Bajo el velo del “antiterrorismo”

En un comunicado publicado el jueves 28 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designaría a las facciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, con la designación prevista para entrar en vigor el 5 de junio. El anuncio se produjo apenas un día después de que Flávio Bolsonaro—hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y él mismo aspirante presidencial—visitara al secretario de Estado Marco Rubio, ocasión en la que expresó la ya conocida exigencia de la extrema derecha brasileña de que Estados Unidos reconociera a esas organizaciones criminales como grupos terroristas. Sobre la base de clasificaciones de este tipo, Estados Unidos ha justificado, durante las últimas décadas, reiteradas intervenciones en los asuntos internos de los países latinoamericanos, con la retórica de la “guerra contra las drogas” y el “contraterrorismo” sirviendo no solo a esos fines, sino también como medio para golpear a adversarios políticos de los intereses políticos y económicos del gobierno estadounidense.

Más allá de su efecto político inmediato, una designación de este tipo también crea una arquitectura jurídica e institucional mediante la cual Washington puede ampliar sanciones, vigilancia financiera, operaciones de inteligencia y formas de presión extraterritorial contra actores brasileños, transformando así una cuestión interna de seguridad pública en una palanca de intervención extranjera. No se trata de un movimiento aislado: converge con la presión que Estados Unidos ya venía ejerciendo contra Pix, la infraestructura soberana de pagos instantáneos de Brasil, que fue sometida al escrutinio de la Representación Comercial de Estados Unidos bajo el argumento de que supuestamente perjudicaba a las empresas estadounidenses del sector financiero y de pagos. En ambos casos, lo que está en juego es el intento de Washington de subordinar las capacidades institucionales soberanas de Brasil—ya sea en seguridad pública, finanzas o infraestructura digital—a los intereses del poder estadounidense y de sus monopolios corporativos.

El momento elegido para esta medida dista mucho de ser casual: llega en la antesala de la crucial elección presidencial brasileña, cuya primera vuelta está prevista para el 4 de octubre, y en un momento en que la campaña del aspirante presidencial de extrema derecha Flávio Bolsonaro venía perdiendo fuerza en medio de denuncias que lo vinculan con esquemas de corrupción relacionados con Banco Master y con su exaccionista controlador, Daniel Vorcaro. En las últimas semanas, las encuestas han señalado una caída en la popularidad de Flávio; desde hacía ya tiempo venía quedando por detrás de Lula tanto en las simulaciones de primera como de segunda vuelta. Al mismo tiempo, diversas maniobras dentro de la propia derecha brasileña venían avanzando hacia un intento de unificarse en torno a otro nombre—uno con un perfil más tradicional y moderado—para enfrentar al presidente en ejercicio.

Vale la pena señalar que, el año pasado, fue precisamente en un momento de debilidad de las maniobras políticas de la familia Bolsonaro, en el contexto de la declaración de inelegibilidad del expresidente, cuando Trump tomó la que hasta entonces había sido su medida más agresiva contra Brasil en su nuevo mandato: la imposición del llamado “Tarifazo”, un amplio paquete de aranceles punitivos diseñado para presionar al gobierno de Lula a intervenir en los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro y aliviar las restricciones políticas impuestas sobre él. En aquel momento, esa medida buscaba no solo generar fricciones entre el presidente brasileño y sectores de la burguesía afectados por los aranceles, sino también fortalecer a la familia Bolsonaro en su disputa interna contra aquellos segmentos de la derecha tradicional que intentaban preservar el bolsonarismo prescindiendo de los propios Bolsonaro. Esos sectores intentaban agruparse en torno al actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exministro del gobierno de Bolsonaro, como un candidato presidencial capaz de sustituir al ahora inelegible Jair Bolsonaro sin romper con el proyecto político más amplio que él representaba.

En ese contexto, el hermano de Flávio, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, viajó a Estados Unidos para presionar a Marco Rubio y a la administración Trump a adoptar medidas orientadas a forzar a Lula a revertir las sanciones legales y políticas impuestas a su padre, Jair Bolsonaro. Sin embargo, al atender esa demanda mediante el Tarifazo, Trump hizo algo más que presionar al gobierno brasileño: señaló la bendición del principal padrino de la extrema derecha estadounidense a la candidatura y a la operación política de la propia familia Bolsonaro, fortaleciendo su posición en la batalla interna contra aquellos sectores de la derecha brasileña que buscaban preservar el bolsonarismo prescindiendo de los Bolsonaro.

Sin embargo, el tiro salió por la culata. Lula logró movilizar a su base social para salir a las calles en defensa de la soberanía nacional y contra el paquete arancelario. En su relación con los grupos económicos afectados por los aranceles, el gobierno consiguió encabezar esfuerzos para redirigir exportaciones y adoptó una serie de medidas compensatorias internas que fortalecieron sus vínculos con sectores empresariales. La popularidad del gobierno, que en aquel momento venía registrando caídas sucesivas, comenzó de pronto a mostrar cifras cada vez más positivas. Finalmente, el fermento de las movilizaciones políticas—con la participación de sindicatos, del movimiento estudiantil y de diversos sectores del pueblo—resultó en el fortalecimiento de demandas avanzadas, como el llamado a poner fin a la semana laboral de seis días y a la jornada de 44 horas semanales, una reivindicación histórica de la clase trabajadora brasileña. En consecuencia, el Tarifazo no solo fracasó en su intento de debilitar al gobierno de Lula; también le dio a Lula la fuerza necesaria para revertir una situación desfavorable y montar una importante ofensiva en la lucha por los derechos de los trabajadores. Eduardo Bolsonaro salió del conflicto profundamente debilitado, visto como un traidor a la patria y criticado incluso por sectores políticos vinculados al empresariado de derecha. Aun así, es innegable que la bendición de la administración Trump a los Bolsonaro fue crucial para contener el impulso a lanzar la candidatura de Tarcísio por encima de sus intereses. Poco después, la decisión de Jair Bolsonaro de lanzar a su hijo Flávio como candidato reafirmó ese camino, demostrando el triunfo de sus maniobras dentro del campo de la candidatura de la extrema derecha brasileña.

Tan grande fue la derrota de la estrategia trumpista contra el gobierno de Lula que Trump se vio obligado a retroceder parcialmente del Tarifazo, levantando aranceles sobre exportaciones brasileñas clave y entrando en un modus vivendi con el presidente brasileño. Trump comenzó a elogiar públicamente a Lula, buscó un acercamiento e incluso lo recibió en la Casa Blanca apenas unas semanas atrás. Pero quienes creyeron que ese acercamiento señalaba algún avance real hacia un repliegue definitivo de la alianza entre los extremistas de derecha de Estados Unidos y Brasil estaban equivocados. Como advirtió una vez Ernesto Che Guevara: “No se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así”. A pocos meses del proceso electoral decisivo, esta designación del PCC y del CV como organizaciones terroristas no busca simplemente fortalecer a Flávio en un momento en que su candidatura ha sido sacudida, sino también abrir peligrosos precedentes para la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Brasil.

Fue bajo el pretexto de la guerra contra las drogas que, en 1989, la Operación Just Cause llevó a Estados Unidos a invadir militarmente Panamá y arrestar al presidente Manuel Noriega, quien durante años había sido un estrecho aliado estadounidense en la política regional, solo para volverse desechable una vez que dejó de servir a los intereses de Washington. En 2000, el Plan Colombia avanzó bajo el mismo pretexto de la guerra contra las drogas, funcionando como una cortina de humo para el financiamiento y el apoyo explícito a fuerzas de seguridad y estructuras paramilitares que sembraron el terror contra las FARC, el ELN y los movimientos sociales campesinos en el interior de Colombia. Ese mismo marco proporcionó también la justificación fundamental para que Estados Unidos mantuviera una presencia militar ostensible en América Latina y el Caribe, incluso después del fin de la Guerra Fría y de la virtual desaparición de la “amenaza roja” que, durante años, había servido de fundamento para esa presencia. Más recientemente, la invasión estadounidense de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro se basaron igualmente en la retórica de la guerra contra las drogas y el “narcoterrorismo”, sobre todo mediante acusaciones—infundadas y políticamente motivadas—de que Maduro dirigía o estaba vinculado al Cartel de los Soles, una red criminal clasificada por Washington como organización terrorista. En la misma línea, ya al inicio de su administración, Trump había aplicado esa misma etiqueta a los cárteles mexicanos, y en las últimas semanas ha utilizado tales argumentos para amenazar con una intervención militar en México e incluso con acciones contra autoridades estatales mexicanas acusadas de vínculos narcopolíticos.

En el contexto de la reciente publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y de la Estrategia de Defensa Nacional—documentos en los que Estados Unidos defiende abiertamente trabajar para socavar los vínculos soberanamente establecidos entre los países latinoamericanos y caribeños y las potencias extrahemisféricas—, resulta evidente que la prioridad de la estrategia regional estadounidense pasa ahora por desestabilizar a los gobiernos progresistas y de izquierda. Son precisamente esos gobiernos los que sostienen con mayor constancia la bandera de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, y los que resisten con mayor firmeza los intentos de Washington de bloquear o condicionar su derecho soberano a establecer relaciones con los países y potencias que elijan.

Desde el inicio de la ofensiva generalizada lanzada por la diplomacia estadounidense bajo Trump contra los gobiernos de izquierda de la región, la extrema derecha latinoamericana se ha fortalecido y, mediante distintas coaliciones, ha avanzado en sus objetivos a escala continental. Las derrotas de las fuerzas progresistas en elecciones como las de Ecuador, Chile, Bolivia y Honduras son ejemplos claros de ello. Por otro lado, la derrota electoral de la derecha en Uruguay, la resiliencia de las izquierdas colombiana y brasileña en vísperas de sus próximas elecciones presidenciales, y la supervivencia del gobierno chavista incluso después del intento de imponerle un colapso generalizado mediante el secuestro de Maduro, son demostraciones claras de los límites de la estrategia trumpista. En Bolivia, las masivas protestas de las últimas semanas revelan la acumulación del descontento popular y la búsqueda de una salida basada en la soberanía nacional y la justicia social, con el líder de izquierda y expresidente Evo Morales—impedido de disputar la última elección—desempeñando nuevamente un papel central en la vida política del país.

En consecuencia, es con el objetivo de preparar el terreno para imponer una derrota a Lula y a las fuerzas progresistas en Brasil que esta maniobra, al igual que el fallido Tarifazo anterior, va tomando forma. Fue bajo el liderazgo de Brasil y de Lula que, en 2008, los países sudamericanos lograron, en el marco de UNASUR, crear el Consejo de Defensa Suramericano, una plataforma propia mediante la cual los países de la región podían buscar entendimiento y cooperación en asuntos de defensa. La posterior desarticulación del ciclo progresista condujo también al colapso de UNASUR y de su Consejo de Defensa, dejando a la región huérfana de mecanismos propios para abordar estas cuestiones y abriendo un nuevo vacío para que Estados Unidos impusiera agendas en las que los temas de seguridad y defensa se mezclan con la protección encubierta de sus intereses políticos y económicos. En este sentido, derrotar al gobierno de coalición encabezado por Lula y por las fuerzas de izquierda—un gobierno que, pese a su moderación, sigue siendo un eje fundamental de la autonomía regional y desempeña un papel central en la cooperación Sur-Sur y en la defensa de un mundo multipolar, como lo atestiguan las relaciones de alta sinergia de Brasil con China y su papel central dentro de los BRICS—se vuelve esencial para la estrategia de Washington, especialmente si la alternativa es el retorno de un gobierno subordinado y entreguista como el de Jair Bolsonaro.

Como dejan sobradamente claro los programas de gobierno de aliados cercanos de Trump, como Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador, la estrategia de la extrema derecha brasileña para enfrentar las disputas electorales consiste precisamente en colocar la represión contra el narcotráfico y la clasificación de los grupos criminales como terroristas en el centro de la agenda. Al fin y al cabo, es bien sabido, como muestran las experiencias recientes de Bolivia bajo Rodrigo Paz y de la Argentina de Milei, que el programa de apertura económica, subordinación política y reducción del Estado es incapaz de garantizar bienestar social o un futuro prometedor para la mayoría de sus respectivas poblaciones. Promover la idea de que los problemas de violencia, pobreza y falta de alternativas pueden resolverse únicamente mediante el fortalecimiento de la represión contra los grupos violentos—sin atacar al mismo tiempo las causas sociales que los alimentan—es una cortina de humo que oculta no solo el programa entreguista y elitista de las derechas latinoamericanas, sino también sus históricas conexiones con facciones del narcotráfico.

Además, la hipocresía estadounidense resulta explícita en el caso específico de Brasil, donde Washington busca presentar la contención del PCC y del CV como una supuesta “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Por la propia logística del tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, el flujo que parte de los centros productores de la región andina rumbo a América del Norte no pasa por Brasil ni por las manos de estas facciones. Como bien observó Dario Durigan, ministro de Hacienda del gobierno de Lula, en una entrevista con O Globo, lo que sí sería crucial para combatir a estas facciones sería una mayor cooperación entre Estados Unidos y Brasil para incautar fusiles, armamentos y drogas sintéticas traficados ilegalmente en masa desde Estados Unidos hacia estos grupos criminales brasileños, así como el intercambio de información sobre los activos de estas facciones en Delaware, un estado estadounidense ampliamente considerado un paraíso fiscal, ya que varias recuperaciones judiciales en Brasil no se concluyen precisamente por la imposibilidad de localizar allí el patrimonio oculto de empresas.

Lula respondió con dureza, declarando públicamente que los brasileños no aceptarán “ser tratados como niños (moleques)” y llamando a Flávio Bolsonaro, quien fue a Washington a exigir esta clasificación al gobierno estadounidense, “traidor a la patria”. En la misma línea de la entrevista de su ministro de Hacienda, Lula reiteró que las armas importadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos y que Brasil está dispuesto a trabajar para combatir el crimen organizado, empezando “por su estado de Delaware”, donde estos criminales lavan dinero.

En vísperas de la elección, es el gobierno de Lula el que viene impulsando los avances para aprobar el fin de la semana laboral de seis días y la reducción de la jornada laboral brasileña de 44 a 40 horas semanales, una medida que encuestas recientes muestran que cuenta con el apoyo de más del 70% de la población. Flávio y sus partidarios, por el contrario, no solo cierran filas contra estos avances civilizatorios y populares, sino que una vez más se pliegan ante los dictados e intereses de Washington. Durante el intento de golpe de Estado de enero de 2023, el gobierno de Lula resistió e inició un nuevo ciclo de transformaciones sociales en el país, mediante un frente amplio con sectores democráticos y contra el avance del neofascismo conducido por los bolsonaristas y apoyado por la extrema derecha estadounidense. Cuando se impuso el Tarifazo, Lula fue defendido por el pueblo en las calles y por el patriotismo de quienes se negaron a aceptar el intento de imposición y chantaje del gobierno de Trump, obligándolo a retroceder y elevando de manera consistente la popularidad de Lula. Ahora, una vez más, impulsado por las victorias de la clase trabajadora y por el patriotismo del pueblo brasileño frente a la injerencia extranjera, Lula enfrentará las amenazas estadounidenses y, en las elecciones de octubre, derrotará finalmente al candidato que, siguiendo los pasos de su padre, se jacta de defender el verde y amarillo de Brasil, pero que en verdad solo se arrodilla para saludar la bandera de Estados Unidos.

Tiago Nogara es profesor de la Universidad de Nankai (Tianjin, China) e investigador del Centro de Investigación sobre la Historia del Mundo Moderno y del Centro de Estudios Latinoamericanos.

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