El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, destituyó este jueves a Ricardo Branda del cargo de vicepresidente segundo del Banco Central, apenas 15 días después de quedar sujeto a proceso acusado de haber aceptado soborno para votar una ley en 2000 cuando era senador.
Branda será reemplazado por el actual director de la Caja de Valores y titular de la empresa petrolera estatal Enarsa, Luis Corsiglia, quien realizó una labor clave el último año en el proceso de reestructuración de la deuda argentina que había sido declarada en cese de pagos a fines de 2001 por el efímero gobierno interino de Adolfo Rodríguez Saá.
Corsiglia se desempeñará en el cargo en comisión hasta que el Senado, como lo indica la ley, confirme la designación realizada este jueves por el Poder Ejecutivo.
Kirchner respondió así a la decisión de la justicia federal de procesar a Branda por «cohecho pasivo» y «encubrimiento» en el escándalo de los millonarios sobornos que el gobierno frustrado de Fernando de la Rúa (1999-2001) habría ordenado pagar a senadores que se resistían a apoyar un proyecto de reforma laboral.
Tras una parálisis de cinco años en la pesquisa, el juez federal Daniel Rafecas procesó por cohecho activo al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibáñez por su responsabilidad en aquellas maniobras.
También encausó, pero por cohecho pasivo, a seis ex senadores, uno de ellos Branda, el único de los involucrados en esta causa que mantenía un cargo público. Branda pertenece al ahora gobernante Partido Justicialista y había sido designado en 2001 vicepresidente segundo del Banco Central.
Para procesar a Branda, el juez se basó en una serie de elementos, como las llamadas telefónicas que el ahora ex funcionario hizo cuando era senador desde una posición cercana al departamento de su par Emilio Cantarero, acusado de repartir en su casa los cinco millones de dólares de los sobornos. La comunicación fue realizada en la noche en que se efectuó el pago.
Rafecas también consideró «llamativo» el cambio de posición del entonces senador Branda, que pasó repentinamente de crítico acérrimo de la iniciativa de reforma laboral del gobierno de De la Rúa a votar a favor del proyecto, dejando a un lado el discurso que tenía elaborado con argumentos contrarios a los cambios que se impulsaban.
Branda ya había sido procesado en otra causa en la que se lo acusó de recibir una dádiva mientras era senador. «A mí no me importa que digan que yo consigo cosas para la política a cambio de votar algunas leyes; si eso es ser corrupto, entonces yo soy corrupto», declaró por esos días al semanario local Noticias.
Para remover a un directivo del Banco Central, la ley establece que el presidente tiene que pedir primero un informe a una comisión bicameral del Congreso, conformada para evaluar la conducta del acusado. El dictamen parlamentario no es vinculante, pero sirve como base para el pronunciamiento presidencial.
Apenas conocido el procesamiento judicial contra Branda, el mandatario argentino pidió a la comisión que se expidiera. Los legisladores estudiaron el fallo, convocaron al acusado para que hiciera su descargo y escucharon testimonios que lo incriminaron. Finalmente, el martes recomendaron removerlo de su cargo en el directorio del Banco Central.
En su defensa, el acusado denunció «una gran presión política» en su contra y se preguntó porqué no se desplazaba también a otros funcionarios con causas judiciales pendientes. En ese sentido, mencionó al actual embajador de Buenos Aries en Washington, José Octavio Bordón, y al propio Martín Redrado, presidente del Banco Central.
Redrado es investigado por la justicia desde hace cinco años por el presunto cobro de sueldos extras de modo ilegal cuando ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Valores durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999). La práctica de cobrar «sobresueldos» fue práctica común en altos niveles de gobierno de esa época.
Su secretario privado de entonces Adrián de Santis denunció en 2000 ante la justicia que su jefe percibía 46.000 dólares de sobresueldo al mes como presidente de la Comisión, monto que utilizaba discrecionalmente para repartir entre sus colaboradores o para pagar gastos personales como obsequios para su esposa.
Esta versión fue confirmada por al menos tres testigos más, pero la causa no avanza.
El diputado Adrián Pérez, del opositor Afirmación para una República de Iguales, había impugnado el nombramiento de Redrado en la presidencia del Banco Central debido a esta denuncia, y también reclamó sin éxito a una comisión bicameral del Congreso que se pronunciara sobre este caso.
«Lo hicieron recién hace un mes, el dictamen fue secreto, y se resolvió mantenerlo en el cargo, pero la resolución no se difundió», dijo a IPS Pérez, que sospecha que haya un interés del oficialismo de proteger a Redrado.
El legislador comentó que en la causa judicial hay pruebas y testimonios en contra del titular del Banco Central. Asimismo, remarcó que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a través de su titular Manuel Garrido, pidió a la justicia que tome declaración a Redrado por los sobresueldos.
Sin embargo, el funcionario ni siquiera fue convocado a dar testimonio en la causa, se lamentó Pérez, tras admitir que el caso es distinto del de Branda, que ahora fue procesado por la justicia. De todos modos, considera que es necesario separar también a Redrado del cargo «por incapacidad moral».
«Este gobierno no lucha sinceramente contra la corrupción. Redrado es funcional a la política económica de Kirchner y por lo tanto no lo van a tocar», interpretó el legislador.