Así lo indica la última edición del informe «Conflicto en el campo» presentado en Brasilia por la Comisión Pastoral de Tierra, organización que en 1991 fue galardonada con el «Premio Nóbel Alternativo». «En los 29 años que llevamos haciendo este informe, nunca habíamos registrado tan grande ofensiva contra los pueblos indígenas como sucedió en 2013», […]
Así lo indica la última edición del informe «Conflicto en el campo» presentado en Brasilia por la Comisión Pastoral de Tierra, organización que en 1991 fue galardonada con el «Premio Nóbel Alternativo».
«En los 29 años que llevamos haciendo este informe, nunca habíamos registrado tan grande ofensiva contra los pueblos indígenas como sucedió en 2013», anunciaron en Brasilia los miembros de la Comisión Pastoral de Tierra (CPT).
La organización que en 1991 fue distinguida con el Right Livelihood Awad (también conocido como «Premio Nóbel Alternativo») por su labor a favor de la justicia social y el respeto a los derechos humanos de los pequeños agricultores y campesinos, presentó el pasado lunes el reporte anual «Conflicto en el campo» que releva las violencias sufridas por los trabajadores rurales de ese país.
Durante el año 2013 fueron registrados en Brasil 34 asesinatos, 15 intentos de homicidio y 195 amenazas de muerte relacionadas con conflictos por la tierra. Se denunciaron 243 agresiones y 99 arrestos, marcando en ambos casos un fuerte incremento respecto al período anterior.
En este contexto, de las 829 víctimas de violencias (incluyendo asesinatos, intentos y amenazas de homicidio, arrestos, y otras), 238 fueron indígenas. También involucraron a miembros de comunidades indígenas 10 de los 15 intentos de asesinato y 33 de las 241 amenazas de muerte registradas en 2013. De los 1266 conflictos relacionados a la tierra, 206 involucran a poblaciones indígenas.
Otro dato destacado del reporte 2013 es el crecimiento del 32% de los conflictos por el agua.
Al igual que en ediciones anteriores, el principal escenario de conflictos sigue siendo la región amazónica, donde la cantidad de familias expulsadas creció un 76%.