Prostitución, tráfico humano, pobreza y sida son saldos sociales de dos megaproyectos de petróleo y gas en las zonas de Asia donde éstos se desarrollan, afirma una investigación de organizaciones no gubernamentales.
Las causas radican en el reasentamiento de trabajadores, principalmente hombres extranjeros, que trabajan en la construcción de tuberías y otras instalaciones, además de las débiles o inexistentes políticas de género.
Problemas como éstos fueron encontrados en dos de los mayores proyectos mundiales de explotación y distribución de hidrocarburos: el oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), con un costo de 3.200 millones de dólares y que corre por Azerbaiyán, Georgia y Turquía, y el proyecto gasífero y petrolífero Sakhalin II, de 20.000 millones de dólares, en la isla homónima situada en el extremo oriental de Rusia, sobre el océano Pacífico occidental.
Ambos son dirigidos por gigantes petroleros internacionales y financiados en parte por la banca pública multilateral, dominada por naciones industrializadas ávidas de combustibles y energía.
El brazo del Banco Mundial que presta al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, respaldó los dos proyectos. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) financió el BTC con un préstamo público de 250 millones de dólares. Y está determinado a tomar una decisión final en materia de financiamiento sobre el muy controvertido Sakhalin II.
La angloholandesa Shell lidera el consorcio que explota el proyecto Sakhalin II, mientras que la gigante británica British Petroleum construye las tuberías de BTC para transportar petróleo desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo.
El oleoducto de BTC tendrá unos 1.800 kilómetros, desde la terminal de Sangachal, cerca de Baku, capital de Azerbaiyán, a través de Georgia y hacia el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.
Sakhalin II ampliará la extracción de petróleo y gas de la plataforma submarina de la isla rusa. Se prevé que la producción comience en 2008, y 60 por ciento de ella irá al mercado japonés.
El informe «Boom time blues: Big oil’s gender impacts in Azerbaijan, Georgia, and Sakhalin» («Blues de tiempos de auge: Impactos de género del petróleo en Azerbaiyán, Georgia y Sakhalin»), presentado el 22 de septiembre, alega que los proyectos generan una carga social enorme y pobreza para las comunidades locales, particularmente para las mujeres, en la medida en que una fuerza laboral de hombres extranjeros se asienta en esas áreas.
Los megaproyectos de Shell y British Petroleum también han causado degradación ambiental, pérdida de tierras y daños en la infraestructura comunal, según el informe de la no gubernamental CEE Bankwatch Network (Red de Control de la Banca Multilateral Europea) y de Gender Action, una organización con sede en Washington.
El estudio se basó en misiones de investigación enviadas por CEE Bankwatch Network a Azerbaiyán, Georgia y Sakhalin a comienzos de este año, un análisis de las informaciones existentes de organizaciones no gubernamentales locales y de grupos de activistas, y una encuesta y una evaluación de los dos proyectos desde el punto de vista de los problemas de género, a cargo de Gender Action.
En el caso del proyecto ruso, las organizaciones aseveran que produjo muchas menos oportunidades de empleo para mujeres de la zona de lo que originalmente se había prometido, y la mayor cantidad de los mismos eran para provisión de alimentos y limpieza.
Las condiciones laborales de las mujeres contratadas para esas tareas a menudo son consideradas inaceptables por los habitantes de la zona, pues conllevan horarios muy extensos.
Como muchos de los trabajadores del proyecto proceden de países «exóticos», trajeron con ellos enfermedades igualmente «exóticas», como la tuberculosis, que en el pasado no se encontraba en el área, según el informe.
El documento afirma que las mujeres de la zona están avergonzadas y alarmadas por las señales del aumento de la prostitución, y han sido víctimas de acoso sexual y de otros delitos debido al contacto entre los trabajadores y las poblaciones locales.
«Una y otra vez en la isla, oí comentarios de gran descontento sobre el comportamiento de Shell hacia el ambiente local y los severos efectos del proyecto sobre el entramado social de Sakhalin», dijo Fidanka Bacheva-McGrath, de la filial checa CEE Bankwatch Network, que realizó investigaciones para el informe.
Los pedidos de declaraciones hechos por IPS a British Petroleum, la Corporación Financiera Internacional y el BERD no fueron contestados.
Según el informe, al proyecto de BTC no le fue mucho mejor.
«Pese a los compromisos de los patrocinadores del proyecto y de los prestamistas, éste no amplió el acceso de las mujeres a los recursos naturales y a una mejor infraestructura, no proporcionó empleo ni ingresos permanentes ni les dio más poder para participar en la toma de decisiones», señaló.
El reporte revela que los derechos de las mujeres, el tráfico sexual y la propagación del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se han convertido en importantes preocupaciones para las comunidades locales cercanas al oleoducto BTC.
El documento incluye declaraciones del jefe de policía de una de las regiones que rodean al BTC, según las cuales, el incremento del narcotráfico y del sida están directamente vinculados con la prostitución causada por la obra.
Durante la construcción, se mudaron muchos extranjeros, así como trabajadores de otras regiones del país para desarrollar servicios necesarios a esta población, como restaurantes y hoteles. Como resultado, el uso de drogas, el meretricio y el consumo de alcohol aumentaron.
Las organizaciones autoras del informe lo consideran una evidencia más de que las instituciones que respaldan estos proyectos deberían dejar de financiarlos o bien insistir en que cumplan con estándares sociales y ambientales más estrictos, resistidas por las empresas debido a sus mayores costos.
«Tanto el BERD como el la Corporación Financiera Internacional hicieron la vista gorda ante el aumento de la prostitución, el tráfico de personas y el sida causados por los proyectos de BTC y Sakhalin II», afirmó Elaine Zuckerman, de Gender Action.
Zuckerman dijo que los financiadores públicos deberían dar pasos para frenar el abuso a las mujeres e incorporar mejores medidas de protección en sus garantías de préstamo.
«Deben crear y, lo que es más importante, implementar políticas para impedir el tipo de impactos de género propios de las grandes inversiones que están haciendo», manifestó a IPS.
«Por un lado, (los financiadotes) tienen esos pequeños proyectos que están presuntamente proveyendo servicios de atención a la salud y, por otro, están los planes de gran presupuesto, como los oleoductos, que debilitan sus propios objetivos en materia de reducción de la pobreza y de servicios de salud», agregó.
La banca multilateral no tiene reglas para respetar las garantías básicas de las mujeres, asegurándose que llegue hasta ellas la administración social, el desarrollo comunitario y las consultas, y protegiéndolas de violaciones de derechos humanos, afirma el informe.
Los críticos opinan que proyectos tan grandes tradicionalmente causan oportunidades laborales limitadas y de corto plazo, y que a menudo no logran brindar el apoyo prometido a las comunidades locales o el alivio de la pobreza.