Evolución del gasto social público La información disponible sobre gasto social publico en España, homologable a las estadística europeas (EUROSTAT/ SESPROS), parte del año 1980. En aquel momento representaba el 17’4% del PIB. En el año 2003, últimos datos publicados por la Administración española y aun no homolgados por EUROSTAT, el gasto social publico alcanza […]
Evolución del gasto social público
La información disponible sobre gasto social publico en España, homologable a las estadística europeas (EUROSTAT/ SESPROS), parte del año 1980. En aquel momento representaba el 17’4% del PIB.
En el año 2003, últimos datos publicados por la Administración española y aun no homolgados por EUROSTAT, el gasto social publico alcanza el 20’2% del PIB. Un avance de 2’8 puntos en 23 años, podría aparecer como muy modesto e insuficiente. Siendo esto cierto en términos generales, sin embargo, no podemos olvidar el importantísimo crecimiento del PIB de nuestro país en este periodo, por lo que a la ganancia de porcentaje del gasto social publico sobre el PIB, hay que añadirle el crecimiento propio del PIB.
En términos reales (es decir en euros constantes), el crecimiento del PIB ha sido del 87’4% y del gasto social del 117’6%.
Esta evolución genéricamente positiva, tiene importantes matices a la hora de descender en su concreción. La mayor parte del crecimiento se ha centrado en las políticas de vejez y muy en especial en el gasto en pensiones de jubilación de la Seguridad Social. Igualmente ha habido un incremento, aunque en menor medida en gasto sanitario, una reducción notable en gasto porcentual en muerte y supervivencia y una reducción algo menor en políticas de apoyo a la familia.
En consecuencia, la distribución del gasto social publico esta muy sesgada hacia las políticas de vejez (pensiones), que representan el 40% del total del gasto. Seguida de la política sanitaria que representa casi el 30% del total del gasto. La suma de ambas políticas, mas la protección al desempleo y el gasto en invalidez (fundamentalmente pensiones) ascienden al 90% del total del gasto social.
De ahí que las políticas de apoyo a las familias, lucha contra la exclusión social y alojamiento, tienen un carácter meramente residual en el conjunto del gasto social publico. El esfuerzo de mayor gasto publico social, ha descansado en su practica totalidad en el crecimiento de las aportaciones de las administraciones publicas, que han aumentado en un 50’8% en estos 23 años, frente a un crecimiento del 4% de las aportaciones de los trabajadores y usuarios y un insignificante 0’9% de los empleadores. Por tanto el esfuerzo de mayor financiación de la política social ha sido a través de los impuestos generales, aunque hay que tener muy presente que el crecimiento tuvo lugar en la década de los años 80, estancándose en la década de los 90 y en la actual.
Si se analiza la evolución en el tiempo del crecimiento real del gasto social publico, veremos que el periodo mas expansivo fueron la segunda y tercera legislatura del PSOE en los años 1987 a 1993. Con un descenso en la ultima legislatura del PSOE y un crecimiento ralentizado en las legislaturas del PP.
Por ello, no es exacto atribuir desde ambitos del PSOE la caída del gasto social publico a las dos legislaturas del PP; como tampoco es cierta la autoconsideración que se hace desde el PP de una política social expansiva en lo que han sido sus dos gobiernos.
El gasto social público en España en comparación con la UE
Se puede decir que cada estado de la Unión Europea (refiriéndonos por el momento a los 15, antes de la ampliación de mayo del 2004), tiene un modelo de estado de bienestar social propio, una estructura de gasto social especifica, un sistema impositivo diferenciado y un contexto social, económico, demográfico y político, con características propias, por lo que hay que ser muy cauto a la hora de hacer comparaciones simplistas entre las realidades de gasto social publico entre cada uno de los estados de la U.E.
Pero dicho esto, si hay elementos muy significativos que pueden marcar claras diferencias y ser útiles para establecer algunas conclusiones a la hora de responder a la pregunta ¿cómo se encuentra España, en líneas generales, en relación a los demás estados de la U.E.?
La primera cuestión que hay que resaltar (sin olvidar nunca las observaciones metodologicas realizadas en anteriores apartados), es que la U.E., a pesar de las fortísimas presiones neoliberales de la ultima década, ha logrado mantener su nivel de gasto social, habiendo crecido una media de 3’2 puntos del PIB desde 1980 al 2001 (ultimo año con datos disponibles).
Este mantenimiento del gasto social, en un contexto político de regresión de los gobiernos progresistas en la mayoría de los estados de la U.E., habrá que apuntarlo en buena medida a los esfuerzos de los sindicatos y de otros movimientos sociales y al papel de los partidos progresistas. Capitalización que no siempre sabemos hacer adecuadamente. Tres países con muy sólido estado de bienestar social, Suecia, Holanda y Bélgica, han sufrido un cierto retroceso de su gasto social, pero en cualquier caso se mantienen por encima de la media del gasto de la U.E.
Otros dos países han tenido un notable retroceso, Irlanda y Luxemburgo, siendo especialmente relevante el primer caso que responde a una nítida opción neoliberal asumida por los gobiernos irlandeses de los últimos diez años. En el lado positivo destacan el notabilísimo esfuerzo de Grecia y también de Portugal, que prácticamente han duplicado su gasto social, aunque en el primer caso puede haber algunas dudas sobre la fiabilidad de sus estadísticas. Reino Unido e Italia, a pesar de largos periodos de gobierno de la derecha, han tenido también notables crecimientos del gasto social; cuestion distinta puede ser analizar la calidad de los mismos.
España ha tenido un crecimiento, como ya se ha dicho, muy moderado, por debajo de la media comunitaria, (aunque hay algunas divergencias sobre los datos identificados para España en el año 1980 que no coinciden). En todo caso si se puede decir que, pesar de los esfuerzos realizados, en el año 2001, estábamos algo mas lejos de la media europea de lo que nos encontrábamos en 1980. Se pueden hacer otras aproximaciones, como p.e. el gasto social publico por habitante en unidades de paridad de compra, y en ese caso aunque España se encuentra casi en la mitad de la media de la U.E., el esfuerzo de crecimiento desde 1980 ha sido en nuestro país del 320% frente al 281% de la media comunitaria.
Sin embargo hay otros indicadores comparativos que no son tan positivos, como es la evolución a precios constantes del gasto publico social por habitante en la década de los 90. Frente a un crecimiento del 15% en la media comunitaria, España ha tenido un retroceso del – 4’9%.
Si de los datos globales pasamos al gasto por funciones, encontraremos algunos otros aspectos interesantes. Así, en el gasto por enfermedad (sanidad) tenemos un diferencial de relativa importancia con la media comunitaria, aunque nuestro crecimiento ha sido mayor que la evolución de la media de la U.E.
En gasto por invalidez, a pesar de las quejas históricas de la patronal española y de sectores de la opinión publica e incluso de las administraciones publicas, hay que decir que estamos por debajo de la media comunitaria y prácticamente estabilizado desde 1980.
En la función vejez (fundamentalmente pensiones de jubilación), aunque mantenemos un cierto diferencial con la media comunitaria, es donde de forma mas notable nos hemos aproximado a la U.E.
En la función supervivencia (básicamente pensiones de viudedad), aunque estamos por debajo de la media comunitaria, hemos seguido la misma pauta de descenso del gasto que se ha seguido en la mayoría de los estados de la U.E.
En la función empleo (protección al desempleo), es el único ámbito de gasto social en el que estamos por encima de la U.E., aunque hay que matizar que ello responde también a unos niveles de desempleo muy superiores a la media comunitaria.
En las funciones exclusión social y alojamiento nos encontramos en la mitad del gasto de la media comunitaria, resaltando que en todo caso estos ámbitos de gasto social también en la U.E. son marginales.
Sí merece la pena destacar que el gasto en protección a la familia en España representa menos del 25% de la media de gasto comunitaria, a pesar de las frecuentes loas que desde los poderes públicos y desde diversas instituciones se dedican al colectivo familiar.
En cuanto a la financiación del gasto publico social hay que hacer una primera y fundamental consideración. La homologación conceptual no es sencilla entre los 15 Estados de la UE, a la hora de establecer las grandes partidas de ingresos debido a los muy diferentes sistemas de cotización, de imposición fiscal y de la propias características de las Administraciones Públicas como empleadoras.
También son diferentes los sistemas de pago delegado de prestaciones del empresario a los trabajadores, cuando estas existen; la estructura del mercado laboral y la amplitud del sector de trabajadores no asalariados; las aportaciones de los usuarios de los sistemas de protección social son distintas entre los diversos países que tienen establecida este tipo de aportación; y, por último, son igualmente diferentes los efectos de la situación de desempleo de cara a las cotizaciones.
Dicho esto, la financiación directa de los trabajadores y usuarios españoles se sitúa casi por la mitad que la media comunitaria, con un crecimiento muy modesto en estas dos décadas: 4%, frente al 7’5% de media en los países de la U.E.
En lo que respecta a los empresarios (públicos y privados), nos situamos ligerisimamente por encima de la media comunitaria, con una aportación prácticamente estabilizada en estos veinte años, frente a un decrecimiento del – 7% como media en los países de la U.E. (Ver cuadro anexo n. 8.2.). En cuanto a la aportación de las administraciones publicas, a pesar de que prácticamente hemos duplicado la financiación en estas dos decadas, seguimos situándonos cerca de la mitad de la media comunitaria, que también ha tenido un muy notable crecimiento.
En definitiva en lo que se refiere a la financiación se puede observar como tendencias básicas en la U.E. una mayor aportación de los trabajadores y usuarios, en la misma medida que se reduce la de los empresarios y un notable incremento de las aportaciones publicas, sobre las que descansa prácticamente el incremento de los 3 puntos de crecimiento del gasto social en relación al PIB que ha tenido lugar en desde 1980. España solo ha seguido esta ultima tendencia.
(*) Adjunto a la Secretaría de Política Social de la Confederación Sindical de CC.OO.