El Parlamento Europeo guarda en el cajón la directiva que pretendía que la Comisión Europea pudiera vetar las decisiones de las administraciones locales en temas como el suministro de agua, la electricidad o la gestión de residuos.
Entrada a la sede del Europarlamento en Bruselas ÁLVARO MINGUITO
La propuesta Directiva de Procedimiento de Notificación, conocida como la Directiva Bolkstein al tomar su nombre de Frits Bolkestein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi y gran defensor de su aplicación durante la década de los 2000, le habría otorgado a la Comisión poderes de veto sobre normas y reglamentos propuestas por municipios y comunidades autónomas que pudieran afectar a las regulaciones existentes en el sector servicios.
Según revelaron documentos hechos públicos por la organización Corporate Europe Observatory y de los que se hizo eco El Salto , la Comisión Europea podría usar dicha directiva para evaluar el impacto sobre el libre comercio de servicios en la Unión Europea, de la misma manera que ya lo ha hecho desde 2006 con los Estados, pero aplicado también a administraciones locales y regionales. También podría evaluar, y por lo tanto paralizar o sancionar, a las administraciones públicas que quieran llevar a cabo, sin su consentimiento, las reformas legislativas o de normativas que puedan imponer restricciones en cuanto a la forma jurídica de las empresas, la participación, impongan tarifas mínimas, máximas o fijas de un servicio, prohibición de actividades multidisciplinares, regímenes de autorización o derecho exclusivo concedido a un único operador. Según esos mismos documentos, hasta 79 sectores podrían verse afectados por la directiva Bolkestein de haberse aprobado.
Pero en los últimos meses una fuerte oposición por parte de muchos gobiernos locales en toda Europa, algunos Estados miembros y una coalición de movimientos sociales ha plantado cara contra esta directiva mediante la presentación de mociones en los ayuntamientos, recogida de firmas y apoyos o el envío de cartas a la Comisión Europea.
Finalmente, tras la oposición y unas largas negociaciones entre gobiernos en el Consejo, el Parlamento Europeo ha abandonado el expediente. «El fracaso de la reforma es una buena noticia para la democracia local en Europa», ha declarado Olivier Hoedeman, de CEO. «Cientos de organizaciones de la sociedad civil, partidos municipales y regionales, así como alcaldes, tenían razón al luchar contra este poder sin precedentes de la Comisión», ha enfatizado.
«Esta victoria representa un avance para todos los pueblos de Europa y abre una ventana para seguir luchando por lo publicó por la democracia y por los derechos de la mayoría», ha declarado a El Salto David Acera, coordinador político de Somos Oviedo. Dicha agrupación fue una de las que firmó la carta que se envió a la Comisión Europea y presentó una moción en el Ayuntamiento de la ciudad para rechazar la directiva, aunque fue votada en contra por toda la oposición, incluidos sus socios de gobierno, el Partido Socialista. «El PSOE siempre que puede abraza en lo económico las tesis del liberalismo más extremo -lamenta Acera-, pero nosotros creemos que es imprescindible enfrentarnos a aquellas políticas que buscan acabar con lo publicó y que atentan contra la democracia».
PUEDEN VOLVER A LA CARGA
Aunque desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), una de las organizaciones ciudadanas que han promovido la recogida de firmas contra la directiva en el Estado español, advierten: «Volverá a ser una amenaza si la nueva Comisión, que asumirá el cargo a finales de 2019, decide volver a poner la propuesta sobre la mesa». No creen que este sea el final de la historia y teme que se tomarán nuevas iniciativas desde la UE para imponer disciplinas más estrictas a nivel local para garantizar la disciplina del mercado y llaman a la prudencia con esta victoria: «Debe servir como una llamada de atención para los y las que se preocupan por la democracia local; para unir sus fuerzas e identificar formas de garantizar el derecho a tomar decisiones que defiendan y amplíen el bienestar, para asegurar servicios públicos universales y dar forma a ciudades de acuerdo a los deseos de quienes viven en ellas».
Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, donde se decidirán los nuevos componentes del Parlamento Europeo, el ODG exige que un debate público sobre cómo garantizar que la Comisión Europea reciba instrucciones claras para «detener de una vez por todas su cruzada antidemocrática contra las sociedades europeas».