Entre el 5 y el 11 de abril los ministros de Finanzas del mundo se reunieron virtualmente en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para abordar la pandemia y la recuperación socioeconómica.
Sin embargo, un estudio global recién publicado por la Iniciativa para el Diálogo de la estadounidense Universidad de Columbia, sindicatos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, alerta sobre una nueva ola de austeridad: la mayoría de los gobiernos están imponiendo recortes de presupuestos, precisamente en un momento en que los ciudadanos y las economías están más necesitados de apoyo público.
El análisis de las proyecciones fiscales del FMI muestra que se esperan recortes presupuestarios en 154 países este año, y hasta en 159 países en 2022. Esto significa que 6600 millones de personas o 85 % de la población mundial vivirá en condiciones de austeridad en el próximo año, tendencia que probablemente continuará hasta 2025.
Los altos niveles de gasto utilizados para hacer frente a la pandemia han dejado a los gobiernos con déficit fiscal y deuda. Y en lugar de explorar opciones de financiación para proporcionar el apoyo necesario para la recuperación socioeconómica, los gobiernos -asesorados por el FMI, el Grupo de los 20 (G20) y otros- están optando por la austeridad.
El shock fiscal pospandemia parece ser mucho más intenso que el que siguió a la crisis financiera mundial hace una década.
La contracción media del gasto en 2021 se estima en 3,3 % del producto interno bruto (PIB), casi el doble que en la crisis anterior.
Se prevé que más de 40 gobiernos gastaran menos que los (ya bajos) niveles prepandemia, reduciendo los presupuestos públicos más de 12 % de promedio en 2021-2022 en comparación de 2018-2019, incluidos países con altas necesidades de desarrollo como Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Liberia, Libia, República del Congo, Sudán del Sur, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
Los peligros de recortes prematuros de austeridad se evidencian de la última década de ajuste.
Durante 2010-2019, miles de millones de personas se vieron afectadas por la reducción de las pensiones y beneficios de la seguridad social; por la reducción de subsidios a alimentos, agricultura y combustible; por recortes a los salarios y al número de funcionarios en servicios públicos como la educación, la salud, el agua o el transporte público; por la racionalización y la focalización excesiva de los programas de protección social en los que sólo los más pobres recibieron beneficios cada vez más pequeños, mientras que la mayoría de las personas quedaron excluidas; y por la menor seguridad laboral para los trabajadores, al desmantelarse la normativa laboral.
Muchos gobiernos también introdujeron impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, que redujeron más aún los ingresos familiares disponibles. En muchos países, los servicios públicos se redujeron o privatizaron.
La austeridad demostró ser una política mortal: el débil estado de los sistemas de salud pública, sobrecargados, con poca financiación e insuficiente personal debido a una década de austeridad, agravó las desigualdades en salud e hizo que las poblaciones fueran más vulnerables a la covid-19.
Es necesario asegurar que no hayan más medidas de austeridad. Después de los devastadores efectos de la pandemia de covid, la austeridad solo causará más sufrimiento innecesario para la población.
La austeridad es una mala política. Existen alternativas, incluso en los países más pobres. En lugar de recortar drásticamente el gasto, los gobiernos pueden y deben explorar opciones de financiación para incrementar los presupuestos públicos.
Primero, los gobiernos pueden aumentar los ingresos fiscales con impuestos a la riqueza, la propiedad, las ganancias corporativas o al sector financiero, que generalmente permanece sin o con baja tributación.
Por ejemplo, Bolivia, Mongolia y Zambia están financiando pensiones universales, prestaciones para niños y otros beneficios sociales con impuestos a la minería y al gas; Brasil introdujo un impuesto sobre las transacciones financieras para expandir la cobertura de la protección social.
Segundo, más de sesenta gobiernos han reestructurado/reducido con éxito sus obligaciones de deuda y así liberado recursos para el desarrollo.
Una tercera opción es eliminar los flujos financieros ilícitos, como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Cuarto, los gobiernos también pueden cambiar las prioridades de sus gastos, abandonar inversiones de bajo impacto social como el gasto en defensa y rescates a bancos/corporaciones; por ejemplo, Costa Rica y Tailandia redirigieron el gasto militar a la salud pública.
Quinto, otra opción de financiación es utilizar las reservas fiscales acumuladas en los Bancos Centrales.
Sexto, atraer transferencias/ayuda al desarrollo o préstamos en condiciones favorables.
Una séptima opción es adoptar marcos macroeconómicos más acomodaticios.
Y octavo, los gobiernos pueden formalizar a los trabajadores en la economía informal con buenos contratos y salarios, lo que aumenta el fondo de cotización y amplía la cobertura de la protección social.
Las decisiones sobre gasto y financiación afectan la vida de millones de personas, no pueden tomarse a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas: todas las opciones deben considerarse en un diálogo social nacional con representantes de sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos relevantes.
#NoMasAusteridad es una campaña global para detener las medidas de austeridad con impactos sociales negativos.
Desde 2020, más de 500 organizaciones y académicos de 87 países han pedido al FMI y a los ministerios de Finanzas que abandonen de inmediato la austeridad y, en cambio, prioricen políticas que promuevan la justicia de género, reduzcan la desigualdad y pongan a las personas y al planeta en primer lugar.
Isabel Ortiz, directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Matthew Cummins, execonomista principal en el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial.
RV: EG