Las políticas de bienestar social han sido en su origen, impulso y desarrollo una seña de identidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. A lo largo del siglo XX gran parte de las movilizaciones sociales que han protagonizado la izquierda política, el movimiento sindical y otras organizaciones sociales de carácter progresista, han […]
Las políticas de bienestar social han sido en su origen, impulso y desarrollo una seña de identidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. A lo largo del siglo XX gran parte de las movilizaciones sociales que han protagonizado la izquierda política, el movimiento sindical y otras organizaciones sociales de carácter progresista, han tenido como objetivos el derecho a la salud, las pensiones, la educación, la protección frente al desempleo, los servicios sociales, la lucha contra la pobreza, etc. Posteriormente y no sin tensiones, fueron siendo asumidas por otros sectores políticos y sociales y en especial por los que se identificaron con la Democracia Cristiana de la posguerra (fuera cual fuera su denominación concreta).
Hoy, tan solo los sectores mas ultraliberales defienden el desmantelamiento de las políticas de bienestar social e incluso allí donde han estado en el gobierno, no han podido realizar todo lo que inicialmente proponían.
Por ello, no es exagerado decir que hoy en nuestra sociedad las políticas de bienestar social son una de las mas claras señas de identidad del sistema político democrático. Bienestar social y democracia son dos realidades que están estrechamente ligadas. El Estado de Bienestar Social ha transformado radicalmente las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de los países desarrollados. La espectacular prolongación de la vida, 30 años mas de media en tan solo un siglo; la erradicación de la mortalidad infantil; las mejores condiciones de salud, son resultado directo de los Sistemas públicos y universales de salud. Los avances en la erradicación de la pobreza, la movilidad en la durante siglos impermeable estratificación social, con el crecimiento las clases medias, la incorporación de la mujer al trabajo, los avances científicos y el mayor nivel cultural de la población, etc., son fruto de la generalización de la educación y de la mejora de la calidad de la enseñanza publica.
El que hoy ser anciano, enfermo, parado, persona con discapacidad, etc. no conduzca irreversiblemente al hambre, la miseria, el abandono y la marginación, son logros de los sistemas públicos de pensiones y de prestaciones de desempleo. Sin embargo, cuando todavía existen profundas carencias sociales, cuando hay colectivos sociales a los que no alcanza el bienestar social o lo hace de forma deficitaria o cuando una parte importante de mujeres tienen que sustituir con su trabajo las insuficiencias de las políticas sociales, grupos y personas vinculados a poderosos intereses empresariales y de la derecha siguen cuestionando y atacando el Estado de Bienestar Social.
En unos casos los sectores mas neoliberales defienden abiertamente la reducción del gasto publico en políticas sociales. En otros, de forma mas sofisticada y evitando el desgaste electoral que la medidas de recorte les pueden acarrear, propugnan la privatización de la gestión de las políticas de bienestar social, trasvasando ingentes recursos públicos al ámbito de gestión privada.
Tras la aparente preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, la alarma ante el crecimiento del gasto sanitario, las lamentaciones por el deterioro de la calidad de la enseñanza, los supuestos efectos perniciosos en el empleo de las cotizaciones sociales, la extensión del fraude o la rebelión fiscal como respuesta a los supuestamente elevados impuestos, etc., hay única y exclusivamente un interés mercantil, para apropiarse de la gestión de los actuales sistemas de bienestar social. Las políticas de bienestar social se han caracterizado por la garantía publica de su viabilidad, por la solidaridad intergeneracional e interterritorial de sus prestaciones, por la gestión socialmente participada. Esto es lo que cuestionan hoy sectores de la derecha y empresariales. Propugnan una gestión privada y una concepción estrictamente de seguro, «cada uno recibe según lo que ha aportado» y todo ello sin control social y con un amplio margen para el beneficio mercantil.
Las experiencias de este modelo privado de bienestar social, son elocuentes al respecto, no ya en términos de exclusión social de sectores y de ruptura de la solidaridad, es que además la gestión es mas cara, la calidad menor y los riesgos mas frecuentes.
La clasista sanidad norteamericana, que margina a una parte importante de la población y que tiene altos costes de funcionamiento; los efectos desastrosos y excluyentes de los fondos de pensiones en Chile y Argentina; o la caída de la calidad de los servicios públicos en Inglaterra tras la privatización tatcheriana, están ahí para quienes quieran comparar.
Pero aunque llevan años hablando de la crisis fiscal del Estado, de la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, etc, no han conseguido erosionar el núcleo central de las políticas sociales, que son ya avances irreversibles, al menos en un contexto político democrático. Por eso, la concepción de transformar los Estados de Bienestar Social en «sociedades de bienestar social», sea hoy la habilidosa presentación por parte de las fuerzas políticas y sociales del centro y de la derecha, de unas propuestas con las que pretenden no preocupar a amplios sectores sociales.
Pero en definitiva tras la perspectiva de que hay que sustituir los Estados de Bienestar Social, por las sociedades de bienestar social, hay una meridiana apuesta por la reducción de las políticas de bienestar social, por la privatización de derechos, por la desigualdad. Hoy es necesario seguir hablando del «Estado de Bienestar Social», como reflejo inequívoco de que, en unas sociedades que aun arrastran profundas desigualdades y diferencias, el papel del Estado, de lo publico, en la corrección de esas desigualdades, en la garantía del bienestar social, es decisivo y aunque como después veremos hay un protagonismo evidente por parte de la sociedad en la organización y realización de la solidaridad social, hay que seguir hablando de los Estados de Bienestar Social, con ese papel activísimo de lo publico.
Pero también hay otra forma de debilitar o al menos congelar las políticas sociales, como es dar la mayor prioridad a la reducción de impuestos, o la obsesión radical con el déficit cero, lo que resulta incompatible con la consolidación y mejora del Estado de Bienestar Social. La cultura critica con los impuestos, es una cultura ajena a las fuerzas progresistas, al movimiento sindical. Ya desde el siglo XIX quienes se oponían al establecimiento de modernos y eficaces sistemas impositivos, eran los mismos que defendían el «estado mínimo», las políticas de «laissez faire». Por el contrario la clase obrera, los sectores populares, siempre han visto en el sistema impositivo un poderoso instrumento de corrección de desigualdades sociales, de redistribución de la riqueza. Quienes mas deben temer de un sistema impositivo son las grandes fortunas, los sectores mas privilegiados, no quienes viven de su trabajo cotidiano.
Es evidente que puede haber sistemas fiscales con aspectos regresivos o insolidarios. Las reformas propugnadas por Bush o por Aznar así lo han sido. Como tampoco debemos ignorar que una desmesurada presión fiscal en un mundo globalizado puede generar deslocalizacion de empresas, evasión de capitales o búsqueda de artimañas de ingeniera financiera para eludir los impuestos, con lo que a la postre pueden tener menor eficacia recaudatoria.
Pero desarrollar una política fiscal razonable, progresiva, equilibrada y eficaz y trasladar a la opinión publica los efectos beneficiosos para la mayoría de población, aunque no sea tarea fácil, es una responsabilidad fundamental de un gobierno progresista y de las organizaciones políticas y sociales que aspiran a una sociedad mas justa y solidaria. Y refiriéndonos al debate en España, hay que ser claros al respecto: no podemos aspirar a unas avanzadas políticas de bienestar social como las existentes en los estados de larga influencia de gobiernos socialdemócratas del norte y centro de Europa y tener un débil sistema impositivo y encima con tendencia a la baja. Dicho en otras palabras «sin suficientes impuestos, no hay política social suficiente».
Además hay que tener muy presente que en un estado, como el nuestro, las políticas fiscales están experimentado un amplio proceso de descentralización competencial, por lo que las demandas de financiación deben dirigirse no solo hacia la Administración General del Estado, sino también de forma creciente a las Administraciones Autonómicas e incluso, aunque en mucha menor medida, a las Corporaciones Locales.
Tres últimas reflexiones en esta introducción
Es imprescindible evitar debates excesivamente teóricos o abstractos sobre las características, problemas, perspectivas, reformas, etc. de las políticas de bienestar social. Hay que debatir con datos y realidades en la mano.
En segundo lugar, debemos ser conscientes que no hay un único modelo de Estado de Bienestar Social. Cada uno es producto de su realidad histórica, política, social, económica, demográfica e incluso geográfica. Resulta necesario conocer y reflexionar sobre las experiencias ajenas, para aprender y para contrastar con nuestra realidad, no para transposiciones miméticas.
En tercer lugar, quienes defendemos y apostamos por la consolidación y fortalecimiento de las políticas de Bienestar Social, debemos asumir que estas son dinámicas, que están íntimamente ligadas a los cambios sociales y económicos, por no hablar también de los tecnológicos.
Por ello, negarse a reformas, por complejas y difíciles que puedan resultar en un momento determinado, es abrir paso a su cuestionamiento y crisis y en definitiva a su reducción traumática.
La defensa a ultranza del modelo de Estado de Bienestar Social impulsado por las fuerzas progresistas, no debe ser óbice para que, sin romper su esencia, seamos capaces de actualizar, mejorar y adaptar su funcionamiento a las nuevas realidades, que resumiría en las siguientes:
– Afrontar los nuevos retos del envejecimiento, de la caída de la natalidad y de la irrupción de la inmigración.
Fomentar la participación y el papel inestimable de las ONG y de las diversas formas de voluntariado y de economía social, sin desvirtuar su finalidad.
-Aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para una mejor utilización de los recursos materiales y humanos.
-Adaptar los sistemas de cotización o de imposición fiscal a la nueva tipología de empresas intensivas en capital o con gran movilidad de capitales.
-Abordar las nuevas formas de pobreza urbana, de los efectos de la drogadicción, el alcoholismo, las carencias de las familias monoparentales con cargas familiares, las nuevas formas de menores y adolescentes en situación de riesgo, etc.
-Evitar los desequilibrios y desigualdades territoriales y entre la ciudad y las pequeñas poblaciones rurales.
Afrontar la necesidad de coordinación de políticas, actuaciones y financiación en el marco de un estado profundamente descentralizado.
Todo ello exige nuevas alternativas de política social, para evitar la esclerosis o el deterioro de los programas o actuaciones que en su día fueron positivos y eficaces.
Por ultimo hay que resaltar que el impulso y renovación del Estado de Bienestar social exige la negociación y participación de todos los sectores sociales implicados: sindicatos, empresarios, profesionales del bienestar social, usuarios, ONG y tercer sector, etc.
Adjunto a la Secretaría de Política Social de la Confederación Sindical de CC.OO.