Después de justificar la mayor asistencia financiera en la historia de las intervenciones Estatales, para rescatar a un puñado de multimillonarios incompetentes (y/o corruptos), las fuerzas políticas responsables de las estrategias que llevaron a la crisis actual recomiendan una receta ya conocida para levantar la economía del hueco en la que fue dejada: aun […]
Después de justificar la mayor asistencia financiera en la historia de las intervenciones Estatales, para rescatar a un puñado de multimillonarios incompetentes (y/o corruptos), las fuerzas políticas responsables de las estrategias que llevaron a la crisis actual recomiendan una receta ya conocida para levantar la economía del hueco en la que fue dejada: aun más austeridad para el sector económico productivo, que efectivamente subsidia las pérdidas de los especuladores que viven de las rentas -i.e., del trabajo de otros.
Semejante movilización de fondos en los países del centro, en ciertos lugares equivalentes a 10 o más porciento de la producción anual total, antes era reservada para momentos de amenaza militar inminente. Por ello no deja de causar asombro e indignación la enorme suma trasladada a entidades privadas no-productivas, como son por su misma naturaleza las instituciones crediticias.
Para aquellos que vivimos en la periferia, el tema de la austeridad es, por desgracia, sintomáticamente recurrente. Se volvió consigna de la nueva derecha hace unos 40 años, para legitimar la desinversión pública tanto en los servicios básicos como en infraestructura productiva primaria.
Recién empezaba a extenderse el hoy lugar común de la crítica a los tropiezos de las economías con un alto nivel de planificación por empresas Estatales, atadas a políticas públicas asistencialistas o desarrollistas, dentro de proyectos políticos populistas.
Es cierto, en aquellas regiones de poca cultura cívica, la rendición de cuentas de las empresas públicas era deficiente y como consecuencia, se desperdiciaban vastos recursos públicos, en el mejor de los casos, o simplemente eran saqueados.
El usuario común tenía poco protagonismo frente al Leviatán estatal en sus muchas formas, banca pública, salud, educación, entre otros de los servicios de cobertura universal del Estado. Pero por otro lado, estos servicios públicos se desempeñaron como las herramientas principales del bienestar social en los años previos a la crisis del modelo desarrollista. (Eran el producto de decenios de lucha activa organizada de ciudadanos no-propietarios, sin acceso a ellos.)
Sin embargo, como bien se comprobó, el reclamo mayor de aquella nueva derecha poco tenía que ver con los derechos del consumidor, ni con la eficiencia en la producción de bienes y servicios, ni con una cultura cívica participativa y de servicio público.
Al contrario, su consigna principal siempre fue a favor de un mayor espacio para la ‘iniciativa privada’ -i.e., aquella dirigida unilateralmente por la rentabilidad privada-. Es decir, sentían que les correspondía una mayor tajada del pastel.
La austeridad o la reposesión de la riqueza pública.
La contracción del gasto público en los países que adoptaron (a la fuerza) el modelo que reemplazó el desarrollismo y sus formas de producción predominantemente con arraigo local, alentó al sector privado deprimido, después del agotamiento del gran auge económico de posguerra.
La eliminación de un actor económico tan poderoso como lo era en aquel entonces el Estado, que concentraba suficiente poder político para asegurar el éxito de sus inversiones -a pesar de perjudicar en ocasiones, ciertos intereses privados- posibilitó un nuevo ciclo de inversión y capitalización para el sector privado, en total ausencia de competencia real.
Muchas de las actividades rentables en manos de empresas públicas (telecomunicaciones, explotación minera, banca, etc.), fueron trasladadas a grandes firmas monopólicas del sector privado, dejando de lado, sin embargo, otra gran cantidad de proyectos y empresas necesarios para garantizar el bienestar social y la productividad a mediano y largo plazo.
La retirada del Estado como 1) otorgador de crédito a empresas pequeñas con un margen de ganancia ajustado -especialmente en el campo–, como 2) gran desarrollador de infraestructura primaria -aeropuertos, redes ferroviarias, autopistas, hospitales, etc.–, y como 3) regulador activo soberano de la economía política doméstica -a diferencia de la actual obediencia exigida a los organismos internacionales que controlan el flujo del crédito internacional- empoderó de manera desequilibrada a los actores económicos ‘exitosos’ en el juego desigual de los mercados regulados exclusivamente según el margen de ganancia.
Las economías que adoptaron esta fallida política pública pasaron de proyectos desarrollistas con una fuerte planificación Estatal, que reflejaba un balance de poder acorde a iniciativas de eliminación de la pobreza, a una planificación económica exclusivamente basada en utilidades a corto plazo.
El nuevo redentor sería la inversión extranjera. Sin embargo, los grandes capitales extranjeros que debían ser seducidos con la reversión del pacto social más progresista en la historia de la modernidad, huían a su vez del pago de garantías sociales en sus países de origen, demasiado oneroso para su gusto.
La mayoría debía acostumbrarse a niveles de vida por debajo de lo que se había establecido. «No había otra alternativa…»
Trabaje más, reciba menos.
Tal como ha venido a confirmar la actual crisis económica, las consecuencias de la prohibición política al Estado para intervenir y regular las actividades económicas fundamentales, tomando en cuenta los intereses de los sectores no-propietarios, han sido desastrosas. Quizá la más dañina entre todas ha sido el ataque frontal al alza del precio de la fuerza de trabajo.
Es bien conocida la argumentación. La supresión del crecimiento del precio de la fuerza de trabajo era necesaria y deseable para no ahogar la producción doméstica, que debía competir (a la fuerza) con importaciones de los nuevos centros industriales mundiales, muchos de los cuales, obviaban decirnos, reprimían la organización laboral, para garantizar precios laborales bajos.
En realidad, el abaratamiento sistemático del precio del trabajo es la manera menos efectiva para garantizar una productividad a mediano y largo plazo ( véase el caso alemán , cuyas exportaciones podrían alcanzar el billón de euros para el 2011, con una de las fuerzas de trabajo mejor remuneradas del mundo).
Mantener los costos de producción artificialmente bajos, penando a los trabajadores directos, reduce la capacidad de inversión productiva de una sociedad. Con estas medidas, se sub-recompensa a los sectores no-propietarios, para subsidiar la rentabilidad de un sector privado altamente concentrado y centralizado.
En realidad con el abarata miento intencional de la fuerza de trabajo se destruye el mercado de los bienes de consumo. Los desequilibrios distributivos propios de las políticas de represión de alzas salariales dificulta la reproducción de la fuerza de trabajo dentro de la economía formal. Y como dejó en evidencia M. Aglietta y muchos otros después -y algunos pocos antes, como Keynes-sin un mercado de bienes de consumo bullente, la reproducción de la economía-mundo capitalista es imposible.
Los movimientos hacia la re-regulación en interés de proyectos nacionales.
Todo esto para decir que el éxito del proyecto neoliberal para redistribuir la riqueza mundial en manos de los high net worth individuals , eufemismo técnico para referirse a los selectos miembros de la oligarquía económica de la economía-mundo capitalista, ha sido incuestionable. Según consta en el World Wealth Report, los 10 millones de individuos que componen esta élite tienen activos que rondan los 39 billones de dólares (trillion dollars). Cifra descomunal si se compara con el PIB mundial anual estimado en cerca de 60 billones de dólares .
Sus logros, en cambio, para mantener espacios y dinámicas propicias para una reproducción estable de la economía-mundo capitalista son menos impresionantes. El desarrollo de crisis tras crisis ha caracterizado la hegemonía de las políticas públicas nacionales e internacionales a favor de la hypermovilidad del capital (en especial financiero) -crisis de los países deudores de américa latina, crisis rusa, crisis del sudeste asiático, crisis de los savings and loans en los EEUU, crisis del Nasdaq, crisis pos-11/9/2001, y la mega-crisis del 2008, inter alia.
Esto lo saben las autoridades políticas de países como Brasil , la India y China , que han venido imponiendo y fortaleciendo controles a la entrada de capital extranjero, en especial, al estadounidense, sin sufrir mayores represalias de los organismos internacionales como la OMC.
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