El modelo neoliberal, que desde principios de los ochentas se impuso como solución a las cada vez mas recurrentes y largas crisis económicas del mundo capitalista, no resultó. Actualmente EEUU y Japón viven una depresión que se caracteriza por el estancamiento de la producción y el comercio, mientras Alemania, motor de Europa, no puede salir […]
El modelo neoliberal, que desde principios de los ochentas se impuso como solución a las cada vez mas recurrentes y largas crisis económicas del mundo capitalista, no resultó. Actualmente EEUU y Japón viven una depresión que se caracteriza por el estancamiento de la producción y el comercio, mientras Alemania, motor de Europa, no puede salir de la crisis.
Para salir de la depresión y crisis en que están sus negocios y economías, las trasnacionales y gobiernos que constituyen el Grupo de los 8, requieren controlar los mercados y en particular los recursos energéticos.
Para la economía estadounidense cuya fuente principal de energía es el petróleo, le es vital asegurar su suministro. Sobre todo porque su actividad de transporte depende de los hidrocarburos, su consumo energético industrial aumenta, su producción petrolera disminuye; lo cual, aunado a la escasez de sus reservas, confirma su dependencia de las importaciones.
Esas economías que conforman el imperio moderno requieren de una política externa que les garantice el abasto petrolero. Para ello se apoyan en organismos mundiales (FMI, BM) que utilizan como instrumentos de presión económica y financiera hacia los países productores de petróleo, identifican y promueven aliados en los gobiernos y sectores empresariales locales, o arrebatan los hidrocarburos utilizando su aparato bélico.
En México, en el último lustro, se les ha facilitado el dominio sobre nuestro sector energético debido a la supeditación del gabinete foxista a los intereses norteamericanos. En el sector eléctrico y petrolero, sin importarles violar la Constitución Mexicana que otorga a la Nación el dominio directo de los recursos petroleros y la exclusividad para su explotación, el gobierno federal, acelera el proceso neoliberal aplicado desde sexenios anteriores: el propósito es adelgazar el Estado y trasladar la conducción económica del país y los negocios al gran capital trasnacional y a los grupos de poder económico y político nacionales.
I
La política energética se sustenta en justificar la participación de capitales privados para lograr una privatización cuyo usufructo principal es para las trasnacionales.
Como candidato presidencial y después como presidente de la República, el Lic. Vicente Fox Quezada afirmó que no privatizaría PEMEX ni la CFE, que sería la primera en el mundo y que los derechos de los trabajadores no serían afectados. Sin embargo, después de cuatro años de gobierno el proceso privatizador es acelerado y el deterioro del sector de la energía es cada vez más evidente y la violación a los derechos de los trabajadores es prácticamente sistemática.
Desde noviembre del 2001, Ernesto Martens, primer Secretario de Energía, al presentar el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 dejó oficialmente documentado que la participación de capitales privados en el sector energético sería la piedra angular de la política energética. Barnés de Castro, Subsecretario de Hidrocarburos, precisó la estrategia: México tendrá la energía que necesita con la combinación de esfuerzos entre la inversión social y privada en la exploración y producción de gas natural no asociado, toda vez que el país tiene limitadas reservas de electricidad y petróleo y la producción de energía, refinados y petroquímicos resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Sobre todo, si la modernización del sector energético demandará en los próximos seis años inversiones por 120 mil millones de dólares, 20 mil millones por año, el doble de lo que se ha invertido en los últimos seis años.
Para alcanzar estos objetivos es necesaria la reforma energética: una reforma legal para estimular la inyección de capitales privados y darles certidumbre jurídica en la exploración, producción y procesamiento de gas natural, en la refinación de petróleo, petroquímicas ….
Fernando Elizondo, actual Secretario, hoy refuerza: ‘el marco jurídico actual limita las modalidades de colaboración con empresas que pueden proporcionar la tecnología requerida. Esto constituye una restricción innecesaria para extraer los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación’.
Con base en la práctica de estos cuatro años de administración foxista se puede afirmar que la política energética descansa en:
I. Una manipulación de cifras en lo que se refiere a reservas petroleras; demagógicos niveles de crecimiento económico (7 % anual) y por lo tanto desmesurados requerimientos energéticos y financieros (120 mil millones de dólares para 6 años) que incluía la expectativa de atender el deficitario mercado norteamericano. II. La solución para cubrir requerimientos financieros de tal magnitud: la inversión privada, debido a que las empresas estatales y el Gobierno están descapitalizados y -según argumentan-, sin capacidad de financiamiento. III. La complejidad, especialización y magnitud de las obras y servicios que necesita PEMEX y CFE, determinan que en México no existan empresas con capital y experiencia para afrontarlas en cantidad y calidad suficiente, por lo que sólo queda acudir a las petroleras extranjeras. IV. PEMEX y CFE, mediante Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), son quienes continuarán financiando la participación del sector privado. Bajo este mecanismo de deuda pública que pospone el impacto presupuestal y ha servido para disfrazar la deuda pública federal, los anticipos y pagos se entregan puntualmente a las compañías y la deuda seguirá acreditándose a PEMEX o CFE; es decir; las estatales terminan financiando a las privadas.
Así, el gobierno panista cierra la pinza desintegradora de la empresa pública, abierta desde sexenios pasados a través de la sangría fiscal aplicada a PEMEX y los subsidios con cargo a CFE y CLyFC.
II. La política energética y petrolera ha resultado en un fracaso económico y social, en la destrucción de fuerzas productivas y en una Traición a la Patria
La justificación oficial de la política energética y petrolera, ha tenido como común denominador la manipulación de datos e información, la mentira y la irresponsabilidad. Funcionarios, legisladores y políticos de diversa divisa continúan afirmando -por ejemplo- que la única opción para producir energía eléctrica es el gas; Téllez y Calderón Hinojosa insistieron que la inversión necesaria en el sector eléctrico era de 5,000 millones de dólares anuales; ahora los funcionarios de la Secretaría de Energía y PEMEX reiteran enfáticamente que se requieren 20,000 millones de dólares para invertir en la industria petrolera; como autista, el presidente continúa afirmando que no privatiza. Para mayor gravedad, por su ignorancia en el tema, comentaristas e intelectuales se encargan de reproducir estas falacias en los medios masivos de comunicación.
La violación a la Constitución, es otra práctica común realizada con el aval de no pocos legisladores y gobernadores y del sector empresarial esperanzado en usufructuar el negocio. El caso más publicitado es el de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) mañosamente denominados Contratos de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios para ocultar que Pemex Exploración Producción asigna a una empresa trasnacional actividades de explotación de gas y aceite consignadas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como actividad exclusiva de la Nación (1). El último acto anticonstitucional es la concesión de las islas Coronado sin consultar al Senado de la República (2) para la construcción de una planta regasificadora de gas licuado. Lo mismo ha ocurrido en el sector eléctrico donde siguen otorgando permisos ilegales a particulares para que generen electricidad, al grado de que al finalizar el 2004 ha quedado en manos privadas 30 % de la generación de energía eléctrica nacional superando la capacidad de generación requerida por el mercado y ordenando la salida de operación de las plantas de CFE para no afectar el funcionamiento de las plantas privadas.
Pero además, como ya se puede observar, esta política se ha caracterizado por un inaudito entreguismo y una infame destrucción de fuerzas productivas materiales y humanas, de alcance regional y nacional que significan un cuantioso daño patrimonial contra la Nación. La política energética aplicada no corresponde a un asunto de globalización ni modernización de la economía, sino de sojuzgamiento. La reforma energética que exigen los neoliberales y la actual reestructuración en PEMEX y CFE es en realidad el apurado cumplimiento de las exigencias de los ‘socios comerciales extranjeros’ y de los grandes capitalistas locales.
Dado lo anterior nos atrevemos a afirmar que se han constituido los actos que tipifican una Traición a la Patria cometida por el Presidente Vicente Fox Quezada y los funcionarios del sector de la energía.
De manera específica la política petrolera aplicada hasta la actualidad ha conducido a PEMEX a la siguiente situación, la cual no se desarrolla con amplitud por limitaciones de espacio:
1. Explotación intensiva del gas para generar energía eléctrica, sustentada en una demanda exagerada y en reservas hipotéticas de gas no asociado. En realidad es un justificante que favorece la inversión extranjera en la construcción de plantas de ciclo combinado y en la explotación de yacimientos gaseros; además ha distraído el uso del gas que se requiere para una explotación racional en yacimientos de aceite. Dado que las cifras de reservas de gas se sustentaron en yacimientos hipotéticos, ahora estamos obligados a importar gas para las nuevas plantas de generación eléctrica y a invertir en redes de transporte para manejar ese gas. Esta dependencia del gas y su suministro desde el exterior, ha creado riesgos a la empresa y al país que queda sujeto a la volatilidad de su precio en Estados Unidos. 2. Sobreexplotación de yacimientos e inversión orientada a la producción de crudo para exportación, prácticamente a disposición de EEUU. La estrategia continúa siendo la explotación intensiva de los yacimientos sin contar con los estudios y simulaciones suficientes para establecer el plan y programas de explotación que permitan la máxima recuperación de los hidrocarburos con la máxima recuperación económica. El caso más infame de explotación irracional ha sido Cantarell. 3. Abandono a la exploración y distracción de inversiones en proyectos económica, técnica y estratégicamente insostenibles. La riqueza petrolera es sometida a una explotación intensiva con el propósito de la rápida y fácil obtención de divisas. Durante los 90s se sometió a PEMEX a la reducción recurrente de sus presupuestos que condicionaron la actividad petrolera a los gastos de operación y al mantenimiento y a la priorización de proyectos más rentables, que ofrecieran el volumen de hidrocarburos adicional para cubrir los compromisos de exportación. 4. Subutilización y desmantelamiento de Refinerías y Plantas petroquímicas calificadas como inviables con artificios contables como lo son los precios de transferencia sustentados en los precios internacionales provocando que la demanda nacional de petrolíferos y petroquímicos se cubre con importaciones crecientes. 5. Inconstitucional sustitución del proceso de explotación, por compañías extranjeras; desincorporación de funciones estratégicas y rentables. A través del contratismo, han despojado a PEMEX de ‘los mejores negocios’ que absorben el mayor porcentaje de presupuesto, para dejarlo hecho un cascarón: estudios de yacimientos, sismología, perforación, servicio a pozos, ingeniería y construcción de instalaciones y ductos, operación de redes de ductos de distribución, buquetanques, flotillas de pipas de gasolina, transporte aéreo, construcción de plataformas marina, entre otras. Asimismo se ha provocado la desaparición de empresas nacionales de ingeniería y construcción y de fabricación de bienes y equipos; así como talleres y pequeñas proveedoras, que en conjunto conforman grandes cadenas productivas regionales y nacionales. 6. Incremento de riesgos industriales y ambientales. Con la aplicación acelerada del proceso de reestructuración privatizador, se tiro por la borda los avances del costoso Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental. Hoy se maquillan las estadísticas de accidentabilidad al ocultar accidentes en compañías privadas incapaces de cumplir reglamentaciones de seguridad. 7. Destrucción del capital intelectual. En lugar de capitalizar el talento petrolero y ampliar la frontera tecnológica, ampliaron el pasivo laboral al jubilar anticipadamente en forma criminal a miles de profesionistas expertos, provocando irresponsablemente condiciones de riesgo. Asimismo, incapacidad técnico-administrativa, lucha por el poder y tráfico de influencias del actual cuerpo ‘empresarial’, lo cual ha derivado en inexistencia de comunicación y coordinación a nivel de direcciones corporativas y regionales, determinación de metas y decisiones técnicas incorrectas, que afectan los activos fundamentales de PEMEX: su fuerza de trabajo especializada, sus yacimientos, su infraestructura de transformación y transporte y la información. Esto provoca daño patrimonial y organizacional con impacto a corto y largo plazo. 8. Violación sistemáticamente los derechos humano laborales del trabajador sindicalizado, de confianza y de compañías privadas; en contraste con los privilegios e incentivos salariales para una élite administrativa inexperta con la misión de privatizar a través de procesos de contratación de todo tipo de función o actividad productiva. Protección e impunidad a funcionarios sindicales corruptos, violación a derechos constitucionales y laborales del personal profesionista denominado de confianza, condicionamiento de su recontratación en las nuevas estructuras a desistirse de sus derechos, y silencio frente a las condiciones laborales infames para los trabajadores de compañías privadas. Despidos ilegales solapados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 9. Violación a la libertad sindical y represión en contubernio con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social: contubernio con el charrismo gansteril y corrupto de la directiva del STPRM apoyando la impunidad de Romero Deschamps en el Pemexgate; contubernio con la Secretaria del Trabajo para respaldar las elecciones seccionales antidemocráticas avalando las imposiciones de los caciques locales, represión para impedir la sindicalización del personal profesionista (30,000 empleados), contubernio de la administración con compañías para impedir la sindicalización de personal contratado bajo ínfimas condiciones laborales. 10. Exacerbación de los conflictos con las comunidades activado por el personal de compañías que iniciaron el desarrollo de sus actividades acelerando con dádivas procesos de afectaciones y violando reglamentaciones ambientales en un afán de disminuir tiempos para bajar costos; aunado al desprecio y debilitamiento por parte de la nueva administración a la función de atención a la comunidad y desprecio y carencia de tacto político para con las organizaciones sociales y políticas. Esta problemática se ha conjugado con el escandaloso incremento de accidentes por falta de supervisión y mantenimiento a ductos e instalaciones. 11. Inversión en campañas mediáticas para inducir el deterioro de la imagen de la empresa pública, y obtener el respaldo político y social para sus acciones privatizadoras. La estrategia ha sido descapitalizar a la empresa estatal, después culparla de ineficiente por naturaleza y de esta manera, con campañas en los medios y respaldo de políticos, legisladores y dirigentes empresariales, obtener respaldo para permitir y legalizar la inversión privada en sectores exclusivamente reservados al Estado, como ha ocurrido en la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos. 12. PEMEX ha sido descapitalizada a través de la Secretaría de Hacienda retirándole en este sexenio cerca del 75 % del valor de sus ventas y eliminando prácticamente la totalidad del presupuesto que la Federación le otorgaba para inversión, orillándola a recurrir a financiarse y endeudarse para proyectos indispensables para sostener la producción. Esta sangría la conduce a una quiebra técnica. Uno de los esquemas de financiamiento han sido los PIDIREGAS utilizados políticamente desde el sexenio anterior y en el actual para ocultar el endeudamiento.
Los componentes específicos enumerados, describen la situación en que se encuentra Petróleos Mexicanos. En su conjunto reflejan los resultados que está entregando la ‘administración del cambio’ y que nos han acercado a límites inaceptables y riesgosos ya que:
· Conducen a los mexicanos a una crisis energética de múltiples y graves consecuencias al aplicar una estrategia que dilapida los recursos no renovables con tal de obtener divisas fáciles; más aún porque en México la producción de energía primaria la constituyen los hidrocarburos (90 %); porque la administración pública y sus servicios básicos dependen de la aportación fiscal de PEMEX (cerca de 35%); y sobre todo, porque es vital para el desarrollo de numerosas y diversas cadenas productivas que a su vez incorporan amplios sectores de la población económicamente activa. · De ser una nación con capacidad y potencial propios para satisfacer su demanda interna de gas, petrolíferos y petroquímicos; la han convertido en importadora neta de estos productos y han creado una peligrosa dependencia y vulnerabilidad externa en materia de abastecimiento energético e industrial. El costo es gravísimo: han dañado sus yacimientos, deteriorado su equipo e infraestructura de transformación, destruido parte importante de su capital intelectual; y socialmente avivado el desempleo, la pobreza, la violencia social, los riesgos y accidentes industriales, y los impactos ambientales. · En complicidad de las representaciones sindicales oficialistas, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Gobernación; desmantelan las estructuras de justicia social y laboral y agudizan las violaciones a los derechos humano-laborales de los trabajadores e impiden la libertad sindical, facilitando la represión de las voces opuestas a este proceso de destrucción y entreguismo.
Al igual que en muchos países denominados ‘emergentes’, en el nuestro, el neoliberalismo esta demostrando su ineficacia económica y salvajismo social. Sin embargo, sus operadores en México persisten irresponsablemente y llevan a la Nación a límites insostenibles y probablemente irreversibles.
PEMEX y CFE tienen una incuestionable rentabilidad y capacidad financiera que les permitiría atender fácilmente su expansión, tienen más de medio siglo impulsando a las demás industrias, a los comercios, así como suministrando la energía que demanda el país. Sin embargo, por más de dos décadas han sido ordeñadas por políticos, líderes charros y funcionarios que hoy se ostentan como empresarios; y la renta petrolera se ha canalizado al pago de deudas a banqueros y al sostenimiento del Gobierno Federal. En una palabra PEMEX y CFE han sido el tributo pagado para sostener el falso éxito neoliberal, la concentración de riqueza en unos cuantos y a estas alturas, la frágil paz socia de nuestro país.
No se necesitan más razones para explicar porqué trabajadores petroleros de la UNTCIPM, prestigiados profesionistas jubilados de PEMEX e IMP, en conjunción con especialistas e investigadores del sector energético, hemos puesto manos a la obra; unificando esfuerzos para defender nuestros recursos petroleros, procurar su explotación racional y proponer alternativas para su recuperación, conducción correcta y desarrollo integral en beneficio del pueblo mexicano; en una palabra: ¡Defender a nuestra Patria!
¡Por una industria petrolera integrada, bajo administración pública honesta y eficiente!
Notas: 1) Lo que hace PEMEX Exploración Producción es asignar a Repsol (primer contrato licitado) un determinado terreno o ‘área de trabajo’ en la Cuenca de Burgos para que en dicha lugar la trasnacional realice labores de exploración y explotación de yacimientos de gas no asociado, lo cual es una actividad exclusiva de la Nación que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional y reglamentos correspondientes, debe llevarse a cabo por conducto de PEMEX. 2) No se puede concesionar territorio nacional si no responde al interés general, y en este caso concreto de las islas Coronado no significa beneficio para el país, ni generará empleos ni representa consumo interno de materias primas nacionales.