Uno de los principales enigmas de la política venezolana, es por qué el Estado parece haber renunciado en estos últimos meses a su papel de conductor del proceso económico venezolano. Esto es sin duda una gran paradoja para un Estado que no ha renunciado a ser el más importante actor de la economía venezolana, pero […]
Uno de los principales enigmas de la política venezolana, es por qué el Estado parece haber renunciado en estos últimos meses a su papel de conductor del proceso económico venezolano. Esto es sin duda una gran paradoja para un Estado que no ha renunciado a ser el más importante actor de la economía venezolana, pero que efectivamente ha tendido a convertirse en exclusivamente eso, un actor, que por más importante que sea no logra dirigir el proceso en el cual se encuentra inmerso.
Sin ánimos de ofender a nadie, las instancias encargadas de la dirección económica y financiera de la Nación, tienden hoy a comportarse como unos gigantescos departamentos de Administración y Tesorería. Es decir, que no cumplen su papel de rectores de las políticas económicas y financieras del Estado, aunque concentran todas las decisiones que involucren manejo de recursos en el ámbito público. Si existe una jefatura económica en el gabinete, ésta lo es menos para elaboración y ejecución de una estrategia, que para decidir si se destinan tantos recursos a la importación de pollo o a la liquidación de importaciones de medicamentos. Luego, que esa importación de pollo o de medicamentos cumpla una función económica determinada, se venda al precio deseado y a través de los canales de distribución adecuados, deja de ser un asunto de política económica para convertirse en un problema de los organismos de fiscalización y seguridad.
Incluso asumiendo que esta forma de proceder está motivada por un imperativo de justicia y de protección del derechos de los venezolanos al acceso a los alimentos o los medicamentos, la realidad nos ha enseñado que esta estrategia sólo funciona, y de manera imperfecta, a la escala de las redes de distribución del Estado (Mercal, PDVAL, etc), pero no para regir el comercio de bienes y servicios a nivel de la sociedad entera. El objetivo político es justo, es necesario y acorde a los preceptos humanistas del chavismo bolivariano. Pero un objetivo no es sino la parte final, la punta visible del Iceberg, de una política pública. Fijar el objetivo deseado no exime de pensar cómo alcanzarlo efectivamente, y no únicamente a través de medios coercitivos. He ahí la diferencia de naturaleza entre un estrategia de política económica y una simple y llana administración de recursos.
¿Cuáles son las premisas y las políticas rectoras para asegurar un objetivo de crecimiento económico, en qué sectores y con qué actores? ¿Qué estrategia económica tener frente a la inflación, y cómo llevarla a niveles que consideremos adecuados? ¿Cómo crear condiciones para incrementar la producción nacional de bienes y servicios? ¿Cómo alentar el espíritu emprendedor del pueblo venezolano, especialmente en las formas de organización productiva solidarias? Estas no parecen ser las cuestiones que ocupan el tiempo de los equipos encargados de la política económica, porque la estrategia económica consiste en afirmar: de los recursos que tenga el Estado (de la renta petrolera), se utilizará lo que sea necesario para comprar alimentos, medicamentos, hacer viviendas, escuelas, entregar canaimitas, etc. ¿Cómo generamos los recursos para garantizar esos derechos? ¿Cómo producimos en Venezuela esos alimentos, medicamentos, materiales de construcción o computadoras? Eso parece ser harina de otro costal…
A lo largo del último año, la hipótesis que más a menudo se ha formulado para explicar que no se haya tomado ninguna decisión significativa en materia económica, consiste en afirmar que el gobierno ha querido evitar el costo político de un ajuste macroeconómico. Dicho de otra manera, en un año electoral, el gobierno bolivariano habría decidido no incrementar los precios de la gasolina o ajustar el tipo de cambio, entre otros, para no tener que asumir el costo político negativo que estas medidas podrían implicar. Pero el hecho más desconcertante es que, francamente, cuando miramos el año en retrospectiva, el ajuste macroeconómico se ha venido produciendo por inercia, independientemente de la indecisión del gobierno, y en cierta medida ante el vacío que ha dejado la ausencia de estrategia económica gubernamental. Con la excepción de los precios de la gasolina y los servicios públicos que provee directamente el Estado, todo lo demás se ha «ajustado» por la vía más brutal, que es la de la fuerza especulativa del mercado. Los productos de la canasta básica tienen oficialmente un precio «justo», pero igual se revenden ilegalmente a precio «de mercado» sin ningún tipo de control ni transparencia. Y los precios de los bienes y servicios que no integran la canasta básica, es decir la inmensa mayoría, son objeto de una «ajuste» especulativo permanente, que es función de las expectativas irracionales de inflación que se terminan imponiendo cuales matrices de opinión, ante la ausencia de indicadores oficiales, o el silencio de voceros autorizados acerca de las perspectivas y las expectativas de mediano y corto plazo. Si nadie hace nada, si nadie dice nada, el mercado al final del día hace desastres.
Por supuesto que me refiero estrictamente a la política económica. Porque el despliegue logístico del Estado para luchar contra las distorsiones del mercado por vías no económicas, como el cierre de la frontera o los controles administrativos, puede llegar a ser tanto más impresionante que contrasta precisamente con la absoluta inercia en el frente de la política económica.
Lo mismo ha sucedido con el mercado cambiario y la cotización del Bolívar frente al Dólar. Al no existir ningún mercado ni indicador oficial confiable ni accesible para las operaciones cambiarias, se termina imponiendo la locura especulativa de una cuenta de twitter y un puñado de casas de cambio en Cúcuta. Y lamentablemente, aunque sus cotizaciones no tengan ningún basamento económico serio, se imponen por defecto como indicadores de referencia que tienen un impacto en la fijación de precios y en la inflación. Argumentar que la inmensa mayoría de las importaciones, que son las de productos básicos como alimentos y medicamentos, se transan a tasa de 6,30 Bolívares por Dólar es no entender nada a la naturaleza del problema, y en cualquier caso no contribuye a resolverlo. Porque de lo contrario no experimentaríamos los elevados niveles de inflación que todos percibimos en nuestra actividad económica diaria. De hecho, que el Estado recurra a la expansión monetaria, es decir a la emisión de dinero para financiar sus políticas, es un reconocimiento tácito de que la tasa a la cual cambia sus dólares en el Banco Central está totalmente desfasada con respecto a la realidad. Como también es un reconocimiento tácito de los altos índices de inflación, que terminan afectando al Estado de la misma manera que a cada uno de nosotros, con la notable diferencia que los ciudadanos no pueden imprimir sus propios billetes, y al no poderlo hacer recurren, cuando pueden, al ajuste especulativo de precios.
Por interesante que resulte conocer cuáles fueron los motivos del equipo de dirección económica para renunciar a conducir una estrategia económica mientras que el mercado realizaba un brutal ajuste especulativo, debo confesar que no he logrado dar, y no por falta de interlocutores, con una respuesta convincente y satisfactoria. Además, siempre cabe suponer que esto no sea el resultado de una decisión deliberada, sino la imprevisible resultante de una gran suma de pequeñas indefiniciones. Entre otras razones, porque es un muy mal cálculo suponer que el ajuste tendrá menos consecuencias políticas para el gobierno, por el simple hecho de que se haya producido por inercia, y no por decisiones políticas explícitas.
En cualquier caso, lo que resulta más claro de percibir es la enseñanza de que la ausencia de política, la inacción y el silencio, especialmente en materia económica, es siempre la peor opción. Como ya lo dije alguna vez en el pasado, no tener política económica es lo único peor que tener una política económica errada.
Y a diferencia de lo que piensen algunos, yo considero que nunca es demasiado tarde para tomar buenas decisiones en esta materia. En los últimos dos años, no son pocas las propuestas e ideas que han circulado sobre la estrategia económica a seguir. A pesar de que cada quien tenga sus preferencias o sensibilidades, tiendo a pensar que, cualquiera que sea la estrategia que termine privilegiando el gobierno bolivariano, recibirá por lo menos el reconocimiento de que ha asumido con liderazgo y de manera activa la búsqueda de soluciones a uno de los problemas más importantes que afecta a la sociedad venezolana. Si hay algo que sabe reconocer y recompensar el pueblo chavista, es que su liderazgo no esquive los problemas, sino que le plantee estrategias y objetivos claros, y actúe firmemente en consecuencia.
Temir Porras
@temirporras
Fuente: http://www.notiminuto.com/noticia/ajuste-por-defecto/