En estos seis meses de gobierno de José Serra (PSDB), fueron 201 los muertos, contra 178 del año 2005. Para la coordinadora del Observatorio de las Violencias Policiales de San Pablo, Ângela Almeida, la situación es mucho más preocupante porque la elevación del índice de muertes es consecuencia directa de las políticas públicas de seguridad […]
En estos seis meses de gobierno de José Serra (PSDB), fueron 201 los muertos, contra 178 del año 2005.
Para la coordinadora del Observatorio de las Violencias Policiales de San Pablo, Ângela Almeida, la situación es mucho más preocupante porque la elevación del índice de muertes es consecuencia directa de las políticas públicas de seguridad adoptadas en el país.
«Esa política no es nueva y tampoco es exclusiva del estado de San Pablo. En estos últimos años ella se expandió por la enorme miseria. Muchos jóvenes no consiguen empleo, no tienen acceso a la educación, ni al esparcimiento. Y la reacción del Estado es conceder poder a la policía para matar indiscriminadamente».
En este primer semestre, hubo 15 policías muertos. Así, la proporción es de un agente cada 13 civiles.
Para Ângela, esa diferencia es uno de los indicios que demuestran que muchos civiles no murieron en enfrentamientos, sino que fueron víctimas de una verdadera política de exterminio.
Asimismo, Ângela afirma que hay un fuerte corporativismo adentro de la policía, que impide el avance de investigaciones de crímenes atribuidos a policías.
Y agrega que existe un marcado prejuicio de clase. De acuerdo con la investigadora, la Policía Civil excluye a las comunidades pobres y sólo investiga los crímenes cuyas víctimas son de clase media.