No es que sea una nueva versión de las guerras lanzadas por las naciones ricas, encabezadas por Estados Unidos, contra países de diversas regiones que intenten apartarse o difieran de las políticas trazadas por ellos. La Táctica consiste en esgrimir con mayor fuerza sanciones económicas y financieras dirigidas a países que desobedezcan sus propósitos, lo […]
No es que sea una nueva versión de las guerras lanzadas por las naciones ricas, encabezadas por Estados Unidos, contra países de diversas regiones que intenten apartarse o difieran de las políticas trazadas por ellos.
La Táctica consiste en esgrimir con mayor fuerza sanciones económicas y financieras dirigidas a países que desobedezcan sus propósitos, lo cual resulta menos costoso para tratar de alcanzar el fin de desestabilizar a esas naciones sin tener que recurrir a invasiones y ataques militares directos.
En esta ocasión me referiré específicamente a la ocurrida contra Argentina, a la que atacan financieramente por la osadía de alejarse de las ataduras que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI), controlado por Estados Unidos y por las naciones desarrolladas de Europa. Esa fue una decisión soberana tomada desde 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, y continuada por el de Cristina Fernández de Kirchner.
La valentía cometida y el ejemplo de independencia económica ofrecido por los Kirchner se convirtieron en una herida en el corazón de esa institución que durante décadas ha obligado a las naciones del tercer mundo a aceptar empréstitos leoninos que al sumarles los altos impuestos se convierten en impagables.
Sobre Argentina cayeron recientemente los llamados fondos buitres, a través del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, muy ligado a la ultraderecha norteamericana y a poderosos capitales monopólicos. El error fundamental de varias naciones latinoamericanas ha sido permitir que cortes internacionales, siempre con sede en los países ricos, puedan dirimir y decidir en litigios entre empresas extranjeras y gobiernos, sin que estos puedan hacerlo en sus propios territorios.
Griesa ordenó que Buenos Aires pagara a los fondos buitres el 100 % de 1 330 millones de dólares antes que les pague a los tenedores de bonos reestructurados.
Debido a la enorme crisis padecida por Argentina tras años de políticas neoliberales que vendieron casi todo el país, la nación no pudo pagar en 2001 el servicio de la deuda por 95 000 millones de dólares, y en 2005 ofreció a los acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010 y logró acuerdos que cubrían al 92,4 % de los acreedores.
Quince de los especuladores, entre ellos firmas como NML y Aurelios, muchos de los cuales tienen sus capitales en los llamados Paraísos Fiscales (Off Shore) se negaron a renegociar la deuda y recurrieron a las cortes estadounidenses, en las que de antemano sabían que ganarían el litigio.
Economistas y analistas indican que el fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Su modo de actuar consiste en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra, normalmente al 20 % o al 30 % de su valor nominal, y luego litigar y exigir por el pago del 100 % de ese valor.
Sin disfraz, es una declarada especulación financiera y como los definió la presidenta argentina Cristina Fernández, «los fondos buitres son aves que comienzan a volar sobre los muertos; sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales».
El Banco Mundial estima que más de un tercio de los países que han cumplido los requisitos de sus respectivos programas de reestructuración de deuda soberana han sido blancos de 30 fondos buitres.
En esta grave situación que pone a Buenos Aires al borde de una profunda crisis económica, superior a la de 2001, la cual dejó a la mitad de los argentinos en la pobreza y a una cuarta parte desempleados, motivó que la nación sudamericana recibiera el respaldo de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), del Mercado Común del Sur (Mercosur), del G-77 + China y hasta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mercosur expresó su rechazo al fallo judicial de la justicia norteamericana, que obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países.
La Celac reiteró lo expresado en la Declaración de La Habana suscrita en enero pasado sobre la necesidad de contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, planteó una acción fundamental, al exigir la creación de un mecanismo internacional para enfrentar a los fondos buitre.
La sentencia, dijo, «atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional, en tanto constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana en el futuro».
Si nos retrotraemos un poco, recordemos que fue el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro quien comenzó en 1971 a hablar sobre las nefastas consecuencias de la deuda externa de los países en desarrollo cuando esta apenas llegaba a los 100 000 millones de dólares. Ya en 1979 al hablar ante el plenario de las Naciones Unidas como Presidente de los Países No Alineados, la deuda ascendía a 335 000 millones y en 1982 era de 600 000 millones.
En un evento celebrado en agosto de 1985 en La Habana, Fidel denunció que en esos momentos ya la deuda del Tercer Mundo era el triple de la de 1982, y destacó, » la crisis maduró, se agravó terriblemente, se hizo insoportable».
En esa ocasión puntualizó, que «e l cobro de esa deuda y el sistema injusto de relaciones económicas es la más flagrante y más brutal violación de los derechos humanos, no hay posibilidades reales de que el pueblo latinoamericano y caribeño se responsabilice por el peso del pago de las deudas colosales contraídas por nuestros gobiernos.
«El problema de la deuda, concluyó, antes de ser financiero, es fundamentalmente político, y como tal debe ser encarado».
En definitiva, el peso de la impagable deuda externa, las acciones de los fondos buitres y de organismos financieros internacionales controlados por las naciones poderosas, conllevan a recibir constantes golpes en detrimento de la integración latinoamericana. Se hace necesario buscar mecanismos regionales que impidan o minoricen esos ataques.
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