¿Tienen los países en desarrollo derecho a «espacio político» para determinar sus propias estrategias económicas y sociales? Esta pregunta pone a prueba la voluntad de países industrializados y en desarrollo. Recientemente, una reunión de la Organización de las Naciones Unidas fracasó debido al desacuerdo sobre este tema.
El debate en círculos diplomáticos sobre si los países del Sur tienen derecho a «espacio político» para formular sus propias estrategias de desarrollo está llegando a un punto crítico.
Por un lado están los propios países en desarrollo, bajo el paraguas del Grupo de los 77 (G-77). Estos países argumentan que deben tener derecho a elegir las políticas económicas y sociales adecuadas a sus condiciones y objetivos nacionales.
En las últimas dos décadas, este derecho ha sido vulnerado al menos por tres factores: las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial imponen para otorgar sus créditos, las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los dictados de los mercados financieros mundiales.
Los países ricos han presionado a los países en desarrollo para que aceptaran políticas ortodoxas de libre mercado como la rápida liberalización de importaciones, el flujo irrestricto de capital y la privatización masiva (en general mediante la venta a empresas extranjeras).
Así, las políticas de estos países dejaron de ser elaboradas por sus propios gobernantes o legisladores, y pasaron a ser dictadas por burócratas del FMI o el Banco Mundial, o bien debieron modificarse de acuerdo con las normas de la OMC.
Para la mayoría de los países en desarrollo, esas políticas no funcionaron. Las naciones de Asia oriental experimentaron los efectos de la amarga medicina del FMI durante la crisis financiera de 1997-1999, y prometieron no caer «nunca más» en la necesidad de pedir créditos a esa institución.
Sin embargo, muchos países africanos y latinoamericanos están todavía bajo control del FMI. Y los países en desarrollo están descubriendo que muchas de las normas de la OMC (por ejemplo sobre propiedad intelectual y servicios) limitan su capacidad de promover sus propias industrias.
Esos países han reclamado en foros internacionales que los países industrializados reconocieran su necesidad de «espacio político», es decir, la libertad de elegir entre diferentes opciones políticas, de modo que cada país pueda formular la mezcla de políticas más adecuada para su caso.
Esto implica que las agencias internacionales deben flexibilizar sus condiciones políticas o cambiar sus normas para permitir que países del Sur adopten políticas favorables al desarrollo.
Sin embargo, este movimiento por el espacio político ha sido resistido por los países industrializados, en particular por Estados Unidos, los cuales temen perder control sobre las organizaciones internacionales que usan para perpetuar su dominación económica mundial.
En 2004, los países en desarrollo ganaron la primera batalla cuando lograron que la reunión ministerial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) realizada en San Pablo adoptara una resolución que incluyera un reconocimiento de la importancia del espacio político para los países en desarrollo. Esto fue respaldado por la Cumbre Mundial celebrada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en septiembre de 2005.
Pero Estados Unidos nunca estuvo satisfecho con esto. Recientemente, trató de revertir la decisión sobre espacio político objetando cualquier referencia al término en las conclusiones de una importante reunión de la UNCTAD en Ginebra, destinada a revisar su mandato y su trabajo futuro.
El G-77, representante de 130 países en desarrollo, defiende firmemente la idea de que ese espacio político debe ser un principio central de todas las actividades de la UNCTAD.
Pero Estados Unidos argumenta que siempre ha tenido dudas sobre el concepto de espacio político e insiste en excluir este término del documento que guiará el trabajo futuro de la UNCTAD.
Así, lo que debía ser una sencilla reunión se convirtió en una batalla de voluntades políticas por la futura dirección del papel económico y social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El G-77, para su crédito, se resistió a ceder, porque hacerlo hubiera sido, a su juicio, condenar a la UNCTAD y al sistema de la ONU a la irrelevancia.
Estados Unidos tampoco cedió en su posición. En Nueva York, la delegación estadounidense había declarado que la UNCTAD no debería dedicarse a la investigación política, sino a la ayuda técnica a los países más pobres.
Cerca de la medianoche del 11 de mayo, la reunión de revisión de la UNCTAD se levantó sin ningún borrador de acuerdo sobre el trabajo del organismo en los próximos dos años.
Esto sumergió a la agencia de la ONU en una crisis, dado que debe presentar un plan de trabajo antes de septiembre. Si la parálisis continúa, la UNCTAD puede convertirse en presa fácil de aquellos que desean cerrarla en el marco de la reforma de la ONU.
El G-77 quiere salvar a la UNCTAD, dado que es un organismo creado por los países en desarrollo hace más de 40 años. Pero quieren que sea una agencia útil, no una fiera sin dientes.
Lo que ocurre en la UNCTAD es un ejemplo de lo que ocurre en la ONU en general, donde los países occidentales intentan utilizar la bandera de la «reforma» para debilitar aún más la influencia alguna vez poderosa del foro mundial sobre asuntos económicos y sociales. Queda por ver si los países en desarrollo podrán contraatacar con éxito.