Enfurecidos vecinos de una humilde barriada del oeste de la capital venezolana asaltaron e incendiaron un cuartelillo de policía, justo el día en que el gobierno anunció la mayor reforma de estos cuerpos de seguridad en 40 años. Sólo una coincidencia, pero también una muestra del caos en esta área. Un agente de la Policía […]
Enfurecidos vecinos de una humilde barriada del oeste de la capital venezolana asaltaron e incendiaron un cuartelillo de policía, justo el día en que el gobierno anunció la mayor reforma de estos cuerpos de seguridad en 40 años. Sólo una coincidencia, pero también una muestra del caos en esta área.
Un agente de la Policía Metropolitana de Caracas había matado de un balazo en el pecho a un adolescente, Carlos Guerrero, quien estaba detenido y esposado según versiones. El crimen se cometió en el interior del módulo (cuartelillo) de una brigada motorizada de ese cuerpo uniformado en un sector del populoso barrio La Silsa.
Guerrero había sido apresado con otro joven por sospechas de asaltos en el vecindario, y el agente Yabir Méndez le dio muerte el 18 de este mes, según explicó, en un forcejeo cuando intentaron despojarlo de su revólver. El juez que entendió en el caso acogió esta versión y dejó en libertad al policía, lo que atizó la encolerizada reacción de los vecinos.
La misma semana, en el sector El Valle, sudoeste de Caracas, un joven acusado de cometer un homicidio fue ajusticiado en el interior de su casa por efectivos del CICPC, siglas del cuerpo de investigaciones «científicas», penales y criminalísticas, la policía judicial, reportó la prensa local.
En sectores de Coche, también en el sudoeste capitalino, vecinos como Jairo Ramírez rechazan a los policías «que se hacen los locos (desentendidos) ante el delito. La seguridad en la zona la mantienen Dios y los malandros (delincuentes)», afirmó.
Las encuestas en Venezuela registran la gran desconfianza ciudadana en los cuerpos policiales, con indicadores que superan 80 por ciento de los consultados, justo cuando más la han necesitado, pues más de 60 por ciento de los entrevistados considerar la inseguridad como el principal problema y más de la mitad de ellos suelen decir que han sido víctima del hampa.
En este país de 27 millones de habitantes se registraron el año pasado 11.579 homicidios, según el CICPC, un promedio de casi 32 cada día y más de uno por hora. En Caracas, donde se apretujan cuatro millones de personas, las muertes de este tipo fueron más de 2.000 en el mismo lapso.
La Fiscalía General dio cuenta de que en el quinquenio 2000-2005 el rubro «presunto homicidio por enfrentamientos policiales» cobró la vida de 6.377 personas, y en esos posibles delitos estuvieron involucrados 6.110 efectivos.
La versión oficial de «enfrentamiento» se sostiene «como el principal argumento esgrimido desde las instituciones policiales como justificación por la muerte de civiles, y consideran que, al producirse en estas circunstancias, los funcionarios implicados y la organización quedan exentas de toda responsabilidad», dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
Pero esta situación, una mancha negra en el desempeño de las policías en Venezuela, se pretende cambiar con el nuevo sistema policial que diseña una comisión de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, a partir de un diagnóstico elaborado a lo largo de 2006 y conocido este mes.
«Estimamos que en cinco años será posible instrumentar la reforma policial que se necesita», señaló Soraya El Achkar, activista de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y secretaria ejecutiva de la comisión, que encabeza el ministro del Interior, Pedro Carreño.
El eje de las propuestas, que deberá articular un ley, es establecer un sistema integrado de policía, regido por un Consejo General y con entes de los gobiernos nacional, regionales y locales bajo la batuta del Ministerio de del Interior, y con la creación de una Policía Nacional, inédita en Venezuela, un país que puede ser modélico en dispersión de cuerpos de seguridad.
El estudio de la comisión arrojó que en Venezuela existen 126 cuerpos policiales, 24 de los cuales son de los estados y 99 de los municipios (otros 226 pequeños distritos no las tienen), más un cuerpo de vigilantes de tránsito, el CICPC y la policía política (Disip).
Además está la Guardia Nacional, que cuenta con más de 30.000 efectivos y es uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada, con funciones mixtas militares y policiales.
En total cuentan unos 123.000 funcionarios, que equivalen a 457 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de 350 de los países en desarrollo, pero con un uso ineficiente. Sólo 52 por ciento de los gendarmes realizan funciones propiamente policiales, como patrullaje o investigación.
El resto realiza labores de custodia de edificios, de personalidades, o cumple funciones de transporte y de logística. De manera constante, hay 11 por ciento de inactivos, 10 por ciento en vacaciones y otro 10 por ciento realizando funciones administrativas.
Sus estructuras son rígidas, con carácter y organización que remeda a los institutos militares. En manos de las policías estaduales hay más de 3.300 fusiles y ametralladoras.
También hay un bajo grado de profesionalización, 70 por ciento no tiene manuales de procedimiento y sólo 16 por ciento de los cuerpos de seguridad exigen informes a funcionarios involucrados en muertes y lesiones a civiles, y menos de 20 por ciento abre investigaciones sobre estos casos, asentó el informe de la comisión.
En lo que va de década, las estadísticas anuales varían entre 11 y 45 civiles abatidos por cada policía que muere en enfrentamientos, reales o fingidos. La comisión encontró que 754 policías despedidos de un cuerpo de seguridad habían ingresado luego a trabajar en otro, y 1.316 agentes activos tienen antecedentes penales por diversos delitos.
La comisión recomendó eliminar la Policía Metropolitana de Caracas, que tiene unos 10.000 efectivos y es un cuerpo que cabalga jurisdicciones y tareas en la capital y zonas vecinas, así como el cuerpo de vigilantes de tránsito y redirigir la Guardia Nacional a sus funciones militares en fronteras y territorio, excluyéndola de la seguridad ciudadana.
También se propone establecer un subsistema de formación y carrera policial, y establecer una oficina de comisionado que investigue las graves violaciones de los derechos humanos que se cometan.
«Hace falta mucho más. Se requiere voluntad política, expresada en planes estratégicos y operativos, evaluaciones periódicas para reorientar el trabajo y financiamiento sostenido que garantice la ejecución de los planes», resaltó El Achkar.
También, «la renuncia de los gobernadores y alcaldes a la injerencia dentro de los cuerpos de policía para que deje de ser una institución al servicio de los gobernantes de turno y sea profesional, al servicio de los ciudadanos», agregó.
Entre las medidas urgentes está la depuración de los cuerpos policiales, restauración de edificios, renovación de equipos y dotación de armas y tecnología de punta. El Ministerio del Interior ya produjo, en septiembre, un código de conducta para todas las policías, con salvaguardas expresas para los derechos humanos.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno asumirá rápidamente la propuesta de un nuevo modelo policial, a través de tres comisiones, la primera de las cuales conducirá la reforma, coordinada por el Ministerio del Interior.
La segunda «abordará el problema de la seguridad de manera mucho más amplia, incorporando ministerios como el de Educación, y una tercera, legislativa, estudiará las reformas legales que pueden instrumentarse en los próximos 18 meses, al recibir el Ejecutivo autorización del parlamento para legislar por decreto.
Según El Achkar, «se requiere un pueblo que no aplauda procedimientos como las ejecuciones y la tortura, que no exija mano dura sino comportamientos respetuosos, y se requiere asumir la reforma policial como un pacto político de Estado, construido bajo los más elementales principios democráticos».