Es muy fácil describir un secuestro cuando se puede describir al secuestrado o secuestrada y al secuestrador. La situación general en Venezuela, sin embargo, es sumamente compleja y es muy difícil retratar cada aspecto con una simple dicotomía. Lo que sigue es la descripción del asedio al que han venido estando sometidos desde el 12 […]
Es muy fácil describir un secuestro cuando se puede describir al secuestrado o secuestrada y al secuestrador. La situación general en Venezuela, sin embargo, es sumamente compleja y es muy difícil retratar cada aspecto con una simple dicotomía.
Lo que sigue es la descripción del asedio al que han venido estando sometidos desde el 12 de febrero de 2014 muchos habitantes en residencias en urbanizaciones de las autollamadas clase media y alta, o en sus inmediaciones, en la ciudad de Mérida, Venezuela.
Atendiendo a un llamado que, en principio, pareció un ejercicio de protesta con el nombre de #laSalida (el llamado fue hecho mayormente a través de redes sociales, como Twitter, Whatsapp y Facebook), muchos vecinos en estas urbanizaciones, mayoritariamente opositores del gobierno nacional (pero partidarios del alcalde local, de oposición), han levantado y sostenido barricadas, con basura y cauchos ardientes, en todas las vías de acceso, impidiendo el tráfico de vehículos y, a ciertas horas de actividades de protesta, todo tipo de circulación. Al día de hoy, 25 de febrero, se cuentan ya trece días de asedio que ha sido visibilizado internacionalmente como una acción popular con fotos de destrozos y heridos en la ciudad, pero también con fotos manipuladas de otras épocas e incluso de otros países.
Esas actividades suelen incluir cacerolazos, de varios minutos, por vecinos desde sus casas y la vigilancia de las barricadas, a cargo de encapuchados que se amparan en la cara cubierta para desplegar una conducta claramente hostil en contra de cualquier persona que no se apegue a sus indicaciones. En algunas urbanizaciones han incluso implantado el pago de «peaje» a la entrada y la salida, y arengan constantemente a los vecinos a salir siguiendo el lema que se repite en las redes sociales «el que se cansa pierde». La intercepción y «correteo» de vehículos que se acercan, muchas veces sin darse cuenta, a las barricadas, es común. Y dispositivos terribles, como alambres poco visibles, anclados a postes de ambos lados de las vías, son instalados regularmente, con la expresa intención de detener motorizados que pudieran o no pertenecer a personas favorables al gobierno nacional. Al día de hoy dos personas, una dama en esta ciudad y un joven en Caracas, murieron por efecto de esos alambres que han sido vistos por todo el país en las barricadas.
Muchas de las personas que protestan, particularmente los encapuchados, se tornan violentos y lanzan piedras, morteros o bombas molotov que han aprendido a fabricar con gran destreza y profieren insultos de diversos niveles (la expresión más común es «¡Asesinos!, Cobardes!») cuando miembros de los cuerpos de seguridad, como la policía o la guardia nacional, se aproximan a las barreras. Cualquier uso que hagan los uniformados de las armas permisadas por ley para el orden público, como las escopetas de perdigones o los lanzadores de lacrimógenas, es percibida como un atentado criminal y desata la histeria, sobretodo entre los más jóvenes.
Hay reportes de abusos y excesos policiales y de la guardia, creíbles con toda probablidad. Hay reportes de abusos por «colectivos armados motorizados» que son abierta y automáticamente categorizados como bandas armadas del gobierno por los medios. Pero hay también reportes de abusos y excesos contra los uniformados y muchos abusos y excesos contra otros individuos en las barricadas y en la zonas que bordean. Incluso transeúntes, con emergencias médicas, han sido afectados.
De esta forma, las barreras crean una zona de exclusión política que desconoce las instituciones del orden público constitucionales. Quienes no compartimos estas «actividades» quedamos a merced de cualquier abuso. Hay una clara compulsión a que nos sumemos o a que nos atengamos a las consecuencias. Pero incluso quienes pudieran compartir motivaciones de la protesta, también quedan expuestos a abusos en estos espacios en donde no pueden operar ninguna policía, ni los fiscales del ministerio público, ni la defensoría del pueblo, instituciones establecidas en las constitución para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Todo lo descrito es común para una docena de urbanizaciones, en una ciudad de unos 500 mil habitantes (y con un centenar de urbanizaciones), ubicadas, eso sí, en posiciones estratégicas (accesos, junto a vias de circulación rápida o junto a servicios esenciales). Se puede decir, con justicia, que es un patrón definido externamente. No son ejercicios espontáneos de cada comunidad.
Las protestas originales fueron convocadas para enfrentar, según declaran algunos pocos articulados, la inflación fuera de control, la escasez de divisas y la escasez de productos. Otros acusan al gobierno de corrupto y asesino y exigen que dimita inmediatamente.
Razones hay para protestar. Pero desconocer el régimen constitucional y forzar a áreas completas del territorio a protestar para simular apoyo masivo, es un atentado contra la República.
La República Bolivariana de Venezuela es un estado de derecho y de justicia con un marco legal consagrado en una constitución forjada y aprobada por el poder popular, que cuenta con diversos mecanismos para su propia reforma y enmienda, como los referenda revocatorios. Atentar contra eso, consciente o inconscientemente, es poner en riesgo la supervivencia de esta Nación. Desconocer el mandato popular para imponer una legalidad cortada a la medida de intereses particulares es fascismo.
Contra eso, Venezuela mayoritariamente se resiste.
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