Todo el mundo parece estar de acuerdo en que, debido al envejecimiento, el Estado del bienestar (EB) es insostenible y debe reducirse. Puede pensarse que esta aparente unanimidad se debe a que mantener el EB va a requerir una cantidad desorbitada de recursos adicionales. Pero no es así. Según las proyecciones de la Comisión Europea, […]
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que, debido al envejecimiento, el Estado del bienestar (EB) es insostenible y debe reducirse. Puede pensarse que esta aparente unanimidad se debe a que mantener el EB va a requerir una cantidad desorbitada de recursos adicionales. Pero no es así. Según las proyecciones de la Comisión Europea, entre 2007 y 2050 el envejecimiento tendrá un coste adicional de 9 puntos del PIB. Esto es, de cada 100 euros de renta, habrá que dedicar 9 más que ahora al EB. El gasto en protección social (pensiones, sanidad y dependencia) alcanzará el 23,9% del PIB y, lejos de ser el más alto de la UE, será sólo un punto superior al promedio. Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que incluso si sumáramos esos 9 puntos del PIB a los niveles actuales de gasto e impuestos, España seguiría gastando y recaudando menos que lo que hoy gastan y recaudan varios países de la UE. Además, hay países que gastan ya en protección social sólo algo menos de lo que gastará España en 2050.
Si el EB es sostenible, ¿por qué tantas organizaciones supranacionales (OCDE, FMI, UE) piden a España que lo reduzca? La respuesta es que estas instituciones no son organismos técnicos asépticos. Creen en el libre mercado, el equilibrio presupuestario permanente, que los impuestos son perjudiciales para el crecimiento y que la sostenibilidad vía menos gasto es mejor que vía más ingreso. Y muchas veces revisten de técnica lo que son posiciones ideológicas. Esta visión liberal subyace también a muchas recomendaciones de expertos y políticos. En los políticos se añade una cierta falta de valor y visión, porque es más fácil bajar el gasto que asumir los riesgos y costes de mantener el EB.
La crisis actual se ha utilizado para justificar la reducción del EB; en particular de las pensiones. La relación entre reducir el déficit actual y bajar pensiones que se pagarán dentro de 20 años es dudosa. En todo caso, conviene señalar que buena parte del déficit actual de España se debe a una caída de ingresos sin parangón en la UE. Entre 2007 y 2009, a pesar de que el PIB ha caído menos que en el promedio de la UE, los ingresos públicos en España casi han colapsado, cayendo seis veces más (6,4 puntos del PIB) que en el promedio de la UE. Por eso en 2009 los ingresos públicos eran casi 10 puntos inferiores al promedio de la UE. Si los ingresos en España hubieran caído como en el promedio, el déficit en 2009 hubiera sido el 5,8% del PIB en vez del 11,4%. Casi toda la caída de ingresos se ha debido a que se ha recaudado menos. La pérdida recaudatoria se ha acentuado por las reformas fiscales recientes (dualización, eliminación de patrimonio, rebajas en IRPF y Sociedades) y porque que se ha favorecido la elusión y se ha sido tolerante con el fraude.
Como será más caro, el EB sólo se podrá mantener (incluso a niveles más bajos) subiendo los impuestos. Si no se suben se irá a una sociedad envejecida, empobrecida y con menos protección. Las pensiones podrían bajar hasta un 45% (el Gobierno, aunque luego lo retiró, incluyó en el programa de estabilidad un recorte de pensiones del 25% que probablemente era insuficiente para garantizarlas sin aportar impuestos), las prestaciones de la Sanidad serían menores y la Ley de Dependencia tendría problemas de aplicación. La aportación de recursos privados sería de poca ayuda. Por ejemplo, la mayoría de la población no tiene recursos para acumular pensiones privadas suficientes y los que lo hagan es probable que en el futuro se encuentren con rentabilidades muy bajas (puede que negativas). Los copagos, por su parte, son injustos e ineficientes tanto para obtener ingresos como para moderar la demanda.
Para aumentar los impuestos y que la sociedad lo acepte, son necesarias dos tipos de medidas. Primero hay que reevaluar la justificación de ciertos gastos, reorganizar el sector público y establecer mecanismos de control de la eficacia de los resultados. Segundo, hay que realizar una reforma fiscal centrada en que tributen quienes por defectos de gestión (fraude) o por decisión política (exenciones, bonificaciones y vías de elusión) no contribuyen según su capacidad. Esto implicará reformar los impuestos directos, crear nuevos impuestos (sobre entidades financieras y riqueza) y reformar la inspección.
Habrá quien diga que los impuestos ralentizan el crecimiento y que no se puede hacer pagar a los ricos porque habrá deslocalizaciones. Estos argumentos son tan interesados como, en gran medida, falsos. El argumento del crecimiento ignora los efectos expansivos del gasto público y sobreestima la reacción de los agentes económicos a los impuestos. El de la deslocalización no toma en cuenta que los impuestos son sólo un factor en la decisión de ubicación de personas y empresas, y que deslocalizarse tiene costes altos. El capital financiero se puede controlar por métodos indirectos y, en todo caso, renunciar a gravarlo no es la mejor opción económica ni ética.
En suma, el EB es sostenible si la sociedad está dispuesta a pagar en impuestos su coste adicional, que no es muy alto. El aumento de impuestos será asumible socialmente si se racionalizan las prestaciones y la gestión del gasto y se establece un sistema fiscal justo que trate igual a todos los niveles (ricos y pobres) y tipos (capital y trabajo) de rentas y que luche de forma efectiva contra el fraude.
Ignacio Zubiri es Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2182/una-lectura-politica-de-la-sentencia-del-estatut/
rCR