Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La respuesta de la UE a la crisis económica está encaminando a los Estados miembros hacia un modelo de austeridad permanente, incluyendo ataques generalizados contra los derechos sociales. Para impedir cualquier resistencia, el objetivo del modelo que está proponiendo la UE es minimizar o incluso librarse completamente de toda interferencia democrática. Esto queda claro desde la perspectiva general de las iniciativas legislativas que se han adoptado desde que empezó la eurocrisis o que se espera que se adopten de forma inminente.
Los cambios han golpeado a la gente como una tormenta repentina. En menos de dos años la Unión Europea se ha puesto en la vía de implementar una política económica y fiscal común dominada por una serie de medidas, algunas de ellas legislativas, pensadas para hacer que los Estados miembros se adhieran a programas de austeridad y atacar derechos sociales trabajosamente ganados.
Los paquetes de préstamos a Irlanda, Grecia y Portugal, y las exigencias que van unidas a ellos han puesto a estos países bajo una administración de facto de Bruselas y del FMI. En Grecia los salarios se han recortado una media del 20% en el sector público, 150.000 funcionarios se enfrentan al cese y se están privatizando infraestructuras como puertos y las compañías públicas de publicidad. Se ha hecho retroceder el poder adquisitivo de los salarios más bajos al nivel de la década de 1980. En Portugal se ha obligado al gobierno a comprometerse a reducir el déficit desde el 9.,% del PNB a finales de 2010 hasta el 3% en 2013. Tres años con recortes generalizados. Mientras tanto, para evitar un programa de préstamo similar el gobierno español ha adoptado un programa de austeridad igualmente severo (rápidas reducciones del déficit, recortes salariales y ataques a la seguridad en el puesto de trabajo y a las pensiones).
Un modelo de austeridad prolongada
No hay razones para considerar esto una pura coyuntura que pasará pronto y se superará en unos pocos años. Estas políticas de austeridad no sólo se han cuestionado como una solución a la crisis, sino que ya fueron probadas por la historia en la década de 1930 y demostraron ser desastrosas. Sin embargo, a pesar de la ira que los paquetes de préstamos ha provocado por toda Europa, la UE se está moviendo rápidamente hacia un modelo de austeridad para todos los Estados miembros.
El Pacto del Euro, la vigilancia de los presupuestos de los Estados miembros bajo el denominado «semestre europeo» y las seis disposiciones sobre «gobernanza económica» que probablemente se adoptarán a finales de septiembre de 2011, son todo parte del mismo complejo de normas y acuerdos. Todas juntas, estas piezas preparan un modelo para futuras políticas económicas para la Unión Europea. La austeridad y los ataques a los derechos sociales son los ingredientes básicos, que se hacen aprobar vía procedimientos antidemocráticos y opacos. Ha habido protestas tanto de los sindicatos y otros movimientos sociales como de toda una serie de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Pero el nuevo modelo es complejo, lleva tiempo asimilar las numerosas nuevas iniciativas y entender cómo están conectadas entre sí. Establecer esta descomunal nueva maquinaria de gobernanza económica de la UE en un lapso de tiempo muy corto ha aplastado la naciente oposición a la austeridad por toda la UE.
Pero aunque pronto se establecerán los fundamentos básicos del modelo, no se ha dicho la última palabra y se puede esperar una resistencia feroz y generalizada. Esto debería estar claro examinando el paquete de gobernanza económica completo, cómo hará que los ciudadanos paguen los problemas causados por los bancos y los especuladores y por qué no nos acerca a una solución de la crisis.
Dar una visión sesgada a las raíces de la crisis
Desde hace meses, quienes han desempeñado papeles clave en las instituciones de la EU han tratado de dar una visión sesgada de las raíces de la crisis para legitimar las reformas.
«¿Recuerda qué causó la crisis financiera?», preguntaba un vídeo producido por el Parlamento Europeo en mayo de este año. «Estallaron las burbujas inmobiliarias y hubo que sacar de apuros a los bancos», continuaba. De acuerdo por el momento. Pero entonces continuaba afirmando que la crisis proviene de unas malas finanzas públicas: «Durante años, los gobiernos de la UE han estado retorciendo las normas financieras y construyendo sobre un terreno poco sólido», afirma una voz femenina. «Las instituciones de la UE habían tratado de pararlos, pero los gobiernos no iban a escuchar» (1).
Las normas a las que aludía eran las normas que sustentan la Unión Económica y Monetaria, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad (o simplemente Pacto de Estabilidad). Según estas normas, los Estados miembros están obligados a mantener el déficit de los presupuestos de los Estados por debajo del 3% del PNB y la deuda bajo el 60%.
Por lo tanto, según el Parlamento, lo que tenemos es una crisis causada por las finanzas públicas y la deuda pública.
Esta interpretación es acorde con unas declaraciones hechas por el ministro alemán de Finanzas Wolfgang el 16 de agosto: «Actualmente los economistas del todo el mundo no discuten que una de las principales causas, si no la causa principal, no ahora, sino ya en 2008, fue la excesiva deuda pública por todo el mundo».
Respuesta peligrosa – regulación lenta
Pero el consenso que Schäuble sugería no existe. El economista estadounidense Paul Krugman cuestiona el mito de la deuda pública en unos términos muy claros: «[…] Veamos la lista completa de los países que tuvieron problemas debido a las altas deudas acumuladas antes de la crisis, en contraposición a aquellos que han desarrollado grandes déficit a consecuencia de la crisis.
He aquí la lista completa: Grecia.
En vísperas de la crisis España e Irlanda tenían deudas bajas y superávit presupuestario (2) .
Y se debería añadir que incluso en el caso de Grecia, no está claro que la deuda pública sea la causa principal. Es más, la deuda griega ascendió rápidamente en los años anteriores a la crisis, pero lo que ascendió en primer lugar y con más fuerza fue la deuda privada (3).
Krugman lamenta que Schäuble no sea el único. «La fiscalización de la historia de la crisis (la insistencia, a pesar de las evidencias, de que se trataba de préstamos públicos excesivos) se ha convertido en un artículo de fe […]. Y esta fe ha hecho y hará un daño incalculable».
Un ejemplo de este daño incalculable es el hecho de que a aquellos que tienen menos dinero se les va a hacer pagar más. Pero también es algo más. Si los 27 Estados miembros de la UE se adhieren todos a políticas de austeridad, muy probablemente el resultado será una crisis continua y profunda. De hecho, podría convertirse en una repetición de la «Gran Depresión» de la década de 1930. En aquel momento la retirada de la circulación del dinero vía el descenso de los salarios y cortes en los gastos del gobierno llevó directamente a reducir la demanda. Cayeron los precios (lo opuesto a la inflación, la deflación), cerraron las fábricas, cayó el gasto del gobierno; un círculo vicioso. Una «estrangulación lenta», en palabras del economista estadounidense Mark Weisbrot (4).
Adam Posen, miembro del comité de política del Banco de Inglaterra, está de acuerdo. Ha advertido de que los políticos están a punto de repetir los errores de la década de 1930. «El tren se dirige hacia nosotros y deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo para cambiar las agujas», declaró a los periodistas en septiembre de 2011 (5).
Sin embargo, la retórica sobre la deuda pública como causa de la crisis puede dejarnos varados en las vías del tren en vez de salvarnos del impacto. Y el hecho es que la mayor parte de la actual deuda pública proviene de deuda privada. Tanto el Parlamento Europeo como Schäuble simplemente estaban equivocados.
Una clave indispensable para entender la crisis es ver cómo la competencia sin límites en la eurozona dejó a Irlanda, Portugal, España y Grecia como los perdedores. Cuando el sector privado en estos países empezó a perder terreno ante las compañías alemanas el gobierno pudo hacer poco para remediar la situación. Las normas de la Unión Económica y Monetaria excluyen una inversión pública generalizada y la moneda común hace imposible devaluar la moneda para hacer que los productos locales sean más baratos y recuperar ventaja competitiva. Con los sueldos reales estancados en Alemania y las subidas de precios en la periferia presionando cada vez más los sueldos nominales (no necesariamente los sueldos reales), el sector privado se volcó al préstamo. El interés común de la eurozona era demasiado alto para Alemania y demasiado bajo para la periferia. Ahí, en la periferia, era más fácil cosechar beneficios de la especulación, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que colocar las inversiones en un uso productivo (una situación que llevó a burbujas especulativas). No es toda la historia, pero basta con decir que la moneda común separó a la eurozona y dejó a las finanzas de la periferia en un terreno movedizo. Y cuando el crédito se redujo tras la crisis financiera, las economías de la periferia se desplomaron (6). Hace una década muchos analistas previeron este tipo de escenario: divergencia en vez de convergencia en la eurozona. Pero pocos imaginaron que sería tan grave.
Una agenda corporativa
Entonces, ¿por qué todas estas tonterías acerca de la deuda pública?
Por varias razones. Para empezar, la crítica de la base misma del euro (un factor clave de la integración de la UE) es tabú en Bruselas. No esperen ver a muchos eurodiputados, comisarios o miembros de gobiernos estatales admitir que la moneda común ha resultado ser un desastre para grandes partes de Europa. En segundo lugar, la mayoría de las instituciones de la UE (especialmente la Comisión Europea) consideran que una estrategia neoliberal, incluyendo la liberalización de los servicios públicos, la austeridad y bajos salarios, es el camino que tiene ante sí la UE y así han actuado durante muchos años en nombre de la «competitividad internacional». En tercer lugar, están los poderosos grupos de presión en Bruselas, el lobby de los grandes negocios.
Durante más de una década las organizaciones del lobby de los grandes negocios han estado trabajando para garantizar que los Estados miembros promueven una reforma de las leyes laborales, la privatización de los servicios públicos, recortes en los gastos sociales y la reforma de las pensiones. Los lobbies de los negocios consideraron que la estrategia de Lisboa (una estrategia para la EU que engloba todas las demás) adoptada en marzo de 2000 era un paso adelante fundamental aunque carecía de fuertes medidas para llevarla a cabo. Una nueva serie de normas sobre la gobernanza económica añadirá las fuertes medidas para llevarla a cabo que el mundo de los negocios ha estado exigiendo durante años. Oliendo la victoria, organizaciones como BusinessEurope (*) han estado atareadas asegurándose de que el nuevo sistema de gobernanza esté a la altura de sus exigencias. Y de acuerdo con la investigación hecha por Corporate Europe Observatory, han tenido bastante éxito en cada paso del camino (7).
Por su parte, la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT, en sus siglas en inglés, el famoso e infame lobby formado por presidentes de compañías de gran cantidad de corporaciones transnacionales europeas) vio un sorprendente parecido con sus propias ideas cuando se adoptó el Pacto de Europa: «El Pacto de hoy contiene muchos elementos que harán que esté más cerca la realización de la visión de la ERT para una Europa competitiva», afirmó en una declaración el exclusivo club de presidentes de compañías (8).
1. El semestre europeo
Para comprender como funciona, o funcionará, el nuevo modelo, es necesario examinar los elementos individuales, empezando por el nuevo sistema de vigilancia de los presupuestos de los Estados miembros, conocido como el Semestre Europeo.
El Semestre Europeo fue la primera pieza que se adoptó del puzle. De hecho, ocurrió muy rápido. La propuesta se publicó en la primavera de 2010 y para septiembre, sólo unos pocos meses después, había sido adoptada por el Consejo (9). Según este nuevo procedimiento, los Estados miembros tendrán que enseñar su borrador de presupuestos nacionales a la Comisión y al Consejo para abril del siguiente año. Una vez que la Comisión haya examinado los documentos, elaborará comentarios para que el Consejo los tenga en consideración. En julio el Consejo dará una «orientación de estrategia» a todos los Estados miembros.
La Comisión basará su recomendación en un «Estudio de crecimiento anual» que se publicará cada mes de enero. El estudio de este año de la Comisión insistió fundamentalmente en la «necesidad» de una reforma de las pensiones en los Estados miembros y en la «necesidad» de una reforma del mercado laboral (10). La recomendación de la Comisión específica para cada país se publicó a principios de enero y no deja dudas acerca de sus intenciones. Se pidió a la mayoría de los países que implementaran reformas de la legislación laboral para preparar el camino para bajadas de salarios y que redujeran las pensiones, bien reduciendo las oportunidades para una jubilación anticipada o bien aumentando la edad de jubilación (11). El Consejo aprobó por mayoría cualificada someter a votación el 12 de julio las recomendaciones para todos los Estados miembros y en general apoyaron las recomendaciones de la Comisión (12). ¿Sorprendente? Verdaderamente no. Los gobiernos en el Consejo son responsables ante su propio electorado, no ante los electores de otros países. Y si se ciñen a sus propios intereses, las severas reformas en otros países son (piensan ellos) son en su propio beneficio. No es que esta solidaridad sea una imposibilidad consustancial pero por el momento parece poco probable.
Salarios y pensiones en juego
Las recomendaciones incluyen una insinuación a España de que aplique estrictamente «los mecanismos existentes para los gobiernos autonómicos de control de déficit y de deuda» y que adopte más medidas «para acelerar la reducción del déficit» (13). Incluyen animar a Francia a «seguir revisando la sostenibilidad del sistema de pensiones y a tomar medidas adicionales si fuera necesario», y a mantener el salario mínimo bajo «para apoyar la creación de empleo». Una recomendación para Italia es debilitar la protección del empleo y se anima a Bélgica a considerar el abandonar la indexación de los salarios.
Está claro que aquí están en juego asuntos fundamentales. La cuestión es hasta qué punto esto va a influenciar la toma de decisión a nivel internacional. Es bastante pionero en sí mismo el hecho de que la Comisión y el Consejo discutan presupuestos estatales, en la mayoría de los casos mucho antes de que el proyecto final se presente al parlamento nacional. Por el momento el resultado del Semestre Europeo serán recomendaciones presupuestarias y políticas no vinculantes. El Semestre Europeo es el componente básico que está en el centro de todas las reformas. Proporciona un procedimiento para tratar los otros elementos del modelo de gobernanza económica. Sin embargo, por sí mismo el Semestre Europeo no incluye sanciones económicas. Pero varios de los otros componentes básico las incluyen y estarán relacionadas con el Semestre.
2. El Pacto de Europa, la brújula política
El documento más ampliamente conocido es el Pacto de Europa, que se adoptó en la reunión del Consejo Europeo (una cumbre de la UE) del 24 de marzo de 2011. Al principio era una iniciativa de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés Nicolas Sarkozy, y por un momento parecía como si fuera un instrumento intergubernamental, un tipo de declaración política que se implementaría a través del diálogo y de la presión del grupo. En el corto espacio de un mes se convirtió en mucho más que eso.
La redacción del Pacto de Europa es notablemente clara. La solución a la crisis radica en la austeridad y los salarios bajos. Para alcanzar la «competitividad» los Estados miembros deben «revisar los planes de los convenios salariales y, cuando sea necesario, el grado de centralización en el proceso de negociación», y «garantizar que los convenios salariales en el sector público mantienen los esfuerzos de competitividad en el sector privado (teniendo en cuenta el importante efecto señalizador de los salarios del sector público)». En otras palabras, se debe frenar el poder de la fuerza de trabajo en los planes de los convenios salariales y los salarios en general tienen que descender o mantenerse bajos. Además, para promover unas «finanzas públicas sanas» los Estados miembros deberían en primer lugar recurrir a la «sostenibilidad de las pensiones, la sanidad y las ayudas sociales», en otras palabras, a recortes en gastos sociales.
En la cima de todo ello, los Estados miembros signatarios se comprometen a trasladar «a la legislación nacional las normas fiscales de la UE tal como se establecen en el Pacto de Estabilidad».
En las semanas anteriores al vital encuentro del Consejo Europeo del 24 de marzo, el encuentro que iba a adoptar el Pacto, el lobby de los negocios BusinessEurope hizo varios esfuerzos para influir en el Pacto. Lo que quizá es más importante, BusinessEurope presionó con éxito para que la Comisión desempeñara un papel clave en la implementación del Pacto de Europa.
«El Pacto de Europa es un acuerdo político sobre el fortalecimiento de la integración. Las seis propuestas legislativas sobre gobernanza económica tratan de cómo implementarlo», afirmó el secretario general de la federación Philippe de Buck cuando se adoptó el Pacto, poniendo de relieve cómo se iba a integrar el Pacto en un modelo más amplio de gobernanza económica como una especie de brújula política para guiar a la Comisión y al Consejo (14).
Esto demostrará ser muy importante. Significa que el Pacto de Europa no será un documento aislado sino que se implementará a través de gran cantidad de medidas legislativas y vinculantes que está previsto que se adopten en septiembre de 2011.
3. El paquete de seis unidades
El Pacto de Estabilidad y el gasto social
La mayoría de estas propuestas se encuentra en las propuestas legislativas sobre «gobernanza económica». El pasado mes de septiembre la Comisión publicó seis unidades de un proyecto de legislación (que a veces se conoce con el nombre de el «paquete de seis unidades») (15). Todas han sido aprobadas hoy por el Consejo y la mayoría del Parlamento Europeo. En este debate, la mayoría del Parlamento Europeo presionó por unas normas que fueran lo mas firmes posible (16).
Cuatro de estas propuestas conciernen al Pacto de Estabilidad. Está en discusión fundamentalmente cómo hacer cumplir los dos umbrales clave del Pacto de Estabilidad, esto es, los Estados miembros está obligados a mantener los déficits sobre el presupuesto del Estado por debajo del 3% del PNB y a mantener la deuda por debajo del 60% del PNB. Según las normas originales, se multará a los miembros de la eurozona si traspasan estos dos umbrales, pero en la práctica las normas sobre sanciones no se han confirmado. Las normas se relajaron en 2005 tras las presiones de dos países en déficit, Alemania y Francia. Esto está a punto de cambiar de varias maneras.
Aun cuando la crisis actual no tenga sus raíces ni en la relajación de las normas ni en la deuda pública, los responsables de la UE en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo consideran que unas normas más firmes son la clave para prevenir crisis de la eurozona similares.
La mayoría de los cambios drásticos tienen que ver con el procedimiento contra los Estados miembros que no cumplan los dos criterios del pacto de Estabilidad, el «procedimiento de déficit excesivo». En resumen, esto es lo que viene:
* Las multas o fianzas sólo se podrán evitar si una mayoría cualificada del Consejo vota en contra de imponer una sanción. Esto tiene que ocurrir rápidamente (en 10 ó 20 días, dependiendo de la fase del procedimiento). Esto equivale a sanciones «semiautomáticas».
* Una nueva medida se ha introducido/se va a introducir para garantizar que las deudas se pagan con relativa rapidez. El criterio será el 5% de la diferencia entre la deuda y el 60% límite-cada año. Para países con una deuda elevada esto podría tener graves consecuencia para los presupuestos del Estado durante muchos años.
* Si un Estado miembro no cumple el criterio de la deuda puede ser sancionado.
* Las multas serán superiores al 0.5% del PNB, miles de millones de euros.
Además, varias de las nuevas normas aumentarán la vigilancia de los presupuestos. Esto incluye una obligación de tener «normas» vigentes, esto es, en la legislación nacional, sobre «normas fiscales numéricas que promuevan de forma eficaz la conformidad con sus respectivas obligaciones» como la «conformidad con los valores de referencia sobre déficit y débito».
Más a largo plazo (esto lo decidió el Consejo en noviembre de 2010) los Estados miembros fuera de la eurozona que no puedan ser multados según el Tratado también estarán sujetos a sanciones (17). Esto no será en forma de una multa, lo cual podría estar en contradicción con el Tratado. En vez de ello se harán deducciones de los diferentes tipos de ayudas de la UE recibidas por los Estados miembros, por ejemplo, ayudas agrícolas. En ese caso, una cantidad dada de Estados tendrán que ayudar, por ejemplo a los agricultores, de sus propios fondos. Nominalmente no es una multa, pero a efectos prácticos, es una multa.
Antes de que se aplique las sanciones, los Estados miembros estará bajo presión para implementar programas de reforma, conocidos de otra manera como recortes. ¿Podemos preguntar recortes de qué parte del presupuesto? Según el Pacto del Euro, fundamentalmente de los gastos sociales (sanidad, ayudas sociales y pensiones).
Desequilibrios macroeconómicos y cómo atacar a los salarios
Como reconocimiento de que los desequilibrios en la eurozona desempeñaban un papel fundamental, la Comisión propuso una iniciativa para contrarrestar lo que denominaba los «desequilibrios macroeconómicos». Sin embargo, no relaciona esto con el euro en sí, sino con las políticas de los Estados miembros. Para evitar que estos desequilibrios causen el mismo tipo de daño en el futuro, la Comisión afirma que un nuevo mecanismo permitirá a las instituciones de la UE intervenir en una fase temprana en caso de que sea necesario.
El procedimiento incluido bajo las dos propuestas en el paquete de seis sobre «desequilibrios macroeconómicos» es simple: asegurarse de que las economía de los Estados miembros no crean un desequilibrio, de que se han elegido los indicadores y definido los umbrales. Si un Estado miembro traspasa el umbral y si el gobierno de este Estado no reacciona lo suficientemente rápido a ojos del Consejo y de la Comisión puede ser sujeto a un procedimiento denominado «el procedimiento del desequilibrio excesivo» según el cual puede ser multado si es un país de la eurozona o recibir una fuerte crítica si no lo es.
El elemento cualitativamente nuevo en este procedimiento radica en permitir a la UE (fundamentalmente al Consejo y a la Comisión) intervenir en áreas hasta la fecha consideradas sensibles y prerrogativa de los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, como determinar las prioridades de los presupuestos nacionales, incluyendo el nivel de gasto social. Y ejercer influencia sobre el mercado laborar si, por ejemplo, los niveles de los salarios se definen como un indicador. Lo diabólico de las propuestas sobre desequilibrios macroeconómicos es que los indicadores se tienen que definir sólo cuando las propuestas llegan a la fuerza y la Comisión se pone a desempeñar un papel clave en definirlas (18). Esto es prácticamente un cheque en blanco para la misma institución que ha presionado mucho en favor de las reformas neoliberales y que tienen unas estrechas relaciones con los grandes negocios en relación a estas mismas cuestiones.
La Comisión y el Consejo han hecho unas insinuaciones inequívocas sobre qué tipo de desequilibrios quieren tratar con este procedimiento. Balanza de pagos (la suma de todos los intercambios comerciales públicos y privados dentro y fuera del país, incluyendo préstamos, mercancías inversiones), deuda pública y privada. Y los salarios. Cuando la Comisión presentó sus propuestas en septiembre de 2010 dejó muy claro que entre su lista de deseos estaba atacar a los salarios. Afirmaba que si los salarios se reducían en los países que se quedaban atrás en competitividad, esto restablecería el equilibrio. Un alto funcionario declaró a un periódico alemán: «Cuando los salarios del sector público dañan la competitividad y la estabilidad de los precios, entonces se debe pedir al país que cambie esta política. Y, por supuesto, el desarrollo de los salarios en el sector público tiene una gran influencia en la economía privada» (19). Desde entonces, el Consejo ha estado discutiendo niveles de umbral precisos y está dispuesto a actual una vez que se adopte la propuesta.
¿Va a interferir la UE en la negociación sobre los salarios?
La cuestión de la interferencia de la UE en la negociación sobre los salarios ha suscitado resistencia. El movimiento sindical encabezado por la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus sigas en inglés) ha protestado en varias ocasiones y esto ha sido una de las áreas clave de debate en el Parlamento Europeo. Éste ha suavizado ligeramente el texto y ha hecho un tanto difícil intervenir directamente en los salarios del sector privado, pero todavía se deja completamente abierta la opción de presionar a un Estado miembro para que baje los salarios en el sector público.
Esto suscita la pregunta: ¿qué tipo de desequilibrios son? Como hemos mencionado, hubo un claro proceso de divergencia en la eurozona en la primera década de moneda común y el origen de la crisis está en esta divergencia. Pero los desequilibrios se pueden abordar y evaluar de maneras muy diferentes.
Por ejemplo, la Comisión afirma que los culpables son los salarios en Grecia, Irlanda, Portugal y España, y en otros «desequilibrios domésticos» (20). Supuestamente, un giro descendente en la competitividad en estos países en comparación con Alemania se explicaría por una falta de «ajustes salariales». Sin embargo, un examen más atento revelaría que los salarios reales han permanecido estancados en Alemania durante mucho tiempo, gracias a medidas impuestas por el gobierno federal y a la afluencia de trabajadores procedentes de Europa central y del este (21). Las estadísticas muestran también que en términos de salarios reales, las cosas son prácticamente idénticas en Alemania y en los «países deficitarios» (22). Por lo tanto, habría que dar la vuelta al argumento. Los salarios en Alemania se mantienen bajos en comparación con las ventajas que tienen Alemania en términos de competitividad. ¿Podría ser que la Comisión reconozca que esto favorece los desequilibrios de forma fundamental y que se debería corregir subiendo los salarios en Alemania?
No.
Tanto la Comisión como el Consejo han afirmado en varias ocasiones que en primer lugar se tendrán que ajustar los Estados deficitarios (23). Y en términos de desajustes macroeconómicos estos países son fundamentalmente Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Aunque que el Parlamento Europeo ha insistido en la redacción del contenido legislativo sobre la «simetría», no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el tipo de enmiendas que evitarían que la Comisión y el Consejo hicieran de ello todavía una nueva carga de ajustes para los países con déficit (24).
Pero, ¿aceptarán verdaderamente los Estados miembros que el Consejo tome medidas enérgicas contra los salarios? (25). Aunque se resistan algunos Estados, la propuesta se someterá a votación por el voto de una mayoría cualificada y se hará cumplir por un «voto por mayoría inversa», que deja a decisión de los gobiernos dudosos o críticos encontrar una mayoría simple en contra de una medida que les obligaría a intervenir en la formación de salarios.
Los intentos de inmiscuirse en los sistemas de negociación de los salarios de los Estados miembros causaron revuelo en el pasado. ¿Aceptará verdaderamente el Consejo este hecho pionero?Sí. De hecho, el Consejo ya ha desarrollado los umbrales para medir si la evolución de los salarios son no satisfactorios o no (26). Y si quedara alguna duda, no hay que olvidar el Pacto de Europa y el compromiso de atacar la legislación laboral y los salarios.
Conclusión 1: Rechazar del paquete
Lo más probable es que las piezas finales se ajusten en este mes de septiembre. A mediados de septiembre el Consejo y la mayoría del Parlamento se pusieron de acuerdo sobre los detalles finales sobre el paquete de seis, así que la decisión final está a punto de caer. La mayoría de derecha (o, si se prefiere, de centro-derecha) en el Parlamento Europeo apoya enérgicamente el paquete completo y considera que el elemento crucial es conceder más poder a la (no elegida) Comisión Europea. Esto se refleja en el vídeo producido por el Parlamento, que afirma: «Para poner al día las finanzas nacionales el Parlamento Europeo desea una Comisión Europea fuerte a la que los gobiernos tienen que escuchar…¡Es el momento de ceñirse a las normas!».
Existen diferentes opiniones dentro del Parlamento, particularmente sobre las reformas del Pacto de Estabilidad que no fue respaldadas por los Social-demócratas, los Verdes o el grupo de izquierda GUE-NGL. Pero muchos eurodiputados verdes y social-demócratas están contentos de ver los contornos de una Europa federal en el horizonte (27) y comparten con quienes proponen el paquete completo una profunda confianza en las instituciones de la UE. Denuncian las nuevas normas del Pacto de Estabilidad (28) pero, al mismo tiempo, ofrecen un fuerte apoyo a los nuevos mecanismos sobre «desequilibrios» con la esperanza de que sean una herramienta para evitar una futura crisis. Pero considerando la agenda de la Comisión y del Consejo (las dos instituciones encargadas del modelo) esto es extremadamente peligroso.
Para que sea eficaz, cualquier lucha por el bienestar y los derechos sociales en Europa tendrá que luchar contra el nuevo sistema de gobernanza económica. En el momento en que estamos, poco antes de que las decisiones sean inapelables, un rechazo del paquete de seis por parte de los eurodiputados (o los gobiernos, en realidad) ayudaría a preparar el camino para una nueva respuesta democrática y socialmente justa a la crisis, aunque las posibilidades de ganar las votaciones son más que pequeñas.
Conclusión 2: El principio de una larga batalla
Puede que venga algo más. En el verano de 2011 gran cantidad de propuestas nuevas y drásticas emergieron de diferentes actores del Consejo, incluyendo una propuesta del ministro alemán de Economía de crear un no electo «Consejo de estabilidad» para vigilar la disciplina del presupuesto y garantizar que se aseguran los intereses de los negocios en el área de políticas laborales. El gobierno alemán ha propuesto poner a los gobiernos endeudados de la eurozona bajo el control de un nuevo Comisario y garantizar que pueden ser expulsados del euro si se niegan a ser gobernados de esta manera (29).
La reformas adoptadas o a punto de serlo equivalen a una forma de electroshock. A una velocidad increíble se está situando una legislación de muy largo alcance en un lugar que pone cruciales políticas de bienestar en manos de los tecnócratas de Bruselas. Procedimientos que son circunstanciales y opacos se aplicarán por la fuerza a Estados miembros para que hagan recortes a la asistencia social y ataquen a los salarios y los derechos sociales. Enfrentadas a una plétora de complicadas negociaciones y discusiones entre bambalinas, las víctimas tendrá pocos recursos para defenderse. La mayoría ni siquiera comprenderá la jerga utilizada para navegar y gobernar el nuevo modelo. Además, la institución que está al timón, la Comisión, es realmente una institución inexplicable, prácticamente inmune a la presión pública, pero fácilmente influenciable por los grandes lobbies de los grandes negocios.
Así pues, la gran pregunta sigue siendo qué futuro espera a este modelo de gobernanza económica si se utiliza todo su potencial. Dado que el modelo se adoptó en muy poco tiempo, sin dejar mucho espacio para que se consultara a los ciudadanos en un debate democrático, desde el principio se ha erigido sobre unos cimientos débiles, hablando en términos democráticos. No se puede asumir que tenga un respaldo popular significativo. ¿Será aceptado fácilmente y aquellas personas en la sociedad que tendrán que pagar aceptarán silenciosamente que se recorten las políticas de ayudas sociales y los derechos sociales? ¿O bien esto desencadenará una oleada de protestas que harán temblar los cimientos de la Unión Europea y que se abra camino una respuesta a la crisis democrática y socialmente justa?
Hay muy pocas dudas de que los próximos años van a ser bastante dramáticos, la cuestión, en cambio, es si será eficaz la oposición a las políticas de la UE. Las fuerzas progresistas tienen un enorme trabajo que hacer a corto plazo: encontrar maneras de empoderar a la gente que lucha contra la austeridad por toda Europa para hacer frente al reto de la gobernanza económica neoliberal.
Notas:
(1) Se puede ver el vídeo del Parlamento Europeo y una versión alternativa del vídeo producida por CEO:
http://www.corporateeurope.
(2) Véase el blog de Krugman en la página web del New York Times, 25 de agosto de 2011:
http://krugman.blogs.nytimes.
(3) En la década que precedió a 2009, la deuda pública de Grecia apenas cambió (aproximadamente el 100% de PNB), véase http://www.voxeu.org/index.
(4) Véase Mark Weisbrot: «US and Europe: Slow strangulation is much more likely than financial catastrophe», The Guardian Unlimited, 17 de agosto de 2011.
(5) International Herald Tribune, 15 de septiembre de 2011.
(6) Sobre los desequilibrios en la eurozona, véase por ejemplo Lapavitsas et al: «The Eurozone between austerity and default», Research on Money and Finance, septiembre de 2010, http://www.
(*) BusinessEurope (llamado UNICE, Unión de las Industrias de la Comunidad Europea, antes del 23 de enero de 2007) es una organización patronal europea creada en 1958 por organizaciones patronales nacionales con el principal objetivo de defender y representar los intereses de las empresas europea. Actualmente representa a 41 organizaciones de 35 países. Entre sus miembros figura la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
(7) Sobre el papel del los lobbies de los negocios, véase los artículos de Corporate Europe Observatory: «Corporate EUtopia» (enero de 2011), «Business against Europe» (marzo de 2011), «Next step for the europact» (abril de 2011) y «An undemocratic economic governance» (mayo 2011) en www.corporateeurope.org
(8) The European Roundtable of Industrialists, comunicado de prensa, 11 de marzo de 2011, http://www.ert.be/DOC%5C09130.
(9) Para garantizar un proceso rápido, el Semestre se adoptó como un cambio en el estatuto del Pacto de Estabilidad.
(10) Comisión Europea, «Annual growth survey: advancing the EU’s comprehensive response to the crisis», enero de 2011,
http://eur-lex.europa.eu/
(11) Véase las recomendaciones de la Comisión:
http://ec.europa.eu/
(12) Véase las recomendaciones del Consejo a los Estados miembros:
http://www.consilium.europa.
(13) Ibid.
(14) NOTAT, 1 de abril de 2011, http://notat.slid.dk/
(15) Véase las propuestas originales de la Comisión:
http://ec.europa.eu/economy_
eu_economic_governance_
(16) La propuesta completa del Parlamento europeo se adoptó en junio de 2011. Véase el resultado:
http://www.europarl.europa.eu/
02+DOC+WORD+V0//EN&language=EN
(17) Informe sobre el «equipo de trabajo Van Rompuy», «Strengthening economic governance in the EU», 21 de octubre de 2011, página 5.
http://www.consilium.europa.
(18) En la propuesta original de la Comisión ambos indicadores y umbrales los iba a definir la propia Comisión sin intervención de ninguna parte exterior. Esto fue inicialmente discutido por el Consejo, pero en este momento no está claro cuál es el acuerdo final sobre estos puntos.
(19 ) Die Welt Online, 27 de septiembre de 2011.
(20) Esta es la explicación más clara de la divergencia en la página web de la Comisión: «The divergence trend has been driven primarily by domestic economic imbalances, including the poor adjustment of wages to a slowdown in productivity, excessive credit growth and housing bubbles», http://ec.europa.eu/economy_
(21) Karl Brenke, «Real wages in Germany. Numerous years of decline», Weekly report 28/2009, German Institute for Economic Research, http://www.diw.de/documents/
(22) Esto está claro según las estadísticas del OCDE sobre los ingresos reales por empleado que demuestran un desarrollo idéntico en Alemania, Irlanda, España y Portugal en el periodo previo a la crisis, aunque Grecia está por encima de los demás. Véase, por ejemplo, Demetrios Nicolaides; «The socio-political impact of the single currency in Southern Europe», mayo de 2011, http://ucy.academia.edu/
Political_Impact_of_the_
(23) El Consejo lo afirmó en el informe del equipo de trabajo Van Rompuy. «Report of the ‘Van Rompuy task force'», «Strengthening economic governance in the EU», 21 de octubre de 2011, punto 33, página 8. http://www.consilium.europa.
(24) http://www.europarl.europa.eu/
02+DOC+WORD+V0//EN&language=
(25) Corporate Europe Observatory; «Business against Europe», marzo de 2011.
(26) Según la detallada información del ministro danés de Finanzas a su Parlamento, los niveles de umbral discutidos son un máximo del 9% de subida en los costes de los salarios nominales por unidad en tres años para los Estados miembros de la eurozona, 11% para Estados miembros que no son de la eurozona. Véase el documento fechado el 1 de abril de 2011:
http://www.ft.dk/samling/
Según el documento, los marcadores y umbrales se abordarán cuando se adopten finalmente las propuestas legislativas. En el Consejo ha continuado el trabajo sobre los salarios. Un documento de julio de la Comisión al Consejo contiene una detallada información sobre evolución de los salarios y sistemas de negociar salarios: Comisión Europea, «Assessing the links between wage setting, competitiveness and imbalances», julio de 2011, http://gesd.free.fr/
(27) Un ejemplo reciente incluye la bienvenida dada por el eurodiputado verde Sven Giegold a la idea de la canciller Merkel y del presidente Sarkozy de crear un gobierno económico en la eurozona, dotado del derecho a sancionar a los Estados miembros. Véase el comunicado de prensa del 22 de agosto de 2011:
http://www.gruene-europa.de/
(28) Véase también el comunicado de prensa del eurodiputado verde Philippe Lamberts;
http://www.greens-efa.eu/fr/
(29) EUObserver, 8 de septiembre de 2011. http://euobserver.com/19/