Justo cuando la sociedad civil de Brasil lograba introducir en un proyecto de ley normas presupuestarias que favorecen el combate a la desigualdad y el control social del gasto público, el esfuerzo puede desbaratarse por el juego electoral. Eliana Magalhaes Graça, asesora de Política Fiscal del no gubernamental Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos (INESC), manifestó […]
Justo cuando la sociedad civil de Brasil lograba introducir en un proyecto de ley normas presupuestarias que favorecen el combate a la desigualdad y el control social del gasto público, el esfuerzo puede desbaratarse por el juego electoral.
Eliana Magalhaes Graça, asesora de Política Fiscal del no gubernamental Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos (INESC), manifestó ese temor porque el Congreso legislativo no aprobó la ley en el plazo exigido para orientar el presupuesto de 2007.
Diputados y senadores debían aprobarla antes del 15 de julio como condición para disfrutar el receso parlamentario, pero violaron su propio reglamento por intereses y disputas de la campaña rumbo a las elecciones de octubre, cuando la ciudadanía elegirá presidente, gobernadores de los 27 estados y parlamentarios nacionales y estaduales.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva no puede esperar la aprobación de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, por sus siglas en portuguesas) para elaborar el presupuesto gubernamental del próximo año.
Lula debe presentar el proyecto de presupuesto antes del 31 de agosto, pues, de lo contrario, violaría la Constitución, explicó Graça a IPS.
Por lo tanto, no está asegurada la sanción de las propuestas de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales incorporadas al proyecto de LDO, como la que impide recortes de contingencia de recursos asignados a prioridades sociales, como programas y proyectos que reducen desigualdades.
En años anteriores, éstas eran «prioridades vacías» porque el presupuesto preveía inversiones que no se concretaban a causa de los recortes, señaló la asesora del Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos, organización con sede en Brasilia que analiza políticas públicas, las leyes presupuestarias y su ejecución.
El presupuesto en Brasil no es totalmente compulsivo. Es una «pieza de ficción», exageran muchos expertos, dado que el Poder Ejecutivo cuenta con margen de maniobras para alterar sus valores y prioridades. Una batalla actual del parlamento se refiere a la obligatoriedad de su cumplimiento.
Por ahora, las organizaciones que intentan influir en los gastos oficiales tienen que luchar por los recursos en la definición legislativa del presupuesto y luego por la liberación efectiva de esos fondos, evitando o limitando los recortes que se hicieron mas agresivos con el ajuste fiscal iniciado en los últimos años 90.
El no gubernamental Centro Feminista de Estudios y Asesoría, también radicado en Brasilia, propuso 14 enmiendas a la LDO de 2007, discutiéndolas con la bancada femenina y otros parlamentarios sensibles a la causa de las mujeres. Apenas dos fueron rechazadas.
Entre las metas y prioridades de 2007 para las que se aspira a evitar recortes presupuestarios figuran el combate a la violencia contra las mujeres y la reducción de la desigualdad de género y la étnica.
El control y la participación social en todo el proceso presupuestario es una vieja aspiración atendida en el proyecto de LDO, cuya aprobación aún está pendiente en la Cámara de Diputados y en el Senado.
El proyecto incluye la inédita obligación legal del gobierno de publicar cada año un informe sobre los recursos aplicados y, «mas que eso», el resultado de los programas de reducción de desigualdades, destacó Graça.
También las agencias oficiales de fomento deberán orientar sus préstamos contra las desigualdades y divulgar un informe anual del impacto de esa orientación crediticia, con indicadores sociales comparados.
Otras propuestas requieren audiencias públicas con movimientos sociales para la formulación del presupuesto anual y el acceso universal a los sistemas oficiales de información financiera, presupuestaria y de análisis fiscal.
«Estamos convencidos de que la corrupción solo caerá cuando haya un efectivo control social del presupuesto, porque ese mecanismo inhibe las desviaciones de recursos», dijo Graça, lamentando la «irresponsabilidad del Congreso» en no aprobar hasta ahora la LDO.
La falta de vigencia de este proyecto dificulta la presión al Poder Ejecutivo para que cumpla sus directrices, advirtió.
«Ese temor es infundado», aseguró a IPS el diputado Carlito Merss, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y miembro de la Comisión de Presupuesto.
El gobierno «tomará en cuenta las directrices aprobadas en la Comisión» y los grandes programas que reducen las desigualdades tendrán recursos asegurados, sostuvo.
Merss mencionó como ejemplo el programa «Beca-familia», que ofrece ayuda financiera a 11 millones de hogares pobres, así como otros que promueven «cambios estructurales», entre ellos el crédito a la agricultura familiar, cuyo monto se triplicó en los últimos años.
La LDO será votada en la primera semana de septiembre y aprobada tal como salió de la Comisión de Presupuesto, si la oposición «no practica un golpe», añadió el diputado oficialista.
También el año pasado hubo participación y la sociedad civil pudo influir en la elaboración del presupuesto, dijo Merss, relator del proceso parlamentario del presupuesto de este año, cuya aprobación sólo tuvo lugar en abril, y no el año pasado, como debería ser.
Durante los primeros tres meses y medio de este año, el gobierno de Brasil no contó sin ese instrumento de planificación. ***** +Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos, en inglés y portugués (http://www.inesc.org.br) + Centro Feminista de Estudios y Asesoría, en portugués (http://www.cfemea.org.br) +Cámara de Diputados, en portugués (http://www.camara.gov.br) (FIN/IPS/mo/mj/la ip if dv md pn sl/06)