La reestructuración del sistema iniciada en los años setenta ha traído consigo un proceso de globalización de la actividad económica que se ha traducido en una creciente concentración del poder económico y político y de la riqueza a escala mundial. Al igual que en el espacio social, se ha construido un espacio territorial segmentado, con […]
La reestructuración del sistema iniciada en los años setenta ha traído consigo un proceso de globalización de la actividad económica que se ha traducido en una creciente concentración del poder económico y político y de la riqueza a escala mundial. Al igual que en el espacio social, se ha construido un espacio territorial segmentado, con un grupo de territorios privilegiados e hiperactivos por un lado, y una mayoría en situación precaria y/o excluida por otro. En estos procesos juegan un papel trascendental el aumento del protagonismo de las grandes corporaciones transnacionales, lo que ha provocado un incremento en la concentración del capital y, por tanto, del poder. Este hecho tiene como consecuencia que los territorios periféricos en los que se localizan estas grandes corporaciones experimenten una fuerte dependencia de capitales e intereses externos. A pesar de las anteriores evidencias, se asiste a una explosión de «lo local», y surge y se afianza el cada vez más popular Desarrollo Local (DL). Desde aproximadamente la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XX, el DL se convierte en la nueva ortodoxia de la economía regional. Se introducen importantes cambios en la conformación de la teoría y política de desarrollo regional, prestando cada vez más atención y apoyo a pequeñas iniciativas locales de desarrollo. Aparecen así los «distritos industriales», «cluster», «medios innovadores» o «sistemas productivos locales». Las tesis del DL están influenciadas por nuevas teorías sobre el actual modelo de acumulación del capital. El modelo de especialización flexible se ha convertido en un planteamiento paradigmático que, partiendo de una supuesta «segunda ruptura industrial», predice la sustitución de la producción en masa fordista, rígidamente estructurada, por un régimen fundado en la especialización flexible, cuya forma espacial sería el «distrito industrial marshalliano». Se estaría ante una inédita forma de organización de la producción que tiende a sustituir los principios fundamentales de la organización productiva en masa fordista por nuevas «comunidades industriales». Las nuevas condiciones de producción permitirían reconciliar competitividad y cooperación, así como recuperar ciertas formas de producción artesanal bajo la cual mejorarían las condiciones laborales. La localidad y la región se convierten en ámbitos privilegiados para la nueva etapa de acumulación flexible. La reestructuración productiva daría lugar a una reestructuración de ámbito territorial, en la que los «distritos industriales», sistemas productivos locales, etc. se convertirían en los símbolos del «nuevo orden». Algunos autores llegar a decir que, tal como ocurrió en el siglo XIX, la región se convertirá de nuevo en una unidad de producción integrada y las nuevas economías regionales pasarán a convertirse en territorios ampliamente autosuficientes. De estas fuentes, principalmente, se ha nutrido el modelo de DL, definido por Vázquez Barquero como «la dinámica económica de las ciudades y regiones, cuyo crecimiento y cambio estructural se organiza alrededor de la expansión de las actividades industriales utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio». La utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio debe permitir encontrar una vía de desarrollo propio a una comunidad local, siempre que la dinámica de aprendizaje de los actores locales les lleve a identificar líneas de inversión eficientes. Por tanto, el potencial de desarrollo existente en el territorio debe ser «puesto en valor». Es decir, se debe llevar a cabo la total mercantilización del territorio, la puesta en venta de todo aquello que pueda ser susceptible de ser transaccionado, o la especialización productiva territorial en aquello para lo que está más dotado. Cualquier territorio ganará o perderá en función del aprovechami ento que haga de los recursos propios y de la capacidad de respuesta y de adaptación a los desafíos de la competitividad. Junto a la movilización de los recursos disponibles en el área o potencial de desarrollo endógeno, otro elemento esencial del DL es la supuesta capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo por pequeñas empresas locales. La reestructuración provoca, para esta nueva ortodoxia, profundas alteraciones en las formas de organización de las empresas. De estas transformaciones son las pequeñas empresas, aparentemente más flexibles e integradas en el territorio, las que mejor se adaptan a los nuevos retos y están llamadas a tener un papel protagonista en los procesos de desarrollo local. Todas estas hipótesis llevan a promover medidas de apoyo a este tipo de empresas y, en general, a fomentar la «empresariabilidad» o «emprendimientos». Existe la idea implícita de que todos los territorios parten de condiciones iguales o, al menos, que la diferencia entre los distintos territorios no es determinante. Se trata, aparentemente, de una competencia entre productores autónomos e independientes donde no existen relaciones de poder, ni dinámicas de crecimiento acumulativo, ni economías de escala, ni situaciones de partida o nivel de desarrollo diferentes que condicionen el proceso de las distintas áreas. El comportamiento de los individuos es el elemento más relevante a la hora de explicar la evolución social y económica de un territorio. Por lo tanto, la posición de los territorios en la división internacional del trabajo se debe, en última instancia, a las decisiones tomadas por los agentes económicos individualmente considerados. De este modo, para estas tesis, el territorio se toma como un individuo con plena capacidad de decisión y, por lo tanto, se sitúan ante el individualismo metodológico propio de las aprox imaciones neoclásicas. En este caso, la unidad de análisis es el territorio en cuestión, del mismo modo que para la economía convencional lo es la empresa o el consumidor. Por tanto, los factores estratégicos para generar la mejora o «progreso» serán internos a cada territorio por lo que cada espacio será el responsable de su situación económica al disponer de los instrumentos capaces, en caso de su buen uso, de generar el ansiado desarrollo.
«Nuevas» políticas para alcanzar el «paraíso» de siempre
Utilizando un conjunto de categorías como la «flexibilidad», la «producción a pequeña escala» o la «solidaridad y confianza», este nuevo escenario productivo se ha presentado como una «vía alternativa» dada por las nuevas formas de comunidad industrial. Bajo la supuesta armonía de las nuevas comunidades productivas, dicotomías previas como «capital-trabajo» o «centro-periferia» deben desaparecer pues todos los elementos, tengan la ascendencia social o territorial que tengan, encontrarán un ambiente favorable para sus intereses. La flexibilidad abriría las puertas al reinado de las pymes y la difusión espacial de la localización de las actividades. Por tanto, desde esta nueva ortodoxia, se promueve una nueva visión del progreso social y económico. Todo ello lleva a pensar en un «futuro feliz» para las economías periféricas hasta entonces empobrecidas, guiadas por la especialización flexible y los distritos industriales marshallianos. Nos proclaman, de nuevo, que las nuevas tec nologías u unas adecuadas políticas llevarán por el sendero del «progreso» y el «desarrollo» a los actores sociales y territoriales excluidos. De nuevo «todos vamos en el mismo barco» y el conflicto debe ser sustituido por el consenso. Para conseguir el ideal deseado es necesario plantear un conjunto de medidas de política económica. Son los mecanismos de toma de decisiones los que se encuentran condicionados por la evolución histórica, una determinada mentalidad, un desarrollo organizativo determinado, etc. Sobre estos factores se tiene la capacidad de incidir, por lo que la capacidad competitiva de los distintos espacios implicados en la reestructuración depende, en gran medida, de la concurrencia en ellos de formas de organización e instituciones sociales que favorezcan el desarrollo de actividades productivas. Al catálogo de medidas que mejoran estos elementos, convertidas en el nuevo referente de la política de desarrollo, se le denomina políticas de Desarrollo Económico Local. Los principales objetivos de las políticas de desarrollo local pueden resumirse en tres: a) conseguir el mayor aprovechamiento posible de los recursos endógenos de cada espacio; b) lograr la articulación y concertación entre las pequeñas empresas locales, así como el resto de agentes socioeconómicos del territorio; y c) capitalizar en el mayor grado posible el territorio. Para lograr estos objetivos se proponen una serie de actuaciones concretas que los promueven. Entre ellas destacan: la movilización y el apoyo a las empresas locales; el análisis e identificación de recursos potenciales endógenos, segmentos posibles de mercados internacionales, posibilidades de financiación existentes y búsqueda de líneas de financiación apropiadas para pymes y microempresas; las actividades de creación del entorno sociocultural innovador y la cultura empresarial; la valorización social del empresario como generador de riqueza; la creación de instrumentos de tipo tradicional como los polígon os industriales y de nuevos instrumentos como los institutos y parques tecnológicos, y los centros de empresas e innovación; o la creación y mejora de las infraestructuras de transportes y comunicaciones necesarias.Como se observa, se trata de un conjunto de políticas que tienen por fin el mantenimiento de la competitividad privada. De esta forma se sustituyen las políticas fiscales sociales progresivas por políticas de gasto de fuerte contenido productivista y privatista. El objetivo ya no es corregir las desigualdades ni impulsar un desarrollo con cierta autonomía e independencia de iniciativas. Estamos ante un localismo que utiliza los fondos públicos esencialmente para facilitar la localización mercantil con los consiguientes efectos de privatización de las riquezas y socialización de los costes. Se certifica poco a poco la muerte del Estado de Bienestar y se sustituye por otro cuyo agente a servir ya no es el ciudadano sino el llamado «emprendedor». La centralización del capital y la descentralización del estado
Estas políticas conforman una estrategia para la acción desde las comunidades locales por lo que se estiman necesarios los procesos de descentralización política. La descentralización consiste en la traslación de poder desde la administración central a las administraciones territoriales. Mediante esos procesos, los territorios (localidades y regiones) podrían asumir nuevas competencias en todo lo referido a las materias económicas y, de ese modo, podrían utilizar y «poner en valor» sus recursos para alcanzar el desarrollo. Los procesos de descentralización administrativa se convierten poco a poco en una condición necesaria – y para algunos en suficiente – para lograr los objetivos de mejora de la comunidad local. El interés por la descentralización se inscribe en el marco de las consecuencias de las profundas transformaciones que han afectado al desarrollo del capitalismo mundial tras la crisis de los setenta. El avance de los procesos de transnacionalización llevó a considerar al estado nacional como un factor perturbador para los respectivos procesos de acumulación y crecimiento, lo que intensificó el asedio para imponer su reforma. La receta más frecuente sostenida en los medios adscritos a la ideología neoliberal postula la ejecución de una estrategia de «modernización» de los aparatos institucionales nacionales, que incluye como componentes centrales de la agenda respectiva la desburocratización, la privatización y la descentralización. Estos tres tipos de reforma tienen análogos fundamentos y apuntan en lo esencial en la misma dirección: la descentralización del estado va aparejada con la centralización del capital.Estamos ante la combinación de, por un lado, globalización económica y cultural con, por otro lado, la localización política y de las propias políticas de intervención estatal, lo que genera la creciente aparición de espacios intermedios. En la creación de estos espacios ha sido necesaria la intervención del poder político y económico de los estados nacionales. Éstos han reconstruido «nichos espaciales» adaptados a los dictámenes de una economía cada vez más ligada a las grandes concentraciones de capitales transnacionales. De esta forma los estados nacionales han promovido la disminución de los controles sociales y ecológicos para los movimientos y los usos de los capitales. Por lo tanto, la remercantilización del territorio provocada por la globalización está induciendo un importante «efecto fragmentador», efecto que convierte al territorio en simple plataforma que recibe el impacto de una actividad económica. La descentralización del poder de toma de decisiones se ha convertido para ciertos grupos en el objetivo programático inmediato. De esta forma el modelo de DL se ha centrado en la descentralización del poder político para dar lugar a un Estado nacional cada vez con menor capacidad de control social y ecológico, de manera que el modelo concuerda claramente con la ideología neoliberal imperante. El capital privado predominante, las grandes empresas multinacionales, se ve claramente reforzado con este tipo de políticas respecto a los agentes locales.Por otro lado, este tipo de reforma ha dado lugar a que las estructuras de poder de las clases dominantes se multipliquen territorialmente. En multitud de ocasiones, la descentralización permite que los grupos sociales dominantes en el ámbito local utilicen su ahora incrementado poder en función de sus intereses, lo que ha redundado en resultados bastantes alejados de las buscadas «transformaciones socioeconómicas de tendencia igualitaria». Debido a que cada vez más actividades económicas dependen de la elección que realice la administración local, tanto por acción como por omisión, el clientelismo y la protección políticas encuentran un ambiente favorable para la realización de proyectos. La descentralización ha puesto a disposición de las organizaciones locales de los partidos, o de un nuevo caudillismo personalista, una mayor cantidad de recursos que se han utilizado para favorecer su posición como elemento central de la política local, aumentando la corrupción y la arbitr ariedad.
El neoliberalismo territorial y la «culpabilización» de la víctima
Las falacias vuelven a aparecer en este considerado «planteamiento alternativo». Todas las evidencias empíricas remarcan la invalidez de todas las conclusiones que a partir de los modelos de especialización flexible se han obtenido. El total alejamiento de la realidad y, a pesar de ello, su mantenimiento como modelo a seguir, sólo puede tener explicación en su funcionalidad para el mantenimiento del modelo socioeconómico imperante. Estamos, por tanto, ante planteamientos que avalan o legitiman las nuevas estrategias de acumulación del capital en el plano de la teoría y política territorial. La flexibilidad en el modelo productivo es paralela a la necesaria fragmentación social y territorial y buscan el mismo objetivo: recuperar las tasas de beneficios para incrementar la acumulación privada de capital. Romper al máximo el ámbito de «lo colectivo» es necesario para alcanzar estos objetivos. Tanto el neoliberalismo político-ideológico como el DL no son más que instrumentos utilizados para producir esas rupturas y, de esta forma, facilitar las condiciones para incrementar la acumulación de capital. Los conflictos pasan de ser verticales a ser horizontales. Del conflicto entre capital y trabajo, entre ricos y pobres – ya fueran individuos o territorios -, se pasa a conflictos entre iguales para aumentar la fragmentación, tanto social como territorial. Si en lo social, una mayor fragmentación propicia pasar de la lucha de clases o lucha de poder por la competencia entre individuos, en lo territorial se busca la fragmentación a través de un localismo que provoca competencia entre territorios con el mismo nivel de desarrollo. De esta forma los conflictos verticales o Norte-Sur son sustituidos por conflictos horizontales entre territorios del Sur. Al proponer como unidad de análisis el territorio concreto (sistema productivo local, distrito industrial, etc.) se lleva a cabo la fragmentación del espacio nacional o regional, y se produce la «inevitable» competencia entre los distintos territorios. De esta competencia la gran beneficiada es la gran empresa multinacional que localizará sus actividades allí donde mejores condiciones reciba. Esas facilidades para mejorar la competencia del territorio siempre irán en detrimento de derechos sociales y/o normas de conservación medioambiental. De este modo se deshace un poco más el poder social del trabajo y la capacidad institucional de los territorios y las políticas regionales se convierten en financiadoras públicas para la formación de atractores de capital privado. De esta forma surge la economía de la puja territorial o neoliberalismo territorial impuesta por un mercado cada vez más poderoso y una sociedad cada vez más desinstucionalizada y vulnerable frente a los cada vez mayores recortes de los derechos sociales y territoriales. Se puede hablar de «neoliberalismo territorial» para describir la situación según la cual, los pueblos, ciudades o regiones están abocados a la lucha entre ellas para atraer capitales que les permita el deseado desarrollo. La reestructuración y la globalización en curso sirven para fortalecer las principales características del sistema capitalista por lo cual se crearán mayores desigualdades entre las personas y los territorios. Sin embargo, desde el discurso del DL, serán estas regiones «empobrecidas» por las propiedades estructurales de la economía de mercado las responsables de su situación. Estamos ante la culpabilización de la víctima expresada de modo magistral por Eduardo Galeano cuando dice: «Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de injusticia (…) Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece.»
Lo local como «campo para la lucha»
Si el objetivo era alcanzar un «desarrollo» local en sentido limitado, es decir, como sinónimo de crecimiento económico a través de la mejora en la eficiencia productiva, determinadas experiencias pueden calificarse como positivas. Ahora bien si su finalidad era alcanzar un desarrollo local caracterizado por las mejoras en la eficiencia, equidad y equilibrio medioambiental, sus resultados son menos convincentes. Estamos ante la forma de entender el «desarrollo» como sinónimo de crecimiento económico donde el único objetivo es el ajuste estructural para ayudar al mercado a funcionar y generar crecimiento. Se olvida de la equidad, la justicia social y respecto medioambiental para perseguir, en palabras del Subcomandante Marcos, una «modernidad arcaica». En definitiva, se pasa de la política regional distributiva y social, a otra microeconómica, productivista y privatista propia del neoliberalismo. Nos encontramos de esta forma con que el desarrollo local no es más que el neolib eralismo llevado al campo de la economía y política regional. A pesar de todo, la izquierda institucional en multitud de territorios, entre ellos Andalucía, parece empeñarse en apoyar este tipo de estrategias. En el fondo, y en palabras de los autores griegos Hadjimichalis y Papamichos, «intentan adaptar las condiciones de explotación a las nuevas necesidades de flexibilidad sin cambiar aquellas». Siguiendo a estos autores griegos, pensamos que la alternativa desde la izquierda debería ser la búsqueda de nuevas relaciones sociales y nuevas formas de producción y distribución menos injustas socialmente y destructivas desde el punto de vista medioambiental. Se debería estar «menos interesado en el desarrollo local en sí mismo, que en la eliminación de la vías reformistas de reproducción de la estratificación étnica y social». Esto significa transformar, no reformar, desde lo local, objetivo que nunca debería abandonarse a pesar de los mínimos apoyos existentes desde los partidos y pese a las dificultades que entraña la integración de Andalucía en el proyecto neoliberal de la «Europa del capital». Se trata de entender lo local como «un campo para la lucha» en donde sea posible organizarse y oponerse a las presiones derivadas de las estrategias de reestructuración global.
Para leer más. Con la idea de no interferir, y de esta forma facilitar la lectura, no se ha citado correctamente las fuentes. Han sido estas:
Delgado Cabeza, M. (1998) «La globalización, ¿nuevo orden o crisis del viejo?» En «desde el sur». Cuadernos de economía y política.
Piore, M. y Sabel, C. (1990) «La segunda ruptura industrial.» Madrid. Alianza.
Vázquez Barquero, A. (1999) «Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno.» Ed. Pirámide.
De Mattos, C. (1990) «La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?» Revista de Estudios Regionales. Nº 26.
Hadjimichalis y Papamichos (1990) «Desarrollo local en el sur de Europa: hacia una nueva mitología». Revista de estudios regionales. Nº 26.
Galeano, E. (1998) «Patas Arriba. La escuela del mundo al revés». Ed. Siglo XXI.
Alonso, L.E. (1999) «El discurso de la globalización y la nueva desigualdad regional». Revista de Estudios Regionales, Nº 54. Márquez Guerrero, C. (1997) «Autonomía política y defensa del interés regional: la política de desarrollo económico.
Óscar García Jurado. Autonomía Sur, Grupo andaluz de estudios sociales