La religiosa norteamericana Dorothy Stang, de 73 años de edad, quien fue asesinada a tiros, vivía hace más de 30 años en Brasil y era consciente de los riesgos que corría por defender un proyecto sustentable para la Floresta Amazónica y los derechos de los trabajadores rurales sin tierra> «Cualquier persona que intenta ocupar una […]
La religiosa norteamericana Dorothy Stang, de 73 años de edad, quien fue asesinada a tiros, vivía hace más de 30 años en Brasil y era consciente de los riesgos que corría por defender un proyecto sustentable para la Floresta Amazónica y los derechos de los trabajadores rurales sin tierra>
«Cualquier persona que intenta ocupar una tierra pública explotada ilegalmente por terratenientes o madereras recibe una amenaza de muerte. Esa es nuestra gran preocupación, porque quienes las lanzan están fuertemente armados». Esto decía Dorothy Stang el pasado 3 de febrero, nueve días antes de ser asesinada, al denunciar ante el ministro de Derechos Humanos, Nilmário Miranda, las amenazas contra tres agricultores.
La historia se repite en Brasil una y otra vez. Latifundistas, madereras que explotan ilegalmente los recursos forestales de la Amazonía, y bandas de pistoleros contratados para amenazar, aterrorizar y asesinar a indios, campesinos y a sus líderes.
También se repiten las reacciones altisonantes de las autoridades: «Estamos indignados», «Investigaremos hasta las últimas consecuencias», «Este crimen no quedará impune» «No queda lugar en Brasil para este tipo de actos». Pero, resulta reiterativo, vacío y, sobretodo, poco convincente reproducir una vez más las declaraciones de altos funcionarios, ministros y hasta del propio presidente de la Nación.
¿Qué más hace falta denunciar? ¿Cuántas pruebas más necesitan la justicia y el Gobierno federal y estatal para poner fin a la explotación y usurpación ilegal de tierras públicas, destinadas a la reforma agraria y, en el caso de la Amazonía, a la preservación de la biodiversidad?
En 1999, la religiosa asesinada comenzó a organizar el Proyecto de Desarrollo Sustentable (PDS) en el municipio de Anapú, en el norteño Estado de Pará, que actualmente beneficia a 600 familias. Debido a ese trabajo, la misionera de la Orden de Notre Dame, y varios de sus colaboradores más cercanos habían sido amenazados en reiteradas ocasiones por terratenientes y madereros que explotan ilegalmente árboles considerados exóticos y en extinción, como la caoba, cedro y jatobá, que valen fortunas en el mercado negro.
En el último año se registraron diez denuncias ante la Justicia del Estado de Pará, por amenazas lanzadas contra Stang. Según el coordinador de Greenpeace en la Amazonía, Paulo Adário, «el Gobierno de Pará no tomó ninguna medida para garantizar la seguridad de la religiosa».
La monja norteamericana pertenecía desde hace 20 años a la Pastoral de la Tierra. En una carta abierta, la Pastoral lamenta que la monja sea la primera muerte de un miembro de esa organización durante el Gobierno del presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. También se refiere a «la saña de los terratenientes y madereros de la región».
La Comisión Pastoral de la Tierra, asegura que 30 campesinos y defensores de trabajadores rurales han sido amenazados de muerte en el Estado amazónico de Pará, uno de los lugares más violentos de Brasil. De las 53 muertes registradas en los 27 Estados brasileños en el 2004 por conflictos rurales, 19 ocurrieron en Pará, donde, además, se encuentra la mayor cantidad de haciendas con trabajadores esclavos.
Aunque no es el único, Pará es uno de los Estados del país donde se registra la mayor cantidad de conflictos a causa de la tierra y por cuestiones ambientales. Aún está fresco el recuerdo del asesinato, en el Estado de Minas Gerais, de los cinco inspectores del Grupo Móvil del Ministerio de Trabajo que hace poco más de un año fiscalizaban haciendas en busca de trabajadores en estado de esclavitud. También ellos eran blanco de amenazas y fueron asesinados a quemarropa por pistoleros a sueldo, y, al igual que la hermana Dorothy Stang, el principal sospechoso haber ordenado el asesinato es un hacendado.
La ministra brasileña del Medio Ambiente, Marina Silva, comparó la muerte de Stang con la del sindicalista y líder campesino, Chico Mendes, asesinado a tiros por el hijo de un terrateniente, en 1988.
En las últimas horas el ministro de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, indicó que ya se había identificado a los responsables directos del crimen, así como a los autores intelectuales. La respuesta la dio la propia Dorothy Stang en 2002, cuando dijo a la revista Outside: «si llego a recibir una bala (…)sabemos exactamente quién la disparó».