Bajo los auspicios del nuevo parlamento nacional surgido de las elecciones del pasado 6 de diciembre, el pueblo de Venezuela recorre los primeros tramos del 2021 inmerso en una nueva etapa del proceso bolivariano. Llegar hasta aquí (debe repetirse una vez más) implicó superar un período (2016-2021) marcado por la violencia política, agresiones externas, amenazas de todo tipo, crisis y agudas contradicciones, promovidas con inaudita saña desde la anterior Asamblea Nacional (AN), cuyos sectores fascistas (hoy en franca dispersión) actuaron como infantería de una “guerra” declarada desde los centros de poder del imperialismo yanqui contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, y no se pararon en mientes, incluso, para apostar por la pandemia del Covid-19 como aliado para acelerar el colapso del país, sin alcanzar a conseguirlo.
Para tener una idea aproximada, vale traer a colación las palabras del premio nobel de economía William Nordhaus (2018), caracterizando la economía de Venezuela bajo ese cuadro de agresión: “La economía de Venezuela, para ilustrarla mejor, es como alguien tendido en el suelo y EEUU encima, dándole con un puñal, desesperado mira a ver si la persona continua con signos vitales, sino, continuará dándole cada vez más fuerte; es muy lamentable, pero jamás vi algo tan feroz, ni lo imagine que llegara a existir, destroza toda teoría económica existente”. Vale decir, lo mismo que ha venido sosteniendo, entre otros, Pascualina Curcio, pero con otras palabras. Bajo su luz, el reciente informe de la oficina del Congreso de EEUU, no es sino una confirmación tardía de un hecho plenamente denunciado y demostrado, hasta la saciedad.
El 2021 comenzó, entonces, bajo el signo de dos logros estratégicos: por un lado, elección de una nueva Asamblea Nacional y, por el otro, la más efectiva gestión contra la pandemia del Covid-19 que gobierno alguno pueda mostrar a lo largo y ancho del continente. Pero comenzó también bajo el influjo múltiple de los problemas, agravados y exacerbados, en todos los planos, por esa guerra, cuya resolución tiende a poner en tensión la unidad política en el seno de la revolución, tan determinante para afrontar al imperialismo y sus aliados en estas nuevas circunstancias; máxime cuando el complot contra Venezuela (con su plataforma en Colombia) no ha quedado atrás, poniendo en evidencia que la relativa calma que ha reinado a comienzos de año en la actitud del gobierno yanqui respecto al gobierno Bolivariano, lejos de suponer un cambio de política exterior del coloso imperialista, traduce, más bien, una suerte de pausa forzosa, determinada por sus complicaciones internas, las cuales busca reconducir a través de su propio proceso de recuperación (el cual apunta hacia un capitalismo inclusivo a lo interno y multilateral en lo externo), tras las secuelas de la administración Trump.
Con todo y esto, ahora el ritmo de la Asamblea Nacional tiene otro carácter, y si bien cada paso que ha ido dando no ha hecho más que acelerar los espasmos agónicos de ese engendro al que se dio en llamar gobierno “interino”, sin embargo, aún no alcanza para, cuando menos, morigerar los efectos abrasivos de las consecuencias de una “guerra” que, si bien no alcanzó a concretar sus propósitos más ambiciosos (derrocar al Presidente Maduro y con ello descuartizar al régimen bolivariano), sí logró socavar seriamente las bases de sustentación material del Estado y, en consecuencia, deteriorar las condiciones de existencia de la población, hasta el punto de provocar serias dudas y fricciones respecto de las perspectivas del gobierno nacional frente a la abarcadora y profunda crisis que cruza al país y, en consecuencia, las propias bases de sustentación de la revolución bolivariana.
Son algunos de los signos que delatan las circunstancias que rodean al Poder legislativo Nacional, ahora dominado por el chavismo. Bajo el influjo de tales circunstancias, dos grandes objetivos estratégicos, definidos y apalancados desde su dirección, trazan el devenir de la AN en esta coyuntura: en primer lugar, restablecer la institucionalidad (reencauzando el poder legislativo al orden constitucional del Estado) y, en segundo lugar, recuperar la economía nacional. Dos tareas en las que el proceso bolivariano y su dirección política se juegan las mejores cartas de una partida hasta ahora irresuelta.
Correlación de fuerzas y colaboración política.
Contrario a lo que podía esperarse a juzgar por el carácter ampliamente mayoritario del bloque chavista en la AN, cuya dirección ostenta y le asegura una labor parlamentaria sin mayores resistencias, las líneas de acción política que sigue esta labor (en pos de los objetivos estratégicos señalados), no parten de la idea de reafirmar la continuidad de la transición al socialismo sobre la base de la delimitación de los intereses sociales (de clases) que tal perspectiva histórica pone en aguda contradicción en la etapa actual, sino de la convergencia de tales intereses de clases contradictorios en una especie de “unión nacional” virtuosa, apalancada en el Dialogo nacional, la reconciliación política y la paz.
Fruto de esta direccionalidad estratégica ha sido, entre otras, la constitución de la Comisión especial para el Dialogo nacional, la reconciliación política y la paz, cuyo trabajo se encuentra orientado a consolidar la estabilidad política que la recuperación económica requiriere, y hasta ahora ha sido esquiva.
En palabras del diputado opositor (de extracción socialdemócrata) Timoteo Zambrano (Presidente de la Comisión de Política Exterior), “no estamos ante cualquier AN; ahora el tratamiento y discusión de los temas no debería hacerse desde la primacía de lo cuantitativo, sino buscando que prive ante todo lo cualitativo, dada la gravedad de los problemas que afronta el país y deben resolverse”.
Se trata, a nuestro entender, de conceptos que delatan la existencia de equilibrios muy sensibles en los marcos de las grandes tensiones y contradicciones sociales que rodean la proyectada obra de “reingeniería” institucional y económica trazada, que a su vez exponen la naturaleza de la colaboración política que ha tomado cuerpo en el seno del parlamento entre expresiones políticas distintas, dispares y, en esencia, contrapuestas (chavismo y oposición), a partir de coincidencias (relativas) catalizadas por la obra anti nacional devastadora del parlamento anterior. La significación y alcances de esta colaboración, se ponen, objetiva y constantemente, a prueba por las presiones populares por mejoras económicas, el carácter de las políticas y medidas, etc., al calor de las cuales giran cuestiones no menos importantes como la soberanía, la independencia y autodeterminación nacional frente a las tendencias cada vez más virulentas y desquiciadas del imperialismo (yanqui y europeo) y su crisis.
Si en alguna esfera se ha puesto de relieve esta colaboración y los equilibrios que supone, ha sido, concretamente, en los Acuerdos parlamentarios aprobados a la fecha por unanimidad, entre los cuales figuran: el relativo al conflicto limítrofe con Guyana por el territorio Esequivo; el referido a los eventos acaecidos en el Capitolio de EEUU el 06 de enero pasado; el atinente a la exigencia de liberación de los recursos financieros pertenecientes al Estado venezolano y secuestrados por la banca internacional, para ser empleados en la lucha contra la pandemia; el dirigido a dar inicio al proceso de designación de las autoridades del CNE; el que autoriza al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que solicite ante Parlamentos de la región, España y EEUU, investigar los hechos de corrupción de Juan Guaido y otros exdiputados; o el más reciente para rechazar los efectos del bloqueo de EEUU contra el pueblo de Venezuela a propósito del informe de Congreso yanqui al respecto, por solo mencionar algunos de una lista que ha ido ampliándose progresivamente, siempre bajo los términos conceptuales planteados por el Bloque chavista.
Base material y modelo social.
Coincidencias y colaboración, así expresadas, tienen, sin embargo, una base material muy concreta que, tal vez, la explican mucho mejor: la economía. El bloqueo y toda la devastadora guerra económica llevada adelante por el gobierno imperialista de EEUU contra Venezuela, ha terminado afectando, además de los ingresos del Estado, la población en general y los trabajadores en particular, también a una franja del capital privado (lo que no puede llevar a suponer homogeneización alguna entre los sectores que lo componen, apelando a una consideración abstracta de la gravedad de tales efectos), algunos de cuyos voceros políticos no se han privado de denunciar y solicitar, a la vez, la flexibilización o, directamente, el fin de las mal llamadas sanciones.
El encuentro entre la Comisión para el Dialogo, la reconciliación y paz de la AN (encabezada por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez) y los miembros de la cúpula de Fedecamaras (celebrado el pasado 27 de enero en la sede de esta cámara empresarial que agrupa al capital más concentrado del país), constituye un hecho sintomático de esa realidad, cuya lectura, sin embargo, no admite reduccionismos, pues, si bien confirma la búsqueda de puntos de encuentro en pos de acuerdos “productivos” entre gobierno y gran capital, también deja expuestos sus límites e implicaciones, tal como se desprende de las posiciones vertidas por el presidente de esta cúpula empresarial, Ricardo Cusanno, en entrevistas concedidas luego del mencionado encuentro.
Dirigiéndose directamente al gobierno, el susodicho presidente ha sugerido, entre otras cosas, que “si hay una verdadera voluntad de construir un proceso de dialogo, paz y reconciliación, una ley de amnistía sería un gesto que pudiera abrir el juego político interno e internacional” (lo que pone directamente en cuestión el principio de verdad y justicia proclamado por el bloque bolivariano como base para la reconciliación, pero que en voz de los señores del capital significa impunidad para los Guaido y compañía), y “hacer un marco regulatorio que convierta o derogue leyes de carácter extremadamente punitivo y no de incentivo, que favorezcan el crecimiento de la empresa venezolana competitiva” (alusión que apunta contra normas como la del trabajo, por un lado, y a la primacía de los privilegios de los sectores oligopólicos que representa, en detrimento de las empresas más pequeñas que gozan de abierto respaldo gubernamental y cuya producción le rivalizan, por el otro).
Resulta relevante, en este contexto, la relación que se pone en evidencia entre la colaboración política, que actualmente toman cuerpo en el parlamento, y el modelo social a partir del cual la dirección bolivariana apuesta a la recuperación de la economía nacional, en función de la reconstrucción del Estado de Bienestar fundado durante la época Chávez, a saber: el modelo que postula la alianza entre el Estado (asediado y bloqueado financieramente) y la Burguesía llamada “productiva” (interna y externa, y en todos sus tamaños). La Ley Antibloqueo representa, en este sentido, la palanca estratégica para transitar el camino que señala esa dirección.
Esto, a nuestro juicio, en modo alguno puede llevar, de antemano, a suponer que las expresiones que encarnan esta perspectiva (modelo) hayan renunciado a sus banderas e intereses específicos respectivos, aunque sí para que se sospeche la promoción de una fórmula de resultados inciertos, habida cuenta de las tensiones y contradicciones de clase que entraña, por ejemplo, erigir a la cualidad de modelo la alianza con el capital, cuando en la base de la continuidad del proceso revolucionario se halla la perspectiva de una República Social en la que el pueblo trabajador ejerce directamente el poder, o la más modesta de la redistribución de la riqueza nacional en favor de las clases populares y en detrimento de los privilegios particulares, catapultadas al centro de la lucha política por la Revolución Bolivariana.
Pero se trata de una formula o modelo social que, lejos de excluir, requiere la presencia activa de los sectores populares, en primer lugar de los trabajadores, como condición fundamental para su efectivo desarrollo. Es significativo, en este sentido, el encuentro del pasado 09 de febrero, entre la Comisión para el dialogo, la reconciliación y la paz, y un conjunto de expresiones organizadas representativas de diversos sectores del trabajo, público y privado (CPT, grupos sindicales, Centrales y Federaciones, unas adscritas a la CTV, otras a la Central Bolivariana, algunas pocas autodefinidas “independientes”) cuyo contenido, como pocas veces se ha visto a lo largo de los últimos años, fue tan plural como ilustrativo de los encuentros y desencuentros que reinan en el mundo del trabajo; todo lo cual dio pie para la creación de una subcomisión parlamentaria que tendrá por misión dar continuidad a esta relación a nivel institucional.
Epicentro del debate político nacional.
No todo ha sido coincidencias en parlamento nacional. Así lo prueban, hasta ahora, por ejemplo, los desacuerdos de la oposición respecto a las frecuentes alusiones a las figuras de Chávez, Bolívar, la Revolución, etc., en las propuestas de acuerdos presentados por el bloque chavista y, en ese sentido, sus reclamos de “amplitud” como un gesto en favor de la reconciliación política, o sus más que evidentes reticencias con la promulgación de Leyes que propendan a la organización del Estado Comunal. Y lo prueba también las diferencias rotundas entre el bloque patriótico y el partido representativo de una supuesta oposición “de izquierda” en el parlamento: el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Es una cuestión de la mayor importancia que, en el marco de la compleja realidad del país que hacen a estas diferencias, se postule la idea de que la AN se convierta en el epicentro del debate político nacional (Maduro dixit), pero no tanto por la voluntad democrática que tal proposición resume como sello característico del proceso bolivariano, sino por el reconocimiento implícito que la misma entraña respecto de ciertos aspectos de nuestra realidad muy interrelacionados con la efectiva puesta en práctica e implicación que esta decisiva instancia (el debate) tiene para el afianzamiento de las ideas y perspectivas en torno a las cuales se propone recomponer la organización de las bases sociales del proceso bolivariano, de caras a la conformación de la nueva hegemonía política de la revolución, proclamada por el Presidente Maduro en días recientes.
Entre tales aspectos de nuestra realidad, podemos señalar:1) el hecho de que el proceso de recuperación económico-institucional, implica -e implicará- cambios sustanciales en la orientación de la direccionalidad del proceso bolivariano y su institucionalidad, en función del modelo social postulado desde el gobierno como el idóneo para “reconstruir” el Estado de Bienestar ; 2) la inexistencia de consenso en el chavismo, ampliamente considerado, respecto al carácter y contenido de las columnas conceptuales sobre las cuales se proyecta establecer tal modelo; 3) que, en razón de ello, la perspectiva socialista anticapitalista trazada por la Revolución Bolivariana bajo conducción del Comandante Chávez, parece acoplarse, atemperarse más bien, a los límites de un proceso de “reconstrucción” social gradual y progresivo, que postula alcanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y el Estado de Bienestar con el concurso de la burguesía “nacional productiva” (con la colaboración pro activa de los trabajadores), como antesala, natural y necesaria, a una etapa superior (e incierta) de mayor liberación nacional y social; 4) que, dado estos elementos, los términos del debate político no deben quedar restringidos a los parámetros formales acordados en la AN, ni supeditado a los términos oficiales de una lealtad mal entendida que lo mediatice; 5) que la dinámica de un debate de tal envergadura se halla dentro de los límites de un Estado y un gobierno sujetos a enormes (y peligrosas) presiones, tensiones y contradicciones, en un contexto de continua agresión imperialista que le obliga (como cualquier Estado en el mundo) a defenderse y organizarse en función de ello, incluso al precio de limitar las propias capacidades de expansión de la revolución ante la necesidad de sobrevivir; 6) que la etapa que transitamos se encuentra signada (precisamente por la situación contradictoria entre avanzar o sobrevivir ) por el retroceso del gobierno y el proceso revolucionario ante las fuerzas del mercado (burguesía), cuya poderosa hegemonía en la economía local no ha hecho sino agrandarse de la mano de la agresión del imperialismo, hasta el punto de dejar estampada su huella en los conceptos que orientan la recuperación.
En este cuadro de circunstancias en el que se inscribe el debate político con epicentro en la AN, resulta pertinente apuntar algunos comentarios con ocasión de la línea de lucha contra el divisionismo, trazada desde la dirección del gobierno y el Psuv, como respuesta a las posiciones, fundamentalmente, del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en su papel de cabeza de una supuesta “oposición de izquierda” al gobierno de Maduro, al que cataloga de “entreguista” y “antipopular” (entre otras especies por el estilo):
- Más allá del carácter equivoco o no (a nuestro juicio lo es, y mucho) de las posiciones de esta organización, el debate político no puede ni debe fundarse en la negación a la audiencia que sigue las sesiones de la AN por el canal del Estado (VTV) a conocerlas y contrastarlas; sacar del aire dicha transmisiones cuando el único diputado de esta izquierda hace uso de la palabra, para pasar a retransmitir cuando ya ha concluido, nos resulta un acto absurdo que raya en lo grotesco, que poco o nada abona a un debate nacional verdadero;
- La denuncia de existencia de coincidencia (objetiva) entre las posiciones del PCV y la política de cambio de régimen del imperialismo contra el gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro, no debe limitarse a la develación de una intencionalidad que termine llevando a la estigmatización, pura y simple, de sus exponentes, entre otras cosas, porque lo que está en la base de la discusión de estos desencuentros (Psuv-Pcv) son problemas relativos a la realización del proyecto socialista, entrelazados con la recomposición de conceptos, perspectivas y organización de fuerzas inspiradas en la superación revolucionaria del capitalismo;
- Que esta izquierda (a nuestro entender) yerre en su modo de plantear y abordar los problemas que constituyen su base de actuación política, no prejuzga, negativamente, respecto a la veracidad de muchos de los problemas que denuncia (burocratismo, corrupción, carestía de la vida, degradación salarial, ineficiencia, etc, etc.) que, en definitiva, termina resintiéndolos la población; si alguna implicación se desprende de esto es la necesidad de diferenciar entre el debate que, por un lado, debe tomar cuerpo en torno a los conceptos y perspectivas respecto a la superación revolucionaria de las causas de tales flagelos, y por otro, la lucha concreta contra los mismos que toma cuerpo, por ejemplo, en el sector estatal de la producción y los servicios, no pocas veces protagonizadas por trabajadores honestos y críticos, simpatizantes o no con tales expresiones izquierdistas.
- En este sentido, la lucha contra el divisionismo planteada sobre la base de la estigmatización, pura y simple, sin las diferenciaciones que la complejidad exige, puede terminar acarreando graves perjuicios a la efectividad de la lucha contra la corrupción, el burocratismo y los infiltrados en las grandes empresas estatales, habida cuenta de que, por esta vía, los viejos y nuevos bandidos oportunistas, arribistas y trepadores “rojo rojitos” pueden ver facilitados los argumentos y pretextos suficientes para la cacería de trabajadores honestos incomodos a su gestión, al mejor estilo de la época de Rafael Ramírez en Pdvsa, y de esa forma continuar tributando en favor de un tipo de sociedad más proclive a favorecer el lucro, el ascenso y privilegios individuales que una fundada en la perspectiva colectiva de la emancipación de las fuerzas del trabajo.
Solo nos resta decir, en medio de la inmensidad de este panorama nacional inmerso en un mundo que convulsiona bajo los estertores de la crisis capitalista, que el camino para la recuperación está trazado y cualesquiera sean los desafíos, peligros y problemas que suponga su evolución, ni desafíos ni peligros ni problemas, constituyen argumentos suficientes para no encararlos a partir de una instancia crucial: la afirmación de ideas. Porque la lucha sigue, es el gobierno de Maduro, con limitaciones y virtudes, el que la encabeza, y en su devenir la pulsión hacia el Socialismo no puede ser sino un paso consciente de las clases oprimidas del pueblo hacia la conducción de sus propios destinos.