Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Ha habido un aumento significativo en la cantidad de indígenas y ambientalistas asesinados por disputas de tierras en Brasil mientras los expertos en derechos humanos advierten de un estado de ánimo político peligroso en la nación.
Una nueva investigación de la ONG Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) por los derechos humanos brasileños y compartida con Greenpeace’s Energydesk muestra que 37 personas han muerto en los primeros seis meses del año en los conflictos de tierras rurales, ocho más que en el mismo lapso del año 2016.
Estos datos llegan mientras el Gobierno de derecha del presidente Temer ha recortado los fondos de manera espectacular a la agencia de derechos de los indígenas del país, la Funai.
La CPT, que ha estado recopilando datos sobre violencia rural desde 1985, ha encontrado que hasta el momento el número de personas que murieron en estas disputas supera las cifras del año pasado, cuando murieron 61 personas.
A finales de abril la violencia contra los indígenas en Brasil ocupó titulares internacionales cuando 13 miembros de la comunidad Gamela en el estado de Maranhão fueron atacados por los agricultores con machetes en un brutal conflicto de tierras.
Un par de semanas antes nueve personas fueron apuñaladas y baleadas por una disputa territorial en el estado de Mato Grosso, en la Amazonia.
Jeane Bellini, coordinadora nacional de la CPT dijo a Energydesk que en los últimos años ha habido un aumento significativo del número de personas que murieron en los conflictos de tierras rurales.
Bellini cree que la actual crisis política en Brasil, en la cual fue expulsada la expresidenta Dilma Rousseff el año pasado mientras se nombraba al presidente Michel Temer, quien está envuelto en un escándalo de corrupción, ha contribuido a alimentar la violencia:
«La violencia rural se ha acelerado durante el gobierno de Temer. En realidad no es sólo el Gobierno. Yo diría que la inestabilidad política fue creada por todas esas personas irresponsables en el Congreso, tanto como por Temer y su Gobierno. Quiero decir que están haciendo cosas que están completamente en contra de las necesidades y los derechos del pueblo».
Cortes en la Comisión de los Derechos Índígenas
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo a Energydesk que existe una estrecha correlación entre las medidas del Gobierno para reducir la Comisión y el aumento de la violencia. Explicó:
«Hay un aumento de la violencia debido a que las oficinas de la Funai a nivel estatal ya no funcionan. Funai es la única agencia del Gobierno que goza de la confianza de las personas indígenas. La gente busca a la Funai para protegerlos. Ahora no hay nadie trabajando para protegerlos».
Tauli-Corpuz visitó Brasil a finales del año pasado y encontró que las agencias gubernamentales estaban incapacitadas para funcionar. Dijo a Energydesk en diciembre que visitó las oficinas regionales de la Funai y no tenían personal:
«Fuimos a la oficina en Bahía y no había nadie allí. Se han producido enormes recortes y han continuado desde que regresé de mi viaje… Tengo la sensación de que la situación en el país se está deteriorando».
Meses más tarde, la UNSR dijo que las recomendaciones que hizo a los funcionarios brasileños no se han abordado.
En mayo un comité del Congreso dirigido por un poderoso grupo de presión agrícola se trasladó para sustituir a la agencia de derechos de los indígenas por un cuerpo controlado por el ministerio de Justicia, una medida que los activistas creen que podría tener consecuencias terribles.
Impunidad
De acuerdo con Bellini, una cultura de impunidad que rodea los asesinatos rurales en Brasil también es culpable del empeoramiento de la situación. La CPT afirma que de las 1.800 muertes que la organización ha registrado desde 1985 sólo 112 terminaron en los tribunales con muy pocas condenas.
Dijo: «Teniendo en cuenta toda la inestabilidad política en Brasil desde el año pasado, aquellos que están buscando acumular la tierra, en la forma que pueden, han encontrado una oportunidad para acelerar el proceso y al parecer se sienten muy convencidos de su impunidad».
En respuesta a esta historia Amnistía Internacional Brasil -que utiliza los datos de CPT en su propio trabajo- nos envió el siguiente comunicado:
«Amnistía Internacional cree que a la luz de los recientes ataques a la comunidad Gamela en el estado de Maranhão, es absolutamente esencial que el Gobierno de Brasil formule una fuerte declaración comprometiéndose a respetar las obligaciones constitucionales para demarcar y entregar las tierras ancestrales de pueblos indígenas.
La Funai debe fortalecerse, disponer de los recursos financieros necesarios y los recientes nombramientos en la Comisión deben ser revisados con el fin de garantizar que quienes están en posiciones de liderazgo en la agencia tengan la independencia política necesaria para hacer su trabajo.
El Gobierno brasileño debe garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y evitar cualquier iniciativa de penalizar o limitar su trabajo».
Joe Sandler-Clarke es un periodista británico especializado en investigación de historias de interés y públicas. Sus textos se han publicado en The Guardian, Independent, The Sunday Times, VICE y otros. Actualmente trabaja en Greenpeace Reino Unido.
Sam Cowie es un periodista independiente con sede en Sao Paulo, Brasil.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.