Mientras el Tribunal Superior de Justicia de la UE revisa el polémico acuerdo comercial entre los 28 y Canadá, el Gobierno de Mariano Rajoy, Bruselas y todo un conglomerado de organizaciones e instituciones, algunas de ellas financiadas con dinero público -del ICEX a la Cámara de Comercio- se lanzan a vender las bondades del tratado con una nueva campaña comunicativa en la que no caben las desventajas del CETA; las zonas de sombra son, en todo caso, errores de comprensión.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, en una imagen de archivo. REUTERS
Oropeles, lazos de terciopelo y un toque de brillantina; el CETA tiene que estar deslumbrante. Es la tierra prometida para las pequeñas y medianas empresas -aunque éstas no tengan el menor protagonismo en el acuerdo-, es el Disneyland París de las pymes, la puerta a un paraíso sin paro, precariedad ni problemas de ningún tipo. Bienvenido a CETA-Land, empresario.
Para Bruselas, el Gobierno de Mariano Rajoy y varias organizaciones e instituciones partidarias de este acuerdo -algunas, receptoras de dinero público, como el ICEX o la Cámara de Comercio de España-, toca defender a capa y espada el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, que se aplica provisionalmente desde finales de septiembre. Lo están promocionando -y lo promocionarán- con dinero público, obviando las sombras que rodean al acuerdo, el informe del Parlamento Europeo que advierte de que destruirá más de 200.000 empleos, el apoyo incondicional de las grandes corporaciones.
Este viernes la Casa de América de Madrid se convirtió en el laboratorio de la nueva campaña comunicativa de Bruselas, #Hablemosdecomercio; sólo en las primeras dos horas tomaron la palabra una quincena de personas, todas en favor del acuerdo. Ceta: un impulso al comercio entre España y Canadá era la puesta de largo de una estrategia a medio y largo plazo para, en palabras del propio director internacional de la Cámara de Comercio, Alfredo Bonet, recurrir a unos empresarios para convencer a otros de las bondades del polémico tratado «Los empresarios creen más a los empresarios que a las instituciones».
Con el Tribunal Superior de Justicia de la UE revisando el CETA y los crecientes recelos ante este tratado o su homólogo estadounidense TTIP -en vía muerta-, aunque hayan sido las grandes empresas quienes más se han reunido con el Ejecutivo comunitario para hablar de estos tratados, Bruselas se empeña en afirmar que el TTIP canadiense es la esperanza blanca de las pymes. Donde antes había silencio ahora hay una estrategia de márketing y relaciones públicas y de hecho la Comisión tiene empresas en nómina dedicadas a este fin.
En este escenario, el viernes repartió entre cerca de los dos centenares de asistentes a esta puesta de largo coloridos dosieres cargados de imágenes y desmentidos: sobre la protección de un total de 143 denominaciones de origen europeas -en España sólo entran el 10%, menos de 30-, sobre los compromisos de cara a los convenios de la OIT con el CETA -aunque el incumplimiento de compromisos en materia laboral no pueda sancionarse-, o sobre los 10 «mitos» sobre acuerdos comerciales, con eslóganes del tipo «hay transparencia máxima en las conversaciones» [Aquí, 10 ejemplos de esa «transparencia máxima»].
Que durante las negociaciones los propios eurodiputados sólo pudieran acceder a los textos durante dos horas por consulta, en habitaciones cerradas, desprendiéndose de teléfonos y relojes, bajo vigilancia, y firmando un compromiso para no desvelar nada de lo leído es, por tanto, «transparencia máxima». El protocolo es negar los riesgos, forzar la sonrisa, aunque no siempre haya argumentos para mantenerla.
Porque, como venía a decir José Vicente González, los riesgos del acuerdo no son tales y sólo obedecen a una mala comprensión del texto. González esvicepresidente de la CEOE, la misma organización que lanzó un estudio -cuya autoría quiso atribuir a una universidad- pagado por su propio think tank para vender el TTIP. Es la misma línea que adoptó la patronal europea, Business Europe, cuando vio peligrar el acuerdo comercial con EE.UU. y es la que han repetido este tipo de organizaciones hasta la fecha.
La cara b de «CETA-Land»
La banda sonora de CETA-Land continúa con la repetición de cifras -«El 91% de las empresas españolas que exportan a Canadá son pymes»; «las exportaciones a Canadá alcanzaron los 1.139 millones de euros en los primeros ocho meses de 2017»-con el acento en sus ventajas para las pequeñas y medianas empresas, en genérico -«Ahorrarán tiempo y dinero», según Christian Burgsmüller, miembro del Gabinete de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström-.
Después llega el turno al reconocimiento -nuevamente genérico- de las bondades del comercio, especialmente si se produce bajo el paraguas del CETA, «el acuerdo más ambicioso negociado hasta la fecha». «Abrir nuestras sociedades y nuestras economías nos hace más prósperos, más innovadores, más igualitarios y más democráticos», afirmaba el viernes el embajador de Canadá en España, Matthew Levin.
De hecho, y aunque según la nota de prensa elaborada para la ocasión la jornada «tenía como objetivo representar la visión de todos los implicados en el tratado», no se escucharon voces discordantes. En la tierra prometida del CETA no hay espacio para la crítica.
«Denunciamos que, por enésima vez, el Gobierno de España organiza con el sector privado un acto público -y con dinero público- sobre CETA y la política comercial, en el que la sociedad civil está absolutamente excluida y no tiene voz alguna». Son palabras de Tom Kucharz, portavoz de la Campaña estatal no al TTIP, CETA y TiSA, un conglomerado de casi 400 organizaciones sociales que lleva años alertando de los peligros del acuerdo.
«La oficina en Madrid de la Comisión Europea, una institución que está obligada a dar voz a todas las partes, sólo organiza actos públicos para dar voz al sector corporativo. Nunca da voz a las organizaciones que trabajan críticamente sobre las políticas europeas. Una vergüenza», resumía. En vano, porque nada puede arruinar el ambiente festivo de CETA-Land. La música sigue, show must go on.
En este paisaje quedan lejos la opacidad absoluta de las negociaciones, las advertencias de organizaciones laborales, medioambientales o sociales, la ausencia de mecanismos vinculantes que permitan sancionar a las corporaciones que incumplan sus compromisos en estas materias. No existe -nunca existió- el informe encargado por el Gobierno francés de Emmanuel Macron que afirma que en las 1.600 páginas del tratado «no se garantiza efectivamente el principio de precaución», que «no contiene ningún compromiso vinculante en materia medioambiental», o que «Canadá todavía permite 46 sustancias activas que fueron prohibidas hace mucho tiempo en otros países».
Los tribunales arbitrales a la carta para las grandes empresas -sobre los que miente Bruselas cuando afirma que decidirán «jueces»- no tienen importancia. Tampoco la tiene que España sea ya el tercer país del mundo en el ránking de los más demandados ante este tipo de tribunales. No importa que no haya estudios sobre el impacto del CETA en España, que ni Congreso ni Senado hayan abierto una sola comisión o subcomisión para intentar predecir algunos de sus efectos. «Las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones en aranceles» es siempre una buena respuesta a cualquier pregunta, venga de donde venga este dato -algo que tampoco aclara el colorido dosier-.
En definitiva, en privado, los representantes del Ejecutivo comunitario se muestran menos triunfalistas, pero en público ya han dejado claro cuál será su estrategia, aunque esta ya no sea noticia: quienes se opongan al CETA serán llamados «proteccionistas», «detractores del comercio», «populistas». Y el populismo no tiene cabida en CETA-Land. Los compromisos para las empresas, tampoco.