Caruaru, municipio situado en el agreste pernambucano.
Mauriceia Matias, asentada del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), es una de las ocho mujeres que están frente al colectivo de pasteleras, creado a partir de una demanda del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).
La iniciativa, además de empoderar a esas mujeres financieramente, garantiza, por otro lado, la alimentación saludable de niños y adolescentes de escuelas públicas. El consumo de agrotóxicos, cuya media por habitante en Brasil es de 5,2 litros de veneno por año, es también la regla en la merienda escolar.
Un estudio hecho en 2015 en la red municipal de Rio de Janeiro, por la organización no-gubernamental Greenpeace, apuntó altos niveles de contaminación por agro tóxicos en los productos del proveedor de alimentos para escuelas. Cerca de 60% de las muestras presentaron residuos de pesticidas, incluyendo el tradicional arroz con frijol. Aparte de eso, 45% del total analizado estaba fuera de conformidad con la legislación y hubo casos de residuos de agrotóxicos que son ilegales en Brasil.
La compra de alimentos de la agricultura familiar para la alimentación escolar es una exigencia de la Ley Federal 11.947, de 2009, que define 30% de los recursos pasados por el gobierno federal para el PNAE. Pero apenas dos capitales brasileñas, São Paulo (SP) y Porto Alegre (RS), tienen una política de transición hacia merienda escolar orgánica.
Modelo
Además del PNAE, otra acción elogiada en el área y que puede revertir el cuadro de consumo de agrotóxicos en escuelas y reparticiones públicas es el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), creado en 2003 y que atiende a más de 400 mil agricultores familiares por año.
Desde que comenzó, el objetivo del programa es colocar a disposición alimentos para combatir el hambre, además de garantizar una renta a los pequeños productores. El PAA promueve el acceso al mercado público a precios justos con compras institucionales en escuelas, guarderías, hospitales, restaurantes comunitarios y otros órganos de los gobiernos estatales y federal.
De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2014, el programa contribuyó significativamente para la exclusión de Brasil del Mapa del Hambre de las Naciones Unidas. Entre 2003 y 2015, fue el responsable de la adquisición de cerca de US$ 2 mil millones en alimentos de la agricultura familiar en todo el país.
Sin embargo, el PAA, cuyo presupuesto ya había sido reducido año a año, se desestabilizó con la extinción del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario (MDA) – ahora Secretaría Especial de Agricultura Familiar y de Desarrollo Agrario dentro del Ministerio de la Casa Civil – con el gobierno del presidente golpista Michel Temer (PMDB).
En 2017, el presupuesto del PAA se redujo 30% en comparación al año anterior. En 2016, fueron destinados US$ 150 millones para el programa, frente a US$ 102 millones este año.
Milton Fornazieri, del sector nacional de producción del MST, lamenta el debilitamiento del PAA y del PNAE, que el considera programas «estructurantes» de la reforma agraria. Según él, el acceso al crédito y al mercado son las mayores barreras de producción que los sin tierra enfrentan después de conquistar un asentamiento.
El afirma que la desestructuración del programa acarreó la desorganización de la producción de pequeños agricultores y tornó el acceso al crédito «cada vez más inexistente para los asentados de la reforma agraria».
Según Fornazieri, la compra anticipada de alimentos también fortalece la diversificación de la producción, aparte de evitar que se acentúe el proceso de éxodo rural. «Con propuestas como PAA y el PNAE, garantizamos que los hijos [de los sin-tierra] se queden en las áreas de asentamiento y desarrollen la producción dentro del lote de cada uno», dijo.
Propuestas
El Plan Popular de Emergencia, lanzado por el Frente Brasil Popular (FBP) -formado por más de 80 organizaciones-, que tiene como objetivo presentar propuestas para restablecer el orden constitucional del país, defiende la ampliación de políticas públicas asociadas con la inmediata expropiación de tierras para reforma agraria. El Frente reúne movimientos populares, como el MST, adicionalmente centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y partidos políticos.
Entre las 77 acciones que el documento presenta en torno a diez temas, el plan prevé destinar UD$ 600 millones anuales para el PAA para garantizar compras gubernamentales a agricultores familiares y campesinos.
El dirigente nacional del MST, João Pedro Stedile, defiende además que la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), órgano que gerencia el PAA, sea potencializada, se vuelva una referencia como «una gran compañía de abastecimiento de alimentos saludables para el pueblo brasileño».
Según Stedile, con la inyección de recursos en el programa, inmediatamente millares de campesinos pasarían a producir con garantía de entrega de la producción. «Dos billones de reales, que no es nada en Brasil, seria una cambio sorprendente», dijo el dirigente.
En el eje de la reforma agraria, Stedile pondera además que el Plan incluye otras propuestas concretas e inmediatas para resolver problemas urgentes de los trabajadores del campo, como la construcción de un plan de vivienda rural y la implementación de un Programa Nacional de Reducción del Uso de Agro tóxicos, que, aliado al PAA, puede auxiliar en la reducción del consumo de veneno en Brasil, país campeón mundial en el uso de agro tóxicos.
Traducción: Pilar Troya