¡Basta ya!

Como investigadores y académicos que estudiamos el comportamiento de los sistemas penales en nuestros países vemos con preocupación el auge de las políticas de mano dura, expresadas en razias policiales que no respetan ningún límite legal ni institucional, y que tienen a los más humildes y racializados como objetivos militares. Marielle Franco denunciaba con mucha fuerza los atropellos y excesos de las UPP en Brasil. Este tipo de violencia institucional letal tiene muchos nombres en nuestros países y parece no ser monopolio de una sola tendencia política-ideológica. En Venezuela hasta hace poco les llamaban OLP; en Argentina pretenden institucionalizar el «gatillo fácil»; las propuestas de la Ley de Seguridad Interior en México y las reformas del Código de Policía en Colombia no presagian un buen futuro en estas materias, por el contrario constituyen referentes negativos para la región. En Nuestra América países como Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y México, destacan por la militarización de sus políticas de seguridad ciudadana, así como por las miles de muertes que sus fuerzas de seguridad han generado durante los últimos años. La denuncia de casos tan graves como los asesinatos de Marielle Franco, Bertha Cáceres, o el de los líderes sociales colombianos que luchan por el derecho a la tierra, son apenas la punta del iceberg.

El alevoso asesinato de Marielle Franco se suma a la larga lista de defensores de derechos humanos en nuestra región, ya sean periodistas, dirigentes indígenas, defensores del ambiente o de la tierra.

Estas muertes violentas de quienes se juegan día a día sus vidas e integridad, no deben quedar en la impunidad y por el contrario deben ser sancionados con el máximo rigor. Sobre el particular se hace necesario  recordar que existe la Declaración de  la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución A/RES/53/44) que promueve la protección y realización  de los derechos humanos para lo cual los Estados Partes deben proporcionar los recursos  oficiales y asumir la responsabilidad de adoptar las medidas legislativas y judiciales pertinentes.

Exigimos una investigación profunda e imparcial sobre este y en todos los casos de las muertes de los defensores de Derechos Humanos ya que en muchos casos está implicado el propio Estado.

Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC)