El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afrontará un año marcado por las elecciones municipales y regionales con la necesidad de aumentar impuestos y recortar gastos. El desafío es lograr que esto no afecte su capacidad de negociación política y le quite votos. El problema se originó en diciembre cuando, en lo que […]
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afrontará un año marcado por las elecciones municipales y regionales con la necesidad de aumentar impuestos y recortar gastos. El desafío es lograr que esto no afecte su capacidad de negociación política y le quite votos. El problema se originó en diciembre cuando, en lo que algunos analistas consideraron la mayor derrota política del presidente, el Congreso legislativo rechazó la prórroga del impuesto al cheque, privando al fisco de un ingreso anual de 22.800 millones de dólares, esenciales para el equilibrio de las cuentas públicas.
Aunque el ministro de Economía, Guido Mantega, se había comprometido a no aumentar impuestos para compensar esa pérdida, esta semana dio marcha atrás y elevó la presión tributaria, al tiempo que anunció medidas de austeridad en el gasto público.
Por un lado, se dispuso un alza de 0,38 por ciento en el impuesto a las operaciones financieras –que en principio aumenta el costo de los créditos bancarios– y en las tasas sobre las ganancias netas de los bancos.
Según el gobierno, esto le permitirá recaudar alrededor de 5.700 millones de dólares.
La otra medida anunciada es la de pasar la tijera por los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, además de los ministerios. Esto último afectará el aumento de la inversión en proyectos sociales. El objetivo es lograr un ahorro de unos 11.500 millones de dólares.
Los analistas indican que las medidas cierran caminos de negociación política en el Congreso, por ejemplo para aprobar el presupuesto nacional 2008, cuyo tratamiento está previsto para febrero, cuando finalice el receso parlamentario.
Portavoces de la oposición, entre los que se encuentra el senador Arthur Virgilio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (2005-2003), amenazaron con sabotear la aprobación del presupuesto anual.
El objetivo, según Virgilio, sería forzar al gobierno a dejar de lado el «paquete de maldades». La oposición sostiene que esas medidas podrían ser evitadas con la reducción de gastos superfluos y el combate contra la corrupción.
La oposición considera que el gobierno no cumplió con su palabra al aumentar la carga tributaria, después de haberse prometido lo contrario a fin de año.
«Entendemos que el impuesto al cheque no fue aprobado porque la sociedad brasileña quiso transmitir el mensaje al gobierno de que no quería aumentos, sino reducción de la presión tributaria», dijo a IPS el economista Joao Paulo dos Reis Velloso.
«Lula fue insensible», agregó, para luego recordar que la recaudación tributaria representa 37 por ciento del producto interno bruto, más que en Estados Unidos, aunque Brasil «es un país de renta media, no alta».
Velloso, presidente del Instituto Brasileño de Mercados de Capitales, consideró que, con el aumento del impuesto a las operaciones financieras, «quien pagará la cuenta será el consumidor».
El gobierno aclaró que el incremento de la alícuota no afectará el crédito para la vivienda, pero sí los préstamos para compra de automóviles, electrodomésticos y productos informáticos, a los que recurrieron habitualmente en los últimos años consumidores de clase media y baja.
Velloso recordó que el crédito ya era caro en Brasil, que tiene una de las tasas de interés más altas del mundo. Por ejemplo, para la compra de un automóvil llega a 30 por ciento anual, recordó.
El economista opinó que para compensar la pérdida de ingresos resultante de la supresión del impuesto al cheque se podría haber recortado el gasto burocrático. «Únicamente Brasil tiene 36 ministerios», señaló.
El gobierno asegura que la inversión social está a salvo de los recortes y que programas como Bolsa Familia, que atienden las necesidades de los más pobres, no sólo no verán disminuidos sus fondos sino que contarán con más recursos.
Eustaquio Reis, investigador del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada, aseguró que se trata de una promesa que será honrada.
Aclaró, sin embargo, que el gobierno cuenta «con un menor margen de maniobra para ejecutar programas de interés fundamental en un año de elecciones municipales en noviembre». De no haber sido así, «podría haber tenido resultados políticos más favorables», aunque la situación «no es tan trágica» para el oficialismo, señaló.
Según Reis, para compensar la pérdida de ingresos que provenían del impuesto al cheque, el gobierno cuenta con un «aumento cíclico de la recaudación», que fue significativo en 2007 y que podría aumentar este año si la economía continúa creciendo como se anticipa.
El gobierno de Lula anunció a fin de año un aumento del producto interno bruto de más de cinco por ciento.
Asimismo, Reis consideró que el aumento del impuesto a las operaciones financieras permitirá mantener programas de asistencia social como Bolsa Familia.
El gobierno anunció que sus beneficios se extenderán a los jóvenes de 15 a 17 años en situaciones de riesgo, una decisión que la oposición amenaza con cuestionar ante el Tribunal Electoral por considerarla una medida «electoralista».
«Comienza una batalla política en un ano electoral fuerte», dijo Reis al referirse a esa posible denuncia y a las amenazas de la oposición de sabotear la aprobación del presupuesto.
Reis admitió que el aumento del costo del crédito tendrá un efecto negativo en la economía «en momentos en que la tendencia es reducir las tasas de interés», pero aseguró que no se trata de «nada dramático».