Braulio Álvarez, dirigente campesino venezolano y miembro del Consejo Legislativo de su región, salía con vida el pasado 23 de junio de un ataque que sufrió al termino de una reunión campesina en Yaracuy. Iba conduciendo por la carretera cuando se le cruzó una camioneta, salió un grupo de hombres encapuchados y le dispararon tres […]
Luis Mora no tuvo tanta suerte como Braulio. Pocos meses después de la aprovación de la Ley de Tierras venezolana, Luis, dirigente campesino de la zona sur del lago Maracaibo, estaba en su casa con sus dos hijos de 8 y 11 años. Era la tarde del 4 de febrero de 2002 y dos hombres llamaron a la puerta; pedían agua para el motor del coche que conducían, pero cuando les abrieron la puerta dispararon hasta nueve balas contra el lider campesino, que murió al acto. El hijo pequeño también murió un año después por culpa del derrame cerebral que sufrió al ver como mataban a su padre. A Carmen Cecilia Laguado, viuda de Luis, le cuesta contar lo que sucedió aquél día. Recuerda sobretodo las amenazas que recibían desde hacía meses, y como un grupo de unos 10 campesinos durmieron cada noche durante un año con ellos para evitar que atentasen contra él. «Era un luchador que valía la pena, por eso lo mataron», asegura Francisca Rojas, quien formaba parte de la misma cooperativa campesina que Luis. Ya habían legalizado la cooperativa, solo esperaban que les otorgasen la carta agraria para empezar a trabajar la tierra. Los dos autores materiales del asesinato estan en la cárcel, pero no quien todos consideran que es el autor intelectual del crimen: Nestor Montiel, el terrateniente del hato por el que Luis y sus compañeros peleaban.
Como el de Luis, decenas de otros casos se repiten por todo el llano de Venezuela. Y es que alrededor de 130 campesinos han sido asesinados en manos de sicarios y terratenientes desde que en 2001 se aprovó la Ley de tierras. Esta ha sido la respuesta de un sector de la oligarquía agraria venezolana a una ley que tiene por objetivo «el desarrollo humano y el crecimiento económico del sector agrario dentro de una distribución justa de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, elminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo». Pero la aplicación de esta ley no ha sido senzilla: el golpe de estado y el paro petrolero entre 2002 y 2003 son algunos de los importantes obstáculos que se ha encontrado la denominada revolución bolivariana. Una revolución que, desde que Chávez ganó las elecciones en 1998, está transformando Venezuela y se ha convertido en un referente para la izquierda en todo el continente latinoamericano y también en muchos otros puntos del planeta. Después de superar con éxito el referéndum del pasado 15 de agosto -el último obstáculo que se ha cruzado en el camino de esta singular revolución-, el presidente venezolano decididió reimpulsar el proceso y entrar en la nueva etapa: la revolución dentro de la revolución. En este nuevo escenario, uno de los objetivos es resolver definitivamente el injusto reparto de la tierra. Es por esta razón que el pasado 10 de enero Chávez firmaba un nuevo decreto y declaraba sin matices la guerra al latifundio: «La guerra contra el latifundio es esencia de revolución bolivariana! Hay que poner orden en la propiedad de la tierra, tierra para los campesinos, tierra para quien la trabaje». Desde entonces, el estado ha recuperado más de 600.000 hectáreas que estaban en manos de terratenientes -la mayor parte de las veces se las habían quedado de manera ilegal- y se las ha dado a 452 cooperativas de campesinos que hasta entonces tenían serias dificultades para dar de comer a sus familias. Además de la justa distribución de la tierra, el gobierno venezolano también tiene el propósito de conseguir la soberanía alimentaria en un país donde hay suficiente tierra para alimentar toda la población pero que hoy en día tiene que importar más de la mitad de lo que come. Y todo esto en un proceso que respeta las reglas de la democracia formal pero que, al mismo tiempo, asegura que quiere transformar de raiz el sistema político, social y económico; y que ya ha dado algunos pasos en esta dirección.
Jueces al lado de los terratenientes
La oposición de la oligarquía venezolana a la ley llega al extremo en que los mismos terratenientes han atacado violentamente los campesinos. Este es el caso de la cooperativa de Santa Elena de Arenales, situada también en el sur del lago Maracaibo. Era el 14 de abril de 2004 cuando los campesinos de la cooperativa se dirigían en grupo a trabajar la tierra. En el camino se presentó Sioly Torres, dueña de la finca que ha perdido la mitad de sus tierras en beneficio de la cooperativa campesina. Iba acompañada por 9 hombres armados. Sioly agarró el arma de uno de sus hombres: «Pásame la escopeta, que voy a matar un coño de estos», y disparó contra los campesinos. Jesús Antonio Guerrero López murió al actó. Como los campesinos habían avisado la policía local de la presencia de los campovolantes armados, pudieron arrestarla al acto. Sioly está cumpliendo prisión, pero la jueza le rebajó la pena al considerar que no había premeditación en el crimen.
Los campesinos denuncian que muchas veces el poder judicial no actua con la suficiente contundencia y determinación a la hora de condenar a los asesinos. Isrrael Sotillo, diputado por el partido chavista MVR en la Asamblea Nacional, lamenta que «a nivel de ley se ha avanzado, la norma está creada, pero el derecho sólo no transforma la sociedad. Y todos sabemos que la mayoría de los jueces no simpatizan para nada con este proceso de cambio, el poder judicial permanece en manos de sectores opuestos a este proceso revolucionario». Sotillo forma parte de la comisión especial parlamentaria creada el pasado mes de junio para, segun cuenta él mismo, «establecer la cuantía real de los asesinatos contra dirigentes campesinos de una oligarquía terrateniente que está aplicando el método del sicariato con la idea de atemorizar, de evitar que surja un movimiento campesino combativo acorde con la revolución bolivariana».
También en el sur del estado Barinas han sufrido casos de sicariato. Este mismo año, el 19 de marzo, Luis Enrique Pérez, campesino de 45 años de la cooperativa Agua Linda, en Santa Barbara de Barinas, aparecía muerto cerca de su casa con 7 cuchilladas. Sus compañeros recuerdan que él salió a las 5 de la madrugada del ranchito a orillas del río donde viven para ir a ordeñar las vacas, pero nunca más volvió. Encontraron el cuerpo unas horas mas tarde. Ninguno de ellos tienen ninguna duda que el terrateniente de las tierras que reivindica la cooperativa, Armando Mogollón, está detrás del crimen, pues algunos de los cooperativistas ya habían sido amenazados de muerte por el mismo terrateniente. Pero no hay nadie preso por el crimen: el mismo día del asesinato, dos campovolantes contratados por el latifundista se marcharon de la zona con helicóptero, y nunca más han sabido nada de ellos.
Organización y defensa campesina
Ante todos estos crímenes, los campesinos no permanecen inactivos. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora es una de las respuestas a las dificultades con las que se encuentra el proceso revolucionario en el llano. Apoyo a las cooperativas que tienen dificultades para conseguir las tierras, acompañamiento a las viudas de los compañeros asesinados y mobilizaciones nacionales para conseguir que el gobierno profundice la revolución bolivariana en el campo y actue contundentemente contra el sicariato. La última mobilización campesina tomó las calles de Caracas el pasado 10 de julio, subrayando como principal reivindicación el fin de los asesinatos contra los campesinos. El frente campesino contó con el apoyo en la marcha del mismo ministro de Agricultura. La solución que proponen? La creación de comités de defensa agrarios con la participación de los mismos campesinos, de las instituciones del gobierno y del ejército.
A pesar que las agresiones no han cesado, Isrrael Sotillo se muestra optimista: «Pienso que hace dos meses atrás no había el empuje suficiente para lanzar una avanzada y una ofensiva contra el sicariato. Pero quizás el atentado contra el lider campesino Braulio Álvarez fue la gota que derramó el vaso, fue como un detonante. Ahora creo que al sicariato le quedan pocos días de vida en Venezuela porque va a ser combatido con la organización de las bases campesinas; la respuesta por parte del pueblo y del estado, por parte de la revolución, va a ser contundente».