Activistas contrarios a la construcción de la central hidroeléctrica amazónica de Belo Monte creen que la decisión de Brasil de no asistir a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un cambio «radical» de su política externa. La audiencia fue fijada por la CIDH para este miércoles 26 en Washington, […]
Activistas contrarios a la construcción de la central hidroeléctrica amazónica de Belo Monte creen que la decisión de Brasil de no asistir a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un cambio «radical» de su política externa.
La audiencia fue fijada por la CIDH para este miércoles 26 en Washington, con el fin de que el Estado brasileño explique el presunto incumplimiento de medidas solicitadas por la propia Comisión para proteger poblaciones indígenas de la región amazónica del río Xingú, en el norteño estado de Pará.
Pero el viernes 21, el gobierno comunicó a la CIDH que no enviaría un representante a esa audiencia, alegando que las medidas solicitadas se están aplicando de acuerdo al «orden jurídico brasileño y a las condicionantes socio-ambientales impuestas a la construcción de la represa».
La decisión de Brasilia, divulgada este lunes 24 por activistas, «representa un cambio radical en la política externa brasileña», dijo la directora de la organización humanitaria Justicia Global, Andressa Caldas, en una conferencia con corresponsales de la prensa internacional en Río de Janeiro.
Este «cambio abrupto», sin precedentes en la historia democrática brasileña, significa «una ruptura de diálogo en el sistema multilateral», abundó Caldas.
El 1 de abril, la CIDH había recomendado al gobierno «suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto» y «cualquier obra material» para proteger derechos de los indígenas locales.
Además, el gobierno debía ofrecer a los indígenas consultas «previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas», acceso al estudio de impacto social y ambiental del proyecto con traducción a lenguas autóctonas y asegurar la protección de «la vida e integridad personal», incluyendo la prevención de enfermedades que broten por la iniciación de las obras y el flujo migratorio a la zona.
El 29 de julio, la CIDH modificó y amplió las medidas cautelares con base en información remitida por el Estado brasileño y las organizaciones denunciantes.
La central, que debería estar en funciones en 2015, afectaría unos 100 kilómetros de la Volta Grande del Xingú, e inundaría unos 520 kilómetros cuadrados. Según activistas, impactará en forma directa a poblaciones de entre 16.000 y 25.000 personas.
La tecnología elegida, una central de pasada, requiere un embalse menor, pero desviar las aguas por un canal disminuirá el flujo en la Volta Grande y puede generar sequía en una zona habitada por dos comunidades indígenas de unos 200 integrantes y centenares de familias ribereñas.
Pese a las protestas, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente autorizó en junio el inicio de la construcción.
El gobierno adoptó «una postura inédita de amenaza, falta de respeto y deslegitimación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos», dijo Justicia Global en un comunicado firmado con otras organizaciones, como el Movimiento Xingú Vivo para Siempre, que representa a pobladores e indígenas de la cuenca.
Esto se suma, según Caldas, a otras formas de «chantaje», como el retiro de la candidatura de Paulo Vannuchi, exministro de Derechos Humanos, a integrar la CIDH y la amenaza de suspender contribuciones a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la entidad madre del sistema interamericano.
La abogada Roberta Amanajás, de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos, opinó que la «huida» del gobierno brasileño es aun «más grave», por «su papel en el contexto latinoamericano».
«Brasil ha demostrado arrogancia, una postura antidemocrática y de ruptura de diálogo», agregó.
El gobierno no se ha pronunciado públicamente. Pero en la carta dirigida a la CIDH argumenta que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial «siguen de forma imparcial e independiente» el cumplimiento de «las obligaciones de protección de los derechos humanos de los miembros de las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto».
La hidroeléctrica, que requiere inversiones de unos 12.000 millones de dólares y sería una de las mayores centrales del mundo, con capacidad para generar 11.233 megavatios, abastecerá a 26 millones de habitantes, incluyendo zonas urbanas de alto consumo, como la región metropolitana de la sureña São Paulo.
Según el gobierno de Dilma Rousseff, Belo Monte será una fuente de suministro de electricidad clave para abastecer de forma simple y renovable la creciente demanda.
Pero organizaciones ambientalistas y movimientos locales consideran que no se realizaron suficientes estudios de su impacto social y ambiental y que perjudicará la fauna, la flora y actividades de subsistencia, el abastecimiento de agua y la pesca.
Según Antonia Melo, líder del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, esos impactos ya comenzaron a sentirse en la ciudad de Altamira, situada a 900 kilómetros de Belém, la capital estadual, por la migración de quienes buscan obtener alguno de los 20.000 empleos prometidos por la obra.
Melo dijo a los corresponsales que la zona vive «un caos social» porque el Consorcio Norte Energia, responsable de la construcción, no ha cumplido las medidas prometidas para compensar los impactos.
Según la dirigente, en un año la violencia aumentó 28 por ciento, en especial bajo la forma de delitos como el abuso sexual de menores. El flujo migratorio, que elevó en 30 por ciento la población local, determinó que los hospitales estén desbordados y la salud indígena comprometida.
Antes del inicio de las obras, un puesto de salud atendía a 20 personas por fin de semana, y ahora tiene que recibir a 100, ejemplificó. Además, denunció, aumentó la ocupación ilegal de tierras y la extracción de madera en áreas indígenas.
Al reclamo se suman la alcaldía de Altamira, gobernada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, concejales, empresarios y comerciantes locales, que inicialmente creían que la hidroeléctrica traería mejoras.
«Trabajadores de varias partes del país (…) están yendo a la ciudad en busca de empleo. Pero Altamira no posee estructura de salud, educación, transporte, saneamiento y seguridad, y no puede soportar el crecimiento repentino de su población y evitar el caos social que estuvo presente en la historia de las grandes obras de ingeniería implantadas en la Amazonia», sostiene un documento de la alcaldía.
Caldas y Amanajás destacaron que un informe de la Fundación Nacional del Indígena registró un aumento de la incidencia de la malaria en Pará, situada en 9,44 por ciento en el estado y mucho más elevada entre sus etnias indígenas, mientras en el resto de Brasil es de 1,67 por ciento.
Belo Monte forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno, que busca mejorar la infraestructura a través de obras que además generen empleo y desarrollo.
En una conferencia con la prensa extranjera en septiembre, la ministra de Ambiente, Izabella Teixeira, defendió la licencia que autorizó la construcción, suspendida luego de manera provisoria por la justicia.
La autorización se efectuó después de realizados los estudios técnicos necesarios para evaluar los impactos ambientales, dijo Teixeira, y se tomaron todos los recaudos solicitados.