El asesinato de Robert Serra, diputado a la Asamblea Nacional, y su compañera sentimental, María Herrera, fue una acción planificada, intencional y ejecutada con precisión, revelan las evidencias preliminares. Este crimen se produce 5 meses después de que el dirigente bolivariano Eliézer Otaiza, presidente del Concejo Municipal de Libertador, también fuera encontrado muerto con signos […]
El asesinato de Robert Serra, diputado a la Asamblea Nacional, y su compañera sentimental, María Herrera, fue una acción planificada, intencional y ejecutada con precisión, revelan las evidencias preliminares.
Este crimen se produce 5 meses después de que el dirigente bolivariano Eliézer Otaiza, presidente del Concejo Municipal de Libertador, también fuera encontrado muerto con signos de tortura y varios impactos de balas.
Estos pudieran ser considerados hechos aislados, coincidencia. Existen, sin embargo, evidencias de una agenda terrorista planificada por extremistas de derecha para infundir temor en la población y propiciar un ambiente de desestabilización en el país, con el objetivo final fomentar el caos como escenario para tratar de derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
El mismo Serra, dirigente juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, había denunciado los vínculos de varios representantes de la derecha con planes conspirativos y violentos en el país.
Asesinatos selectivas
Las características de los asesinatos de Otaiza y Serra, alimentan la interrogante de si estos dos dirigentes socialistas eran objetivos en la nueva etapa de acciones terroristas de la extrema derecha tras el fracaso de las primeras intentonas de su plan de sedición, tal como lo ha denunciado el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al referirse a la ejecución de asesinatos selectivos.
El asesinato de personas cuya participación en la sociedad venezolana resultaba incómoda a los intereses de la burguesía también tiene referentes históricos en los últimos 10 años. Los venezolanos recuerdan al fiscal Danilo Anderson, víctima de un acto terrorista el 18 de noviembre de 2004, tras el estallido de un artefacto explosivo colocado debajo de su vehículo.
Las investigaciones de organismos de seguridad revelaron que Anderson fue asesinado por causas políticas, para entorpecer las pesquisas del fiscal en los casos del golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de 2002 -2003, por los que ya habían sido imputadas cerca de 400 personas firmantes del decreto que abolió la democracia durante 48 horas.
Este caso conmovió al país, no sólo por la muerte del joven fiscal, sino también por el uso de explosivos especializados, parte de arsenal de guerra.
Modelo paramilitar
A mediados de marzo pasado, Rodríguez Torres informó que los actos de terror que se vivieron en algunas regiones del país durante esas semanas bajo la fachada de «protesta» eran en realidad acciones insurreccionales que en ese momento habían entrado en una fase de subversión armada.
De acuerdo con las investigaciones, en estos planes violentos uno de los aliados es el expresidente colombiano Álvaro Uribe, identificado como operador delparamilitarismo en su país.
Durante la década de 1980 y comienzos de los 90, Uribe fungió como director de la Aeronaútica Civil, alcalde de Medellín y senador, justamente cuando militantes de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos, en una operación de exterminio masivo promovida por la extrema derecha colombiana.
Las acciones contra los líderes de la UP incluyeron el asesinato de dos candidatos presidenciales del partido: Jaime Pardo (en 1987) y Bernardo Jaramillo (en 1990). También cayeron víctimas de esta operación 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 de sus militantes.
El ministro Torres ha mostrado a la nación una serie de evidencias sobre los nexos de paramilitares y mercenarios con las bandas armadas del antichavismo auspiciadas por Uribe.
Pruebas en vídeos, recientemente divulgados, ofrecen detalles de un plan terrorista que involucra al activista de la extrema derecha venezolana Lorent Gómez con Uribe, y que contempla además de la compra de armas de guerra, la contratación francotiradores y expertos en explosivos para ejecutar asesinatos selectivos y el actos e sabotaje en diversas instalaciones públicas y privadas en Venezuela.
En los vídeos, Gómez manifestó que contaba con 10 francotiradores, a los que se le iba a pagar una alta suma en dólares para asesinar personas en Caracas y otros estados del país.
Se refirió también a disparos y detonaciones con explosivos, que tendrían lugar en «manifestaciones de calle» para crear un gran caos y generar un impacto mediático internacional de gran magnitud contra el Gobierno Bolivariano, así como a un plan para asesinar a 20 personas en un lapso de 48 horas.
Rodríguez Torres consideró estos planes como una reedición de las acciones antidemocráticas orquestadas en diversas oportunidades por sectores de la derecha desde el inicio de la Revolución Bolivariana, y entre las que figuran el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero y los intentos para asesinar al comandante Hugo Chávez.
La violencia como arma política se repitió a principios de 2014 con las denominadas guarimbas, acciones violentas disfrazadas de supuestas «manifestaciones pacíficas», que ocasionaron la muerte de 42 personas y más de 800 heridos.
Nueva fase
Tras el fracaso de estas acciones y la voluntad y convicción pacífica del pueblo y del Gobierno Bolivariano, la derecha ha emprendido «una nueva fase de desestabilización subversiva, guerra sucia y terrorismo, apoyada por Estados Unidos y naciones europeas».
Los nuevos planes fueron trazados entre junio y julio de 2014 en reuniones secretas realizadas es España y en las que participaron figuras de la oposición venezolana, revela una investigación del periodista y profesor universitarioCarlos Fazio publicada el pasado lunes en el portal Rebelión.
De acuerdo con la información recabada por Fazio, estas acciones violentas se ejecutarían a partir de los primeros días de octubre, y plantearían «la necesidad de realizar estudios sobre los movimientos de dirigentes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y del gobierno de Maduro, y en especial de reconocidas personalidades artísticas y deportivas, con la finalidad de planificar eventuales acciones de secuestro y otras acciones violentas que generen terror y caos en la población y al mismo tiempo fomenten la campaña sobre la inseguridad en el país».
El periodista destaca que la nueva ofensiva fue orquestada en el marco de una serie de conferencias denominadas Campus FAES 2014, celebradas en la localidad madrileña de Guadarrama a finales de junio y principios de julio pasado.
En ese evento participaron el diputado de la derecha Julio Borges y el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quienes también asistieron a reuniones secretas con el expresidente español Jose María Aznar -quien apoyó el golpe de Estado de 2002- y funcionarios del Servicio de Inteligencia Español para recibir «instrucciones concretas sobre los procedimientos tácticos y estratégicos para desencadenar una nueva fase de enfrentamientos callejeros, guerra psicológica, ingobernabilidad y acciones de desgaste del gobierno de Nicolás Maduro».
Tanto Borges como Muchacho, habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el hoy asesinado diputado Robert Serra, quien el pasado julio solicitó la investigación de estos actores por traición a la patria, tras presentar pruebas del financiamiento extranjero a sectores de oposición.
Al presentar la denuncia Serra expresó: «Hemos incorporado vídeos y todo aquello que hemos estimado probatorio, para que se pueda iniciar la investigación y se pueda dar con la responsabilidad de quienes fueron a la asamblea del Partido Popular (PP) español, presidido por José María Aznar, quien ha atacado en reiteradas oportunidades a la Revolución Bolivariana».
Esta denuncia se sumó a otros señalamientos que involucran a agentes nacionales y extranjeros, que brindan apoyo logístico y financiero, en una conspiración contra Venezuela para crear un clima desestabilizador con miras a derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro.