Esta primera fase de la reforma fiscal ha dejado descolocada a la izquierda, que todavía no ha asumido que haya sido el gobierno conservador de Mariano Rajoy el que haya tomado la iniciativa y aplicado la reforma progresista del impuesto E L programa de reducción del déficit presupuestario acordado por el Gobierno de Zapatero y […]
Esta primera fase de la reforma fiscal ha dejado descolocada a la izquierda, que todavía no ha asumido que haya sido el gobierno conservador de Mariano Rajoy el que haya tomado la iniciativa y aplicado la reforma progresista del impuesto
E L programa de reducción del déficit presupuestario acordado por el Gobierno de Zapatero y la Comisión Europea llega hasta el año 2014. Esto significa que el Gobierno de Rajoy tiene que asumir los objetivos planteados en dicho programa, aunque puede cambiar los métodos para alcanzarlos. En esto consiste el Pacto por el Euro plus vigente: los objetivos fiscales de los gobiernos de la zona euro han dejado de ser parte de la soberanía económica nacional, que se tiene que someter a los dictados de los dirigentes comunitarios. Por cierto, que no todos los estados de la eurozona ven limitada su soberanía de la misma forma, pues la vigilancia de Bruselas se centra en los países con «déficit excesivo», que según el pacto de estabilidad se sitúa en el 3% del PIB, pero que en la práctica es cualquier déficit por encima del de Alemania. En los últimos años, todos los países de la eurozona, menos Luxemburgo, Finlandia, Malta y Austria, se encuentran en esa situación.
El programa de estabilidad vigente incluye un compromiso para 2012 de reducción del gasto de 10.700 millones de euros (en salarios de 3.600 millones de euros, de 1.700 millones en la inversión pública, 1.400 millones en subsidios y transferencias sociales, 1.300 millones en gasto corriente y 2.800 millones en otros gastos). Además, se preveía un aumento de ingresos de 9.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, de forma que, a pesar de que el pago de intereses de la deuda aumenta este año en 3.600 millones de euros, el déficit del presupuesto se reduciría de unos 63.000 millones de euros en 2011 a unos 47.000 millones en 2012. La Comisión Europea estimaba un déficit en 2010 de 3.000 millones más que el gobierno, y una reducción del gasto en empleados públicos mucho menor, lo mismo que los ingresos previstos por cotizaciones sociales, de modo que el déficit se quedaría este año en unos 57.000 millones de euros.
El nuevo gobierno del PP descubre que las Comunidades Autónomas -sobre todo en las que gobiernan los populares– hay otros 20.000 millones de déficit escondidos, y por eso propone medidas extraordinarias para afrontar los compromisos de reducción del déficit. La Comisión señala que «el 60% del ajuste fiscal requerido para cumplir con el objetivo de déficit del 3% del PIB en 2013 se realizaría entre 2010 y 2011.» y que «la reducción acumulada del déficit hasta 2014 sería de 7,1 puntos porcentuales del PIB y se realizaría principalmente por el lado de los gastos».
Se esperaba que el nuevo año se centrase en la reforma bancaria, ya que las entidades españolas tienen que afrontar en el primer semestre unos 120 mil millones de euros (equivalentes al 12% del PIB) de vencimientos de préstamos obtenidos de la banca internacional y del Banco Central Europeo, frente a los 40 mil millones que se refinanciaron en 2011. Sin embargo, el 2% del PIB extra de déficit sumergido de las Comunidades Autónomas supone ampliar hasta 2012 el peso del ajuste fiscal, complicando en gran medida la gestión de la crisis.
Las primeras medidas para enfrentar esta situación, consistentes en un paquete de recortes de gasto de 8.900 millones de euros y de aumento de los ingresos de 6.275 millones, superan el importe del ajuste previsto por la Comisión, y tres cuartas partes de la prevista por el gobierno anterior. En todo caso, lo relevante no es tanto el impacto cuantitativo, sino el hecho de que más de dos tercios del aumento previsto en los ingresos proviene de la impuesto de la renta.
La reforma del IRPF llevada a cabo el año pasado por el Gobierno de Zapatero se limitó a crear dos tramos nuevos, de forma que en lugar del tope del 43%, las rentas superiores a 120.000 euros tributaran al 44% anterior y las que pasen de 175.000 euros al 45%.
Frente a esta timorata reforma, que a lo sumo supondrá un aumento de la recaudación este año de unos 210 millones de euros, el Gobierno de Rajoy ha revolucionado el impuesto, convirtiéndolo por fin en un verdadero impuesto progresivo sobre la renta, aunque las rentas del ahorro siguen sin tributar lo mismo que las rentas del trabajo, pese a que también se han incrementado los tipos en 4 puntos para los beneficios de ahorros entre 6 y 24 mil euros y 6 puntos para los ingresos de ahorros superiores a esa cantidad. Para recaudar unos 4.100 millones de euros extra, se ha aplicado una subida de hasta un 7% en los tramos superiores del impuesto, comenzando por un 0,75% en el menor tramo, y creando un nuevo tramo en la parte superior de la pirámide, de modo que a partir de ahora las rentas superiores a 175.000 euros tributarán más de la mitad de su renta. Los 150 mil contribuyentes con rentas superiores a 120.000 euros tributarán 765 millones de euros más, unos 5.100 euros de media cada uno, frente a 225 euros de media de los más de 18,3 millones de contribuyentes con rentas inferiores a la cifra anterior.
Basta leer los documentos de trabajo de la Comisión en relación con el seguimiento al programa de ajustes de España para identificar futuras actuaciones fiscales por parte del PP. El Gobierno de Zapatero pretendía recaudar en 2012 unos 2.100 millones de euros más en cotizaciones sociales, cifra que la Comisión reduce a menos de 1.000 millones. Esta diferencia deriva de que el gobierno preveía para este año que comienza un aumento del 1,5% en el empleo, y la Comisión solo un 0,8%. Aunque ambas previsiones resulten erróneas por optimistas, pues el empleo se ha reducido en más de 350.000 puestos de trabajo, lo cierto es que la Comisión insiste en que las cotizaciones patronales a la Seguridad Social son «elevadas» y «distorsionan el sistema tributario», proponiendo por tanto su reducción y «compensar las menores cotizaciones sociales con aumentos de los impuestos indirectos y los impuestos especiales».
El gobierno ya ha comenzado en esta senda de reforma global del sistema tributario, con el aumento en el IBI y en el gasóleo profesional. Tarde o temprano, veremos alguna decisión relativa a las cotizaciones sociales, el IVA y otros impuestos. En todo caso, esta primera fase de la reforma fiscal ha dejado descolocada a la izquierda, que todavía no ha asumido que haya sido el gobierno conservador el que ha aplicado la reforma progresista del impuesto. Si como dice su portavoz, dentro de dos años, el PP intenta revertir la reforma -cosa harto dudosa- veremos a la izquierda defender con ahínco el carácter progresista de los tipos de gravamen decididos por los populares.
Si se adecuan además los medios de la agencia tributaria para detectar el fraude y la evasión en las rentas superiores (solo 70.000 personas declaran ingresos superiores a 175.000 euros anuales, y es conocido que muchos de los multimillonarios españoles declaran ingresos inferiores a esa cifra), y se lucha decididamente contra la economía sumergida -la Comisión recoge la cifra ofrecida por el Banco Mundial, que habla de 4 millones de empleos no declarados en la economía española, que suponen aproximadamente una minoración de ingresos fiscales por cotizaciones sociales y renta de unos 30 a 40.000 millones de euros- se podrá hablar de que el nuevo gobierno se estrena con una verdadera revolución fiscal cuyo alcance va mucho más allá de la mera gestión del déficit.
http://www.deia.com/2012/01/05/opinion/tribuna-abierta/ajuste-y-revolucion-en-los-impuestos