En estos días el Comité de las Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias dictaminó que Julian Assange lleva tres años y medio en Londres «detenido arbitrariamente» e instó a las autoridades británicas que sea liberado y compensado. Sin embargo, el primer ministro británico, David Cameron, decidió desconocer la decisión del organismo internacional y de manera […]
En estos días el Comité de las Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias dictaminó que Julian Assange lleva tres años y medio en Londres «detenido arbitrariamente» e instó a las autoridades británicas que sea liberado y compensado. Sin embargo, el primer ministro británico, David Cameron, decidió desconocer la decisión del organismo internacional y de manera altanera la calificó como «ridícula» y pidió al prisionero acabar con «su saga lamentable».
No es la primera vez que el gobierno inglés se pasa por el forro el derecho internacional, sin importar si emana de organismos como la ONU o de acuerdos bilaterales con otros países. Así ocurrió en el año 2000, cuando el ministro de Interior de aquel entonces, Jack Straw, permitió que el exdictador Augusto Pinochet volviera a Chile a pesar de la solicitud de extradición del juez español Baltasar Garzón, por cierto, hoy abogado de Julian Assange después de ser inhabitado en España como juez de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Aquel fue un sonado caso en que el juez Garzón trató de hacer valer el poco usado principio de jurisdicción universal, al considerar los crímenes de lesa humanidad de Pinochet como delitos internacionales, antes incluso de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional. Pinochet estuvo recluido bajo arresto domiciliario en Londres durante 503 días, menos de lo que lleva Assange en la embajada de Ecuador, período durante el que todo el proceso de extradición indicaba que el dictador sería enviado a España para ser procesado.
Pero dos semanas antes de que se dictara la sentencia del tribunal inglés de apelación, en primera instancia se había dado luz verde a la extradición, el gobierno británico contraviniendo a sus propios organismos judiciales tomó la decisión de liberar al dictador. Supuestamente Pinochet presentaba una delicada salud, motivo por el que no debía ser extraditado a España y el gobierno británico podía saltarse a la torera la separación de poderes. En marzo del año 2000 Pinochet salía del territorio británico en silla de ruedas y compungido, y llegaba a Chile de pie y bien erguido, donde lo esperaba la plana mayor militar.
El gobierno laborista de Tony Blair pagaba así la deuda al dictador por su traidora labor a favor de los británicos durante la guerra de las Malvinas y evitaba que las víctimas de las violaciones de derechos humanos bajo su régimen pudieran reclamar justicia.
En la actualidad la situación es la misma, se da la violación del derecho internacional; pero al revés, se evita que se ponga fin a la situación de confinamiento arbitrario de un defensor de los derechos humanos, como es el derecho a la verdad defendido por Assange. El motivo también es el mismo, el gobierno británico debe muchos favores a su excolonia, EE.UU., de la que es su mejor vasallo; pero también al revés, Assange es una amenaza al status quo y los poderes hegemónicos, mientras Pinochet siempre los reforzó con acciones como la eliminación de Allende.
La triste realidad del «caso Assange» demuestra una vez más el principio de que los poderes hegemónicos solo respetan el derecho internacional cuando los beneficia, sin importar en lo más mínimo que su fin sea el contrario, defender a los débiles.
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