Carencias del Estado del bienestar en España Este balance sin duda positivo, tampoco puede ocultar ni dulcificar las graves deficiencias y limitaciones que caracterizan todavía a nuestro Estado de Bienestar Social. Antes de enumerar las carencias y problemas básicos de nuestro Sistema de Protección Social, resulta necesario hacer referencia a cuatro realidades estructurales que están […]
Este balance sin duda positivo, tampoco puede ocultar ni dulcificar las graves deficiencias y limitaciones que caracterizan todavía a nuestro Estado de Bienestar Social.
Antes de enumerar las carencias y problemas básicos de nuestro Sistema de Protección Social, resulta necesario hacer referencia a cuatro realidades estructurales que están pesando de manera importante en su consolidación y avance.
– Los todavía elevados niveles de paro, a pesar del crecimiento del empleo en los últimos años y la relativamente baja tasa de población activa, especialmente significativa en lo que se refiere a la mujer.
– En segundo lugar, el intenso proceso de envejecimiento de la sociedad española, debida a la brusca caída de la natalidad y a la importante prolongación de las expectativas de vida.
– En tercer lugar, las desigualdades territoriales, no solo en niveles de renta, empleo, infraestructuras, etc. sino también en dotaciones previas de equipamientos sociales, tasa de envejecimiento, dispersión poblacional, relación ámbito urbano/ rural, presencia población inmigrante, etc.
– Por ultimo, hay que resaltar la persistencia de un elevado fraude fiscal, salvo en las rentas del trabajo, con crecientes practicas de ingenieria financiera, agravado por una extensa presencia de la economía sumergida, que puede situarse en torno al 20% del PIB.
Los insuficientes niveles de empleo inciden por activa y pasiva, tanto en la generación de ingresos para financiar la protección social, como en el volumen de los gastos de protección para las situaciones de desempleo o marginación.
El paro y muy en especial el de larga duración de las personas mayores de 50 años y el trabajo precario que afecta sobre todo a las jóvenes y a las mujeres, tiene efectos negativos en la vida cotidiana de las familias, incidiendo no solo en sus niveles de renta, sino también en necesidades de atención social, de salud, vivienda, dificultad para generar pensiones adecuadas, etc.
En lo que se refiere a la prolongación de las expectativas de vida, esta ha sido espectacular en las dos ultimas décadas, lo que refleja las mejores condiciones de vida de los españoles y también los efectos del Sistema Nacional de Salud universalizado. Por lo tanto este envejecimiento solo puede valorarse en términos positivos de gran logro social. Sin embargo, esta realidad implica importantes demandas y necesidades para los sistemas de pensiones, de sanidad y servicios sociales, que no han sido oportunamente cubiertas.
El proceso de transferencias, en especial en materia de sanidad y servicios sociales, al no haber contemplado adecuadamente los desequilibrios previos y al no haberse hecho compatible con el mantenimiento de suficientes programas estatales compensatorios, no ha contribuido a corregir las diferencias.
Los limitados presupuestos de compensación financiera destinados a las CCAA con menos recursos, no terminan de cumplir su función reequilibradora. En este contexto, las carencias del sistema fiscal, (limitada progresividad, favorable tratamiento de las rentas de capital y de los grandes patrimonios, evasión fiscal, economía sumergida, etc) dificultan atender adecuadamente las demandas de financiación de las políticas de bienestar social.
Son, en definitiva, cuatro cuestiones que en todo caso deben tenerse muy presentes a la hora de abordar los problemas y alternativas de mejora del Estado de Bienestar Social. Se podrían resumir en veinticinco las carencias y problemas básicos que caracterizan el sistema de protección social de España:
1.- Una insuficiente definición a través del debate político y social de las grandes prioridades de las políticas de bienestar social en su conjunto a medio y largo plazo, es decir mas allá de los limites de cada ejercicio presupuestario anual.
Esta falta de identificación de modelo de Estado de bienestar social y de sus perspectivas, provoca notables desequilibrios entre unas y otras áreas de las políticas sociales y la marginación de determinados ámbitos de protección social, manteniendo o agravando las notables carencias que hay en algunos de ellos.
2.- Todavía una parte importante de las pensiones tienen unas cuantías insuficientes, consecuencia no de la normativa, que es de las mas progresistas de la U.E., sino de los muy bajos salarios e irregularidades en la cotización en décadas anteriores.
3- La persistencia e incluso crecimiento de bolsas de pobreza y sectores de marginación y exclusión social y la escasa eficacia y desarrollo de las políticas de prevención e integración social y muy en especial de las rentas mínimas de inserción.
4.- La insuficiente financiación de los procesos de universalización de determinadas prestaciones, como la sanidad, los servicios sociales o el reconocimiento de derechos para la inmigración.
5.- El desequilibrio entre las políticas de protección activa y pasiva, en los ámbitos de empleo, salud, servicios sociales, etc.
6.- La tendencia creciente a fomentar las medidas de desgravación fiscal, en detrimento de los programas y equipamientos públicos.
7.- La escasísima política social en materia de vivienda: limitadísimos programas de vivienda social, inexistencia generalizada de bolsas de viviendas en alquiler para personas en riesgo de exclusión social, limitadísimos recursos para rehabilitación de infraviviendas, etc.
8.- El escasísimo desarrollo de programas integrales y específicos de atención a las familias, en sus distintas formas y muy en especial la falta de una red publica de centros educativos para la población infantil.
9.- La atención a las personas dependientes, derivada del fuerte proceso de envejecimiento, sigue estando básicamente a cargo de las familias, con enormes costes económicos, sociales y emocionales.
10.- A pesar de notables avances en la percepción social de la discapacidad y de positivas reformas legislativas y de planes y programas específicos, las personas con discapacidad siguen sin lograr su integración laboral y en muchos aspectos de la vida cotidiana, en especial en la accesibilidad, siguen siendo ciudadanos de segunda.
11.- El abandono asistencial de las personas con enfermedades mentales.
12.- Las políticas de integración laboral y social de la población inmigrante van muy por detrás del crecimiento de este colectivo.
13.- Las notables insuficiencias en la coordinación y optimización del conjunto de recursos de las diversas administraciones publicas en el Estado autonómico. E igualmente en lo que se refiere a la coordinación horizontal de los diversos sistemas de protección: Sanidad-servicios sociales, servicios sociales-empleo-educación, educación- empleo, etc.
14.- Las limitaciones en la calidad de la oferta privada y el escaso control de la misma, especialmente en lo que se refiere a la acción concertada, por parte de las administraciones autonómicas y sobre todo locales.
En este contexto resulta especialmente preocupante la creciente presencia en el ámbito de la política social de sectores empresariales ajenos a una tradición, cultura y experiencia de carácter social.
15.- El cambio cualitativo que se esta produciendo el en movimiento asociativo de nuestro país, evolucionando desde posiciones de representación y reivindicación, a tareas prioritarias de gestión de programas y centros, acentuando su dependencia de las administraciones publicas a través de las subvenciones y conciertos y convirtiéndose prácticamente en una administración paralela, caracterizada, en su mayor parte, por precariedad en el empleo y deficientes condiciones de trabajo y salario.
En todo caso cualquier reflexión critica sobre esta realidad debe partir del reconocimiento sin paliativos de la función social que están cumpliendo, supliendo las carencias y renuncias de los poderes públicos.
16.- La ambigua actitud de las administraciones publicas ante el voluntariado social, por un lado con un insuficiente apoyo e impulso al desarrollo de su participación en los programas sociales y por otra con una explicito tolerancia a que ocupen ámbitos propios del trabajo asalariado.
17- La insuficiencia de competencias y recursos de las corporaciones locales para el desarrollo de programas sociales, que facilite una atención mas próxima a los ciudadanos, la temprana detección de las demandas sociales y una capacidad de respuesta mas rápida y flexible.
18.- Las fuertes y crecientes tendencias a la externalizacion de la gestión publica de las políticas sociales, prácticamente generalizada en los ámbitos locales, como respuesta a su insuficiente financiación y la necesidad de controlar costes. Todo ello con el deterioro de la calidad de la atención a los usuarios y de las condiciones de empleo, trabajo y salario de los trabajadores.
19.- La insuficiente corresponsabilidad y coparticipación en la gestión de los profesionales de la Política Social.
20.- La limitada utilización de instrumentos de control de calidad y evaluación de la gestión y no de mera inspección de la misma o las carencias aun existentes en algunos ámbitos en el trato al ciudadano. Aunque hay que reconocer lo que se ha avanzado en todos estos aspectos.
21.- La reiterada incapacidad para hacer frente al crecimiento descontrolado del gasto farmacéutico.
22.- El solapamiento de prestaciones y los problemas derivados de una falta de adecuada definición del perfil de los usuarios de las prestaciones, programas y servicios.
23.- La persistencia de inercias de gratuidad indiscriminada de determinadas prestaciones, así como la existencia de criterios excesivamente proteccionistas a la hora de establecer las aportaciones de los usuarios y/o de sus familias en determinados servicios, así como la cierta tolerancia administrativa con practicas irregulares como vía de paliar déficits sociales.
24.- Los criterios tan rígidos de baremación para el acceso a determinadas prestaciones, que de hecho tienen efectos de expulsión del sistema para algunos sectores de las clases medias.
25.- La limitada operatividad y las escasas competencias reales de los órganos de participación institucional en las políticas sociales, con notables excepciones, como pueden ser algunas de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Aunque las dos legislaturas del gobierno del PP y de manera especial, la segunda, han supuesto un evidente giro negativo en el modelo de Estado de bienestar social de nuestro país, hay que admitir que hoy por hoy son escasas las diferencias de las políticas sociales en Comunidades Autónomas o Ayuntamientos gobernados por el PP o el PSOE.
Así, las diferencias entre Comunidades Autónomas o Ayuntamientos con larga hegemonía política del PSOE, como es el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha o la ciudad de Barcelona, no son muy marcadas respecto a Comunidades o Ayuntamientos con dilatada presencia del PP, como es el caso de Castilla León, Galicia y la ciudad de Madrid. Tan solo las Comunidades Autónomas de Euskadi y Navarra (que por otra parte disponen de un sistema de financiación mucho mas generoso) parecen salir de la norma.
Peor aun, la derecha en una transformación formal camaleónica, sin renunciar a sus practicas tradicionales, parece haber adoptado el discurso teórico tradicional de la socialdemocracia en políticas sociales. Mientras, la practica de numerosos responsables socialistas esta siguiendo las pautas que tradicionalmente ha preconizado la derecha. Lamentablemente este desdibujamiento de la tradición socialdemócrata, parece mas acusada en las nuevas generaciones que están accediendo en los últimos tiempos a la gestión política en los distintos ámbitos de las administraciones públicas.
Adjunto a la Secretaría de Política Social de la Confederación Sindical de CC.OO.