Ha costado treinta años, y en menos de una semana el melón de la Constitución se ha abierto para cerrarlo y dejarlo atado y bien atado. Y no se ha abierto para hablar de mayor democracia, de concluir definitivamente el capítulo del federalismo inacabado o para ajustar el marco judicial a los tiempos actuales. Se […]
Ha costado treinta años, y en menos de una semana el melón de la Constitución se ha abierto para cerrarlo y dejarlo atado y bien atado. Y no se ha abierto para hablar de mayor democracia, de concluir definitivamente el capítulo del federalismo inacabado o para ajustar el marco judicial a los tiempos actuales. Se ha abierto por los mercados y se ha cerrado para los mercados. Aunque se excuse en señalar a Merkel y Sarkozy como promotores en cubierto de esta reforma constitucional, estos no son más que la representación del conjunto de hombres y mujeres que realmente mueven el sistema: banqueros, agentes financieros, grandes fortunas… todo ello cohesionado a través del pensamiento neoliberal más ofensivo de las últimas dos décadas. Y de momento, vencen.
Fijar en la Constitución -la ley cuya modificación por el cauce legal es la más compleja y laboriosa de todas- el límite de endeudamiento viene a poner al Estado del Bienestar contra las cuerdas y a aupar la máxima neoliberal de no-intervención estatal en la economía. El papel del Estado en la Constitución de 1978 es diametralmente opuesto al que se va a configurar con la reforma planteada por el presidente Rodríguez Zapatero. Hemos pasado de un Estado que debía velar a través de la política fiscal y presupuestaria por la consolidación, afianzamiento y extensión del Estado del Bienestar a una empresa que compite en un mercado y cuyo objetivo es la estabilidad presupuestaria por encima del interés general. En la balanza que equilibra la lucha social, los poderosos han logrado imponer su criterio sobre aquellos que, aún siendo mayoría, están viendo mermados sus derechos.
Es difícil comprender que una reforma de este perfil, tan claramente identificado con la derecha económica y política, provenga desde un gobierno «socialista». Precisamente hay que destacar el rápido acuerdo existente entre las direcciones de PSOE y PP, aunque no así entre las bases. Nadie, con vocación de militar en aquel partido que legalizó matrimonios homosexuales o propuso una ley como la de la dependencia puede sentirse cómodo con esta reforma; e incluso más aún si el apoyo del grupo conservador es tan explícito y tan fiel. Nadie, de esos tantos socialdemócratas que veían en Keynes un modelo a seguir, puede estar satisfecho con la reforma.
Y precisamente los que dudamos de la profundidad de Keynes, y abogamos por un cambio más radical de la forma de entender la economía y de aplicarla, no podemos estar sino totalmente en contra de esta reforma. Una reforma que se hace a espaldas de la ciudadanía e incluso de la propia militancia de los partidos que la firman y apoyan. Una reforma que, en definitiva, no hace sino dar la razón a aquellos que día a día se reúnen y debaten sobre la precariedad democrática que tiene este país, el yugo que imponen los mercados y la necesidad de una alternativa.
Por estos motivos, el Consejo de Redacción de Economía Crítica y Crítica de la Economía, se opone a la reforma de la Constitución emprendida por PSOE y PP, animando a la desobediencia parlamentaria de aquellos que no se sienten identificados con la reforma y a la movilización no violenta y masiva para combatir esta propuesta de cercenamiento del Estado del Bienestar y de la capacidad del país para ejecutar políticas económicas útiles, necesarias y contundentes.
Creemos necesaria la movilización sostenida hasta lograr el cese de los ataques de los poderosos sobre las clases populares como paso previo a la recuperación de los derechos cedidos en los últimos años y la mejora de los mismos. Así mismo exigimos que las élites políticas y económicas se sometan a un proceso de confrontación y debate que vaya orientado a una democratización de las relaciones económicas y de cuidados. El CdR de ECCE creemos que esto pasa por un debate urgente, que desearíamos profundo y transparente, sobre la sostenibilidad ecológica de nuestro modelo productivo y sobre la crisis de legitimidad de las instituciones políticas que lo regulan.
Suyo es el capital, pero la calle aún es nuestra.