Analizar y evaluar un sistema publico de bienestar social, puede hacerse siguiendo diversas metodologías de forma individualizada o combinada: niveles de universalización y cobertura poblacional de los programas sociales, situaciones de pobreza y exclusión social, estado de salud y expectativas de vida, volumen de empleo en el ámbito de las políticas sociales, grado de consenso […]
Analizar y evaluar un sistema publico de bienestar social, puede hacerse siguiendo diversas metodologías de forma individualizada o combinada: niveles de universalización y cobertura poblacional de los programas sociales, situaciones de pobreza y exclusión social, estado de salud y expectativas de vida, volumen de empleo en el ámbito de las políticas sociales, grado de consenso ciudadano sobre las políticas de bienestar, costes de gestión, cohesión territorial, integralidad y transversalidad de las políticas, cargas familiares como sustitución de los recursos públicos, etc. Pero sin duda, uno de los elementos clave para conocer el nivel de desarrollo del Estado de Bienestar Social es el volumen de gasto publico en relación a la riqueza nacional, es decir el PIB.
Es evidente que no siempre mayor gasto publico significa mejor y mas amplia política social. Una buena gestión publica puede hacer mas eficaz y eficiente el gasto y una mala gestión publica puede desembocar en un alto gasto publico. En España tenemos dos ejemplos evidentes al respecto: el desmesurado gasto publico en productos farmacéuticos no puede ser valorado positivamente; la buena gestión del sistema de pensiones de la Seguridad Social, con unos bajísimos costes de gestión, que no grava negativamente el gasto en prestaciones y que va a acompañado con un alto nivel de satisfacción por su funcionamiento. Siendo cierto, por tanto, que mas gasto publico no siempre se traduce en mas bienestar social, sin embargo sin un adecuado gasto publico hablar de políticas sociales es mera palabrería. También tenemos en nuestro país un ejemplo clarísimo: la propaganda que los gobiernos del PP han hecho sobre sus programas de apoyo a las familias, contrastan brutalmente con la insignificancia de las dotaciones presupuestarias que han acompañado a esos programas.
Hay, además, otros aspectos a considerar, a la hora de relacionar el volumen del gasto social publico con el PIB. Los efectos del gasto publico no son los mismos en sociedades muy cohesionadas social y territorialmente o con limitadas diferencias de rentas en la población, que en sociedades caracterizadas por sus desigualdades sociales. Aunque no siempre es fácil diferenciar la causa y el efecto, la realidad nos dice que los Estados con mayor cohesión social, son precisamente los que tienen un mayor gasto social publico en relación al PIB.
El PIB por habitante es otro factor decisivo a tener en cuenta. Por ejemplo, Grecia y Portugal tienen mas gasto social publico sobre el PIB que España, pero al ser bastante menor el PIB por habitante en los dos citados países, se traduce lógicamente en unas políticas de bienestar social de mucha menor intensidad y calidad que las existentes en nuestro pais. La proporción de gasto social publico en Grecia y Portugal, sí refleja, en cambio, una clara voluntad política de dar una alta prioridad a las políticas de bienestar social que no ha existido en la misma medida en España.
Por otra parte, a la hora de analizar este tipo de indicadores hay, igualmente, que relativizar las comparaciones en función de otros indicadores sociales, económicos y demográficos. No son exactamente iguales las exigencias de gasto social en un país envejecido que en otro con una pirámide demográfica relativamente joven; o un estado con una fuerte presencia inmigratoria y otro que apenas tiene; o una sociedad con un alto nivel de empleo y tasas de actividad masculina y femenina y otro que tenga importantes niveles de paro y baja actividad femenina. Tampoco podemos olvidar la presencia de la economía sumergida, no contabilizada en los PIB oficiales y que puede suponer hasta el 20% o el 25% de los PIB reconocidos. Un importante volumen de economía sumergida sesga la valoración de los datos de gasto social en relación al PIB. Efectivamente la economía informal o sumergida de un país reduce el PIB identificado sobre el real y sobrevalora el gasto social en relación al mismo. Esta es una realidad más extendida en los Estados mediterráneos, lo que en términos de gasto social real supone que este es aún más reducido de lo que ya aparece en las comparaciones con los países del centro y norte de Europa, cuyo PIB identificado es más real que el de los países mediterráneos.
Al hacer comparaciones internacionales, hay que tener presente que a lo largo de los años la Unión Europea ha ido perfeccionando sus estadísticas, modificando los grandes conceptos en que se agrupan las políticas sociales, integrando nuevas partidas presupuestarias. Por ello, los cambios en los datos han sido muy frecuentes, aunque el sentido global de la evolución general de la Unión Europea y de cada uno de los países no ha experimentado alteraciones sustanciales. Aún así, hay alguna evolución, especialmente la de Grecia, que resulta sorprendente.
También hay que tener en cuenta que en los últimos años ha habido importantes modificaciones en el calculo del Producto Interior Bruto, que en lo que se refiere a España ha supuesto una sensible elevación del mismo, lo que ha influido negativamente en la evolución de la proporción de gasto social en relación con el PIB, factor este que se suma al notable crecimiento que, de por sí, ha tenido el PIB español.
La fiabilidad de las estadísticas suministradas por cada país debe darse por supuesta, lo que no es óbice para que haya carencias en el proceso de elaboración de los mismos. En lo que respecta a España la integración estadística tiene aún deficiencias a la hora de computar o clarificar el conjunto del gasto de las tres Administraciones Públicas, por lo que en el caso concreto de nuestro país podría haber incluso una infravaloración del gasto real en alguna décima del PIB, lo que en ningún caso alteraría de manera significativa los datos generales.
Adjunto a la Secretaría de Política Social de la Confederación Sindical de CC.OO.