La máxima que dice ‘ante confesión de parte relevo de pruebas’, bien pudiera aplicarse a los administradores, Junta Directiva del Canal y promotores del proyecto de ampliación. Sólo unos días después del referéndum, ya se confesaba que el proyecto costará más de los 5,250 millones que alegaron, que no existen estudios de impacto ambiental, que […]
La máxima que dice ‘ante confesión de parte relevo de pruebas’, bien pudiera aplicarse a los administradores, Junta Directiva del Canal y promotores del proyecto de ampliación. Sólo unos días después del referéndum, ya se confesaba que el proyecto costará más de los 5,250 millones que alegaron, que no existen estudios de impacto ambiental, que la administración de la ACP no será capaz de asumir esta empresa, por lo cual se requerirá su reestructuración, que el proyecto está ‘muy en verde’; o sea, que se engañó al pueblo como en su momento lo denunciaron los grupos populares.
A propósito de eso, en la Procuraduría reposan varias denuncias de los grupos populares, incluido lo referente a las revelaciones de las Acta de la Junta Directiva de la ACP, sin que se observe diligencia alguna de los llamados a investigar y perseguir el delito. Los grupos populares deben continuar vigilantes sobre este tema y sobre la imperiosa necesidad de que los excedentes del Canal se dirijan a favorecer los intereses de los pobres y marginados a quienes el Gobierno y la clase dominante pretenden ignorar y engañar una vez más.
Por otra parte, las empresas comercializadoras de la electricidad, subsidiadas por el Estado, buscan elevar el precio de la tarifa eléctrica castigando aún más a los hogares humildes del país con el beneplácito del gobierno de Martín Torrijos. A ello se suma la ausencia de una política energética propia, lo cual permite a las empresas petroleras y sus distribuidoras jugosas ganancias con la especulación en el precio del combustible. Todo esto se traduce en un incremento de la canasta básica familiar, que golpea el bolsillo de los más humildes. La situación se agrava con la famosa carta de intenciones firmada por el promotor de la Ley BANISTMO, Carlos Vallarino, con el Banco Mundial, el 8 de septiembre de 2006. Con ello no es de extrañar los despidos masivos en el sector público, nuevas privatizaciones, incluidas el agua, la salud y la educación; y nuevos impuestos. ¿Cuál es el propósito? Pues, más préstamos que aumentarán la deuda externa y pública del país. Sólo en el período de este gobierno la deuda supera los $1,500 millones, con lo cual se desvían vitales recursos que necesita el país a cambio de una deuda cada vez más onerosa e impagable.